Con el ascenso del magistrado Alberto Sosa Hernández como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) –elección que el jurista nativo de Lerdo de Tejada ganó con siete de los ocho votos de sus pares–, está por ser nombrado como Director de Administración del Poder Judicial de Veracruz el abogado tuxpeño Alejandro Dávila Vera, cuyo último cargo público desempeñado fue precisamente el de Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), durante el sexenio del gobernador Miguel Alemán Velazco, en el cual fue implicado en situaciones tan delicadas como la presunta compra de facturas apócrifas en la Plaza de Santo Domingo y hasta en la supuesta falsificación de la firma del procurador Pericles Namorado Urrutia en algunos nombramientos de agentes del Ministerio Público o comandantes de la Policía Ministerial que presumiblemente se “reportaban” con él..
Por eso, ahora, más que por su cuestionada trayectoria pública Dávila estaría por integrarse como administrador del TSJE por su estrecha amistad con el magistrado Sosa.
Un caso nimio que por ejemplo Dávila nunca supo explicar, fue el del arrendamiento de un inmueble de su propiedad ubicado en la calle de Rébsamen No. 107 de la ciudad de Xalapa, donde se instaló la Agencia Especializada en Delitos Electorales, a cargo del licenciado Rodolfo Rejón.
El 4 de septiembre del año 2000, mediante el oficio No. SRF/476/00, enviado por José Luis Adame Von Knoop, coordinador administrativo encargado de la Subdirección de Recursos Financieros de la PGJE, le solicitó al arquitecto Ricardo Raúl Flores Hernández, director de Catastro de la Sefiplan, que le proporcionara el dictamen de renta de dicho inmueble que presuntamente era propiedad del C. Pedro Luis Reyes Marín.
Y es que en su Declaración Patrimonial (Conclusión/inicial) que presentó el día 1° de junio del 2000, fecha en que tomó posesión como Oficial Mayor de la PGJE, Dávila Vera había declarado ante la Contraloría General del Estado ser propietario de varios inmuebles en Xalapa y el puerto de Tuxpan, entre ellos la casa-habitación ubicada en la calle de Rébsamen No. 107, de la capital veracruzana, con un valor de adquisición de 167 mil pesos.
Según el Tomo IV del volumen VI, Instrumento público 10,076 protocolizado por el licenciado Antonio Limón Alonso, Notario Público No. 12 de Xalapa, comparecieron el día 01 de septiembre de 1981 la señora Rosalba García Aguirre (ex esposa de Dávila) en su carácter de representante legal de su menor hijo Carlos Francisco Apeas García, y por la otra la señora Suria Álvarez Beaumont. Los comparecientes formalizaron el siguiente contrato de compraventa: La señora Rosalba García declaró que mediante escritura pública No. 8,461 del volumen centésimo, trigésimo sexto de fecha 17 de octubre de 1977, pasando ante la fe del Lic. Joaquín Carrillo Patraca, Notario Adscrito a la Notaría No. 4 de este Distrito Judicial, donó al menor Carlos Francisco Apeas García la casa y sitio marcada con el No. 107 de la calle de Rébsamen de esta ciudad capital, y que el inmueble donado lo adquirió a título de compraventa de la señora Libertad Aguirre Tejeda de García y del señor Feliciano Carpinteiro Tejeda (sus familiares), según escritura No. 17,833 del día 16 de octubre de 1972.
En las cláusulas se especificaba que la señora García Aguirre, como legítima representante de su hijo menor de edad, mediante la autorización Judicial mencionada, vendía a Suria Álvarez Beaumont la casa No. 107 de la calle Rébsamen de esta ciudad, y que el precio de la operación era por 180 mil pesos, cantidad que la señora García ya había recibido con anterioridad de la compradora.
Pero en el Tomo II del Volumen Quincuagésimo Séptimo, instrumento público 10,142, del día 22 de octubre de 1982, ante el notario Antonio Limón Alonso comparecieron Suria Álvarez Beaumont y los esposos Alejandro Dávila y Rosalba García Aguirre de Dávila para formalizar un nuevo contrato de compraventa. Ahora, después de casi un año, Álvarez Beaumont vendía en 200 mil pesos a los esposos Dávila-García Aguirre la misma casa de Rébsamen No. 107 de esta ciudad capital.
Sin embargo, posteriormente, según la escritura 6,975 del 12 de septiembre del año dos mil, el Notario Público número 14 de Xalapa, Isidro Cornelio Pérez, da fe de otro contrato de compraventa del mismo bien inmueble en el que ya aparece como supuesto comprador Pedro Luis Reyes Marín. En esta transacción la señora García de Dávila es representada por su apoderado legal Carlos Francisco Dávila García. El precio pactado fue de 300 mil pesos, que según el fedatario público ya había sido pagado a entera satisfacción con anterioridad a este acto. Reyes Marín, el comprador, declaró que lo destinaría para uso habitacional, pero mintió. Y no fue la única falsedad que declaró, sino que también se atrevió a decir que era soltero y empleado del Tribunal Superior de Justicia del estado, cuando en realidad era casado y se desempeñaba como magistrado del TSJE, donde ahora Dávila Vera se perfila como administrador de ese Poder.
De acuerdo a las escrituras, Dávila “vendió” a su compadre Reyes Marín el día 12 de septiembre del año 2000, luego de que coincidentemente, ocho días antes, el 4 de septiembre de ese mismo año, mediante el oficio SRF/476/00, el licenciado Adame Von Knoop, encargado de la Subdirección de Recursos Financieros de la PGJE, le solicitara al arquitecto Raúl Flores Hernández, director de Catastro de la Sefiplan, el envío del dictamen de renta del inmueble ubicado en la calle de Rébsamen No. 107, en el cual el Oficial Mayor pretendía instalar oficinas de la Procuraduría General de Justicia.
Pero no fue la única situación irregular en la que fue implicado Dávila como administrador de la PGJE. Versiones periodísticas nunca comprobadas lo señalaron también de vender plazas de agentes del Ministerio Público y de comandantes judiciales, así como de inflar los presupuestos para las remodelaciones de las Agencias del MP. Igualmente le atribuyeron la venta de municiones existente en el depósito al 31 de diciembre del año 2000, obligando presuntamente a los comandantes a que firmaran de recibido.
También dispuso de las Becas FOSEG, por concepto de abatimiento al rezago. Tanto a los Agentes del MP y Secretarios actuantes, al igual que a personal operativo, los benefició con el Programa de Evaluación, Capacitación y Certificación de los Servidores Públicos de dicha institución, con cheques expedidos por el Banco de Crédito Rural del Golfo. S. N.; pero por otro lado aseguran que igualmente benefició a elementos operativos que no asistían a ningún curso, como por ejemplo Leandro Hernández Lugo, Humberto Briseño Castañeda, María Escandón Contreras, Manuel Paz y Puente, Ernesto Martínez Díaz, Eduardo García San Martín (cuñado de Dávila y actual Agente del Ministerio Público) y, entre otros, José Alfredo Dávila Contreras (segundo comandante adscrito en Tuxpan).
En la nómina de la Policía Ministerial también aparecía en aquel entonces como segundo comandante “aviador” el Lic. David Beristain Hernández, cuyo RFC es BEHD7106225L4, su número de personal era 203384 y su número de plaza la 96197, adscrita a la Coordinación de la Policía Judicial en la ciudad de Córdoba. Este personaje fue secretario particular de Miguel Ángel Yunes Linares cuando el ex candidato del PAN a gobernador estuvo a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Publica y en el ISSSTE. Así mismo, el 1° de marzo de 2002 causó alta la C. María Soledad Peral Rodríguez como Agente de la Policía Judicial; dicha persona es otra colaboradora de todas las confianzas de Yunes Linares.
Durante su administración como Oficial Mayor de la PGJE, a Dávila también se le desapareció armamento, como por ejemplo una pistola con número de matrícula TBB8860, modelo 469, calibre 9 mm. y marca Smith & Wesson; otra con matrícula TBB9140 MOD. 467, calibre 9mm. y marca Smith & Wesson,; otra con matrícula PFO1076, modelo 2000, calibre 9mm. y marca Colt.; y otra más con matrícula E387052, modelo 92FS, calibre 9mm. y marca Pietro Beretta, por sólo citar algunos casos.
Como Oficial Mayor de la PGJE, Dávila se hizo de múltiples propiedades en sociedad con su compadre Antonio Ávila García, en aquel entonces Tesorero del Ayuntamiento de Tuxpan. Ambos adquirieron en copropiedad, el 2 de mayo del 2000, seis hectáreas en el ejido Ojite, Rancho Nuevo, municipio de Tuxpan, propiedad de Catalina Herrera de Reyes, según la constancia del presidente del Comisariado Ejidal, Samuel Amador del Ángel. En dicha propiedad Dávila y su socio construyeron búngalos y trailers park para turistas extranjeros; además instalaron un criadero de avestruces que trajeron desde el estado de Tabasco, para comercializar la carne en la ciudad de México.
También adquirieron un terreno de 4 mil metros cuadrados en Santiago de la Peña, otra congregación tuxpeña. Ahí establecieron el negocio de “Maquinaria y Muebles Escolares”, donde fabricaban pupitres escolares que vendían en la zona norte del estado y además almacenaba la maquinaria con la que Dávila hacía obras al Ayuntamiento porteño. De acuerdo a su Declaración Patrimonial de fecha 01 de junio del 2000, Dávila reportó una máquina Caterpillar marca Mexsa, modelo 1983, con un valor de 201 mil pesos, y dos tractores marca Mexsa, modelo 1984, con un valor de 200 mil pesos.
Su compadre Antonio Ávila García salió mal de la Tesorería de Tuxpan. Fue denunciado penalmente por los nuevos ediles, pero nunca lograron dar con su paradero. Una versión periodística que corrió en aquél entonces insinuó que mientras se integraba la Averiguación Previa en su contra, el ex tesorero tuxpeño habría sido refugiado en un inmueble que Dávila poseía en el vecino municipio de Emiliano Zapata. Sin embargo, el entonces Oficial Mayor de la PGJE sostuvo ante los medios de comunicación que Ávila García se hallaba “arraigado” en el hotel Salmones de Xalapa. Nadie le creyó.
Por eso, ante la posibilidad de que el flamante presidente del TSJE, Alberto Sosa, logre sacar el nombramiento administrativo de su amigo Dávila Vera, entre los mismos magistrados corre la broma de que entonces el Poder Judicial de Veracruz quedaría en manos de la “Sosa Nostra”, en alusión a la tristemente célebre mafia siciliana.
Y es que Dávila no cumple con los requisitos para ocupar este cargo administrativo en el Poder Judicial, pues el artículo 74, fracción III, del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia estipula que para ser Director de Administración y Personal debe “tener título en el área de Economía, Administración de Empresas o Contaduría Pública, debidamente registrado”, mientras que el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado, en su artículo 48, no menciona qué carrera deberá tener el Director de Administración, aunque el artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece que para ser Director de Administración se requiere únicamente ser Contador Público Titulado.