Al igual que como lo hizo en otras áreas ajenas a su administración –como por ejemplo la anticipada salida de Marcelo Montiel de la alcaldía de Coatzacoalcos, o la reubicación de Ranulfo Márquez Hernández, que de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente pasó a sustituir a Jorge Carvallo Delfín en la presidencia del CDE del PRI, cuando el actual coordinador del grupo legislativo del partido tricolor aún no entraba en funciones como diputado local–, también, en su gabinete, Fidel Herrera Beltrán quiso forzar algunos nombramientos antes de entregarle formalmente la gubernatura a su sucesor Javier Duarte de Ochoa.
En uno de esos fallidos madruguetes fraguados antes de su partida, Herrera Beltrán quiso colocar a su secretario general de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La reacción del búnker duartista fue inmediata. No sólo filtraron que el ex alcalde de Xalapa estaba impedido constitucionalmente para ser nombrado Procurador al inicio de esta administración sino que inclusive no figuraba en la terna de candidatos del gobernador electo. En ese entonces comenzaron a manejarse los nombres de tres personajes destacados de la abogacía nacional: los ex procuradores de la República, Ignacio Morales Lechuga y el general Rafael Macedo de la Concha, y la señora María de los Ángeles Fromow Rangel, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR.
Todavía, horas antes de que Duarte diera a conocer los primeros nombramientos de su gabinete en una conferencia de prensa efectuada la noche del martes 30 de noviembre, corrió el rumor de que a la PGJE podría regresar el primer ex procurador de la Fidelidad, Emeterio López Márquez, pues el día anterior había solicitado al Colegio de Notarios una licencia temporal para separarse del despacho de su Notaría Pública.
López Márquez sí fue incorporado pero como director de Gobernación.
Sin embargo, contra viento y marea, en medio de las críticas de diversos líderes de opinión –las cuales el ex secretario de Gobierno ha intentado revertir a través de planazos que ha insertado en algunas publicaciones firmadas por asociaciones y barras de abogados ligadas a él que elogian la “atinada” decisión de Duarte por su nombramiento–, de última hora Escobar Pérez logró colarse al gabinete duartista pero por una disimulada puerta lateral: como subprocurador “encargado del despacho” de la PGJE.
Ahora todo parece indicar que Escobar estaría a punto de ser rescatado de esta especie de limbo constitucional. Y es que la noche de este martes 7, el pleno de la LXII Legislatura local dio entrada a tres iniciativas de reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Constitución Política del Estado de Veracruz que le fueron turnadas por el gobernador Duarte de Ochoa, entre ellas una modificación a los requisitos para el nombramiento del procurador general de Justicia.
Ayer, sin embargo, el diputado priísta por Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, se atrevió a declarar que esta reforma a la Constitución Política local no será a la medida de Reynaldo sino que sólo se pretende separar los requisitos para ser procurador de Justicia, que actualmente son los mismos para ser magistrado del Poder Judicial, por lo que los argumentos de naturaleza jurídica y de administración pública son válidos.
De acuerdo a esta iniciativa de reforma, la edad para ser Procurador se reduce de 35 a 30 años, y exige poseer al día del nombramiento título de Licenciado en Derecho sin que sea obligatorio haberlo obtenido un lustro antes como actualmente lo establece nuestra Constitución.
Por otra parte, Duarte propone al Congreso eliminar el requisito de la residencia en la entidad de dos años si es veracruzano, y de cinco años si es de otra parte del país; pero sobre todo plantea desechar el requisito de no haber ocupado durante el año previo a su nombramiento el cargo de secretario de despacho, procurador de justicia, senador, diputado local o federal o presidente municipal, que es el que en la actualidad impide a Reynaldo Escobar asumir la titularidad de la PGJE.
El proyecto de reforma constitucional de Duarte sólo mantiene como obligatorio no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso.
Según Américo Zúñiga, se trata de abrir el esquema y el panorama para que una persona con la suficiente preparación y la trayectoria necesaria pueda acceder a la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y pretendió justificar que por la evolución política y gubernamental “es necesario hacer una separación y poner requisitos específicos para llegar a ser procurador de Veracruz”.
Algunos analistas políticos muy acuciosos han desaprobado esta iniciativa de reforma constitucional pues aducen que actualmente se exige para ese cargo una edad mínima de 35 años de edad, ser titulado en Derecho con una antigüedad mínima de cinco años, y contar, preferentemente, con estudios de posgrado, o con experiencia profesional en la judicatura o ejercicio de la profesión no menor de ese lapso, y que ahora, en cambio, de ser aprobada esta modificación a la Constitución, un sujeto de apenas 30 años de edad, con el simple hecho de ser licenciado en Derecho –sin importar si tiene o no estudios más avanzados en la materia– y contar con la voluntad del gobernador, podrá estar en posibilidades de ser el “responsable de procurar y vigilar el cumplimiento de las leyes, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución Federal que rigen su actuación, y ejercer las acciones correspondientes en contra de los infractores de la ley”, como lo dispone la propia Constitución veracruzana.
Pero en realidad, lo grave de esta situación, es que en estos momentos la Procuraduría de Justicia del Estado está legalmente acéfala. El columnista Filiberto Vargas, por ejemplo, hacía ver la terrible ignorancia jurídica de los asesores del Ejecutivo estatal, quien en base al Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia –la cual establece que los subprocuradores suplirán al Procurador durante las ausencias temporales de éste, en el orden que determine el reglamento y ejercerán sus funciones en los términos que éste señale– designó a Escobar Pérez subprocurador y lo nombró oficialmente como “encargado del despacho”. Sin embargo, el periodista apunta que los asesores del gobernador no leyeron bien la Ley Orgánica de la PGJE, que en su Artículo 24 establece las “facultades indelegables del Procurador”. Y cita que “nadie, salvo el Procurador (‘no los encargados de despacho’) podrá resolver sobre el desistimiento de la acción penal; sobre el desistimiento del recurso de apelación ante las Salas del Tribunal Superior de Justicia; la autorización para pedir la revocación de la orden de aprehensión; revisar las conclusiones conforme lo dispuesto por la legislación penal aplicable, y nombrar, otorgar licencia o cesar en sus funciones, libremente, al personal de confianza de la Institución”.
Y advierte que si Duarte busca aprovechar las reformas a la Constitución de Veracruz que él mismo está proponiendo, la Procuraduría de Justicia permanecerá acéfala por lo menos un año más, ya que apunta precisamente que “para evitar reformas caprichosas de los gobernantes, la misma Constitución establece en su Artículo 84 –reformado apenas el pasado 7 de octubre– que para que una reforma a la Constitución tenga efecto deberá ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, en dos períodos de sesiones ordinarios sucesivos, excepto cuando las reformas tengan como propósito efectuar adecuaciones derivadas de un mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que no es el caso)”.
Pero además puntualiza que luego de que haya sido sometida a discusión y votación en dos ocasiones, en dos periodos ordinarios sucesivos y que la hayan aprobado al menos las dos terceras partes de los legisladores, la reforma requerirá de la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos. Y “mientras todo eso sucede, los veracruzanos no tendremos a un responsable de procurar y vigilar el cumplimiento de las leyes”, concluye el columnista.
En otros sexenios, problemas de interpretación jurídica como éste no llegaban a tales extremos porque el gobernante se rodeaba de políticos y juristas experimentados que regularmente eran colocados en la Secretaría y Subsecretaría de Gobierno. Pero ahora el error de Duarte fue haber designado en esas dependencias al ex panista Gerardo Buganza Salmerón, que tiene título de ingeniero industrial, y a Erick Lagos Hernández, cuyo paso por Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana no fue el del alumno académicamente mejor preparado.