El primer candidato para ocupar la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en la administración de Javier Duarte de Ochoa fue el ex subprocurador Marco Antonio Aguilar Yunes, compadre del gobernador electo.

Pero, al parecer, precisamente por las estrechas ligas de amistad que existen entre ambas familias, Duarte estaría por nombrar al abogado cordobés en otra posición menos riesgosa, pues hace tres años Aguilar Yunes solicitó al gobernador Fidel Herrera su cambio de la Subprocuraduría Regional del Puerto de Veracruz a la de la ciudad de Xalapa porque había recibido amenazas del crimen organizado asentado en esa zona.

Presuntamente, Marco Antonio Aguilar sería acomodado en la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.

Sin embargo, el domingo corrieron diversas versiones porque el actual secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, fue descubierto cuando llegaba a una residencia del fraccionamiento de Las Ánimas, donde los futuros miembros del gabinete duartista fueron citados para tomarse la fotografía oficial.

Escobar era otro aspirante a la PGJE, pero el ex alcalde xalapeño está impedido constitucionalmente. Y es que de acuerdo con el Artículo 53 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, para ser Procurador General de Justicia se deben reunir las mismas condiciones exigidas para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, señaladas en el artículo 58 de nuestra Constitución.

Los requisitos constitucionales son los siguientes:

I.- Ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación; o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el estado; en ambos casos, ser ciudadano, en pleno ejercicio de sus derechos.

II.- Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos al día de la designación.

III.- Poseer, al día del nombramiento, título de Licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada, con una antigüedad mínima de cinco años, y contar, preferentemente, con estudios de postgrado, o con experiencia profesional en la judicatura o ejercicio de la profesión no menor de ese lapso.

IV.- Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

V.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia.

VI.- Los demás requisitos que señale la ley.

Y entre éstos se estipula también que “no podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario del Despacho o su equivalente, Procurador General de Justicia, Senador, Diputado Local o Federal ni Presidente Municipal, durante el año previo al día de su nombramiento.”

Por eso otros candidatos decidieron declinar. El diputado federal por Cosamaloapan, José Tomás Carrillo Sánchez, quien fue subprocurador de Justicia en Xalapa y el Puerto de Veracruz, también aspiraba a sustituir a Salvador Mikel Rivera en la Fiscalía del estado, pero finalmente será designado secretario de Desarrollo Agropecuario. Otro legislador federal, Felipe Amadeo Flores Espinoza, del distrito de Huatusco, igualmente le habría hecho ver al gobernador electo que estaba impedido por la Constitución Política local para asumir la titularidad de la PGJE.

Ante esta situación es que todavía la semana anterior subsistía la versión de que Duarte habría invitado al general Rafael Macedo de la Concha, ex procurador general de la República. Sin embargo, un periodicazo asestado este domingo 28 al actual magistrado del Tribunal Militar habría obligado al gobernador electo a modificar su esquema. Y es que el ex titular de la PGR acaba de ser implicado por un prestigiado semanario en la fuga del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, ocurrida en enero de 2001.

Por eso, anteayer, Reynaldo Escobar fue mencionado como posible candidato para la PGJE. Pero el secretario de Gobierno está impedido por la Constitución Política del estado.

Hace seis años, el gobernador Miguel Alemán Velazco cometió el error de nombrar en la Procuraduría al prestigiado abogado tuxpeño Pericles Namorado Urrutia, quien dos meses antes acababa de terminar su gestión como diputado local. El procurador alemanista, quien argumentaba que no violentaba la ley, terminó por renunciar al cargo ante las presiones políticas.

Duarte de Ochoa, hasta el día de ayer –a casi 24 horas de dar a conocer oficialmente su gabinete– aún no tenía definido a quién iba a proponer ante el pleno de la LXII Legislatura local para ocupar la PGJE.

Anoche corría el rumor del posible nombramiento del ex procurador fidelista Emeterio López Márquez, pues el ex magistrado electoral y ex consejero presidente de la desaparecida Comisión Estatal Electoral solicitó presuntamente ayer una solicitud para separarse de manera provisional de su Notaría Pública, a la que estaba dedicado desde hace tres años.

Emeterio llegaría nuevamente de manera emergente, igual como ocurrió a principios de 2005, cuando el Congreso local rechazó la propuesta inicial del gobernador Herrera, quien originalmente había nombrado a Mikel Rivera. La bancada del PAN, que dominaba entonces la mitad de la LX Legislatura del estado, sin argumentos de peso desaprobó la designación del ex secretario de Gobierno, quien finalmente llegó a la PGJE después del proceso electoral de 2007 en que arrasó el PRI.

La designación del procurador es relevante porque el Ministerio Público, que es el órgano dependiente del Poder Ejecutivo, además de ser el responsable de “procurar y vigilar el cumplimiento de las leyes, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución Federal que rigen su actuación, y ejercer las acciones correspondientes en contra de los infractores de la ley, así como las que tengan por objeto la efectiva reparación del daño causado y la protección de los derechos de la víctima del acto ilícito”, está constitucionalmente facultado para intervenir “en los juicios que afecten a quienes las leyes otorguen especial protección; y, si el Gobernador lo dispone, en los asuntos jurídicos en los que, conforme a la ley, el Estado sea parte o se requiera hacer efectivos los derechos a su favor.”
Así que no es un cargo menor.

NI TAN ‘VERDE’

Por su militancia en el PVEM, al ex diputado local Alonso Domínguez Ferráez lo etiquetaron como un “Niño Verde” más.

Pero el joven empresario orizabeño ha dado muestras de que políticamente está mucho más maduro de lo que algunos creen.

A diferencia de otros fidelistas de cepa que rechazaron la invitación, Domínguez Ferráez sí aceptó el reto de sustituir por unos cuantos meses en la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente a Ranulfo Márquez Hernández, quien luego de las elecciones locales de julio de este año decidió separarse de la Sedesma para suceder al actual diputado local Jorge Carvallo Delfín en la presidencia del CDE del PRI.

Hace diez días, durante su comparecencia ante el Congreso local, aparte de aportar interesantes datos en materia de desarrollo social, el joven titular de la Sedesma se movió como pez en el agua en los temas ambientales.

Así, el funcionario estatal habló sobre residuos sólidos, áreas naturales protegidas, ordenamiento ecológico, cambio climático, entre otros tópicos. De manera específica destacó que se realizaron cuatro eventos relacionados con el medio ambiente, como el Día Mundial de la Tierra, el Día Internacional de las Aves, el Día Mundial de la Biodiversidad, Día de Los Humedales y siete Tianguis Ambientales, en donde se proporcionó información a 2 mil 500 personas.
Asimismo, detalló que la Sedesma, para fortalecer las actividades de protección y conservación de la tortuga, entregó equipo y materiales básicos por un valor de 1.3 millones de pesos a los Centros Tortugueros de Tampico Alto, Majahual, Totonacapan, Vida Milenaria, Tuxpan R-5, Marcelino Yépez, Acuario de Veracruz, Calpulteotl, El Salado, Lechuguillas, Los Arrecifes, Peña Hermosa, Punta Puntilla, Santander y Zapotitlán.