Cuando Javier Duarte de Ochoa le ofreció públicamente al presidente Felipe Calderón Hinojosa el apoyo pleno del gobierno de Veracruz a su lucha contra el crimen organizado, muchos supusieron que sólo se trataba de un discurso convenenciero del joven mandatario veracruzano para ganarse la simpatía del jefe del Poder Ejecutivo federal cuyo trato con el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán no sólo había sido frío y distante sino bastante ríspido.
Pero ahora se empieza a ver que el compromiso de Duarte va muy en serio. Y es que con la aprobación de los nuevos Cabildos de Veracruz y Boca del Río, el gobierno del estado se hará cargo del complicado servicio de Tránsito en esa zona conurbada.
Esta decisión, según ha trascendido, tiene que ver no sólo con el clamor y el hartazgo de la ciudadanía porteña por la extorsión casi institucionalizada que practicaban los agentes de Tránsito, sino también por la infiltración de bandas criminales que en esa dependencia municipal se había detectado al menos durante los últimos dos trienios.
Por ejemplo, en abril de 2007, hace más de tres años, cuando el panista Julen Rementería –primo hermano de Jon Rementería Sempé, ex secretario fidelista de Salud y quien acaba de entregar la presidencia municipal porteña– aún gobernaba el municipio del puerto de Veracruz, el general Arturo Quintero Ortega, a la sazón director de Tránsito municipal, fue víctima de un atentado en el fraccionamiento El Coyol.
El funcionario municipal resultó ileso, no así su chofer José Manuel Castro Soto. Según la versión oficial, “sicarios que se transportaban en una unidad automovilística los esperaban al llegar a la residencia del general, y con pistolas calibre .38 especial dispararon contra la unidad, hirieron levemente al general y asesinaron al conductor...”
En conferencia de prensa, el entonces secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar –actual subprocurador encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado– declaró en aquella ocasión que una de las líneas de investigación seguida era sobre la hipótesis de que el ataque iba dirigido al chofer de planta del general Quintero, de nombre Juan Carlos Carranza Saavedra, quien coincidentemente una semana antes del atentado acababa de ser sustituido temporalmente por la víctima Castro Soto, ya que él había solicitado vacaciones pese a que apenas llevaba seis meses trabajando al lado del director de Tránsito de la ciudad de Veracruz.
Las pesquisas se enfocaron hacia el otro chofer del general Quintero porque la última persona que había sido ejecutada cinco días antes en el fraccionamiento Floresta tenía pegado al cuerpo un escrito de la supuesta autoría del grupo autodenominado “Gente Nueva”, el cual era una advertencia para alguien apellidado “Carranza”.
“Hay esa coincidencia, que es una de las líneas que no se descarta y que también está atendiendo el subprocurador (José Tomás Carrillo Sánchez, hoy diputado federal con licencia y actual secretario de Desarrollo Agropecuario del gabinete duartista)”, dijo Escobar.
Ante esta situación, el entonces secretario de Gobierno informó que se había tomado la decisión de requerir desde esa misma noche a los Ayuntamientos panistas de Veracruz y Boca del Río para que el control de las corporaciones de Tránsito regresara a manos del Gobierno del Estado. Pero no hubo necesidad de eso, ya que cinco meses después, en septiembre de 2007, el PRI ganó la elección y recuperó el Cabildo porteño con un candidato muy allegado familiarmente al edil panista saliente, cuya administración municipal se vio salpicada por sucesos violentos como el ocurrido en el hipódromo clandestino de Villarín, donde un alto jefe de “Los Zetas” fue víctima de un atentado a principios de marzo de ese año, o sea, un mes antes del ataque dirigido presuntamente contra Carranza Saavedra, el chofer del general Quintero que andaba de “vacaciones” y cuyo nombre –¡oh, coincidencia!– volvió a mencionarse en julio de 2009 en dos videos anónimos subidos a YouTube, en los que se muestra a seis presuntos operadores del brazo armado del Cártel del Golfo, los cuales, amagados por un comando vestido de negro, encapuchado, con armas de grueso calibre, granadas e incluso un lanzagranadas, son “interrogados” y hablan de cómo y con cuáles cómplices operan una red de tráfico de migrantes y prostitutas, de extorsión y de venta de droga.
Esta red operaría en la península de Yucatán y en Veracruz con alcance a Monterrey, Nuevo León, y la frontera con Estados Unidos.
Pero además, tres sujetos –que se identificaron como Sergio Francisco Cano Acosta, Samuel Ibarra García y Rodolfo Sánchez– que hablan en el video y que presuntamente fueron ejecutados a finales de junio de este año en la zona conurbada a Boca del Río, confesaron que fueron “Los Zetas” los que se encargaron de desaparecer al administrador de la Aduana de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni. Uno de los interrogados dijo, por ejemplo, ser el encargado de dar información de los contenedores que llegaban al puerto de Veracruz para posteriormente robarlos.
Sánchez, quien fue encontrado muerto después de varias semanas de haber desparecido de su domicilio, aseguró en ese video difundido el año antepasado, que el administrador de la Aduana, Serrano Aramoni, había sido ya eliminado y que en su secuestro habrían participado un comandante de nombre “Osiris” –nunca dio su nombre completo pero se supone que se refería al ex jefe de Tránsito, José Osiris Cruz Cabrera, detenido el miércoles 16 de septiembre en el domicilio de la regidora panista Elizabeth Torres, emparentada políticamente con el diputado federal del PAN, Julio Saldaña, ex candidato a la alcaldía porteña– y agentes... ¡de la Dirección de Tránsito municipal!.
El mismo declarante precisó que Juan Carlos Carranza, alias “El Ñaca” –¿el ex chofer del general Quintero?–, era quien junto con otros sujetos apodados “El Moca”, “El Pelos”, “Fierro” y “Baker”, iba al mando del operativo para secuestrar a Serrano Aramoni, quien habría sido asesinado a principios de junio de 2009 en un rancho cercano al puerto de Veracruz.
Por eso, en un principio, fue detenido el director de Tránsito municipal, Héctor Peñafiel Parra, quien semanas después sería absuelto.
Sánchez, quien posteriormente sería ejecutado en Veracruz, fue el que dio mayores detalles de las acciones delictivas en esta entidad. En cuanto a los integrantes de corporaciones policíacas que presuntamente operan para “Los Zetas”, dijo que en la Dirección de Tránsito del municipio de Veracruz colaboraban los agentes bajo la clave “Osiris”, “Hunter” y “Sombra”, mientras que de la Policía Intermunicipal recibían ayuda de varios comandantes a los cuales identificó plenamente por sus nombres. Y al hablar sobre el trasiego de la droga en el puerto jarocho relató que en esa plaza operaba un familiar muy allegado al narcotraficante veracruzano Lázaro Llinas, detenido desde el sexenio del gobernador Miguel Alemán.
Este sicario también precisó los sobrenombres de los principales operadores del negocio de la droga en el municipio de Boca del Río, y mencionó a los dos jefes a los que les reportan directamente las ganancias. Es más, no sólo detalló las actividades del Cártel del Golfo sino que hasta reveló que en diversas fiestas privadas conoció a comandantes policíacos y periodistas que presuntamente están relacionados con “Los Zetas” en territorio veracruzano. Y soltó nombres de comandantes de Xalapa, Coatzacoalcos, Tuxpan, Boca del Río, del puerto de Veracruz y de Cosamaloapan, así como de connotados empresarios porteños, uno de ellos muy ligado familiarmente al ex alcalde Rementería Sempé.
Pero el gobernador Duarte no sólo necesita sanear las direcciones de Tránsito municipal, las cuales han sido infiltradas por los cárteles criminales, sino también los centros de readaptación social, como el del puerto de Coatzacoalcos, donde cinco internos dan a conocer esta semana en la última edición de la revista “Proceso” una carta que le dirigieron al sucesor de Fidel Herrera Beltrán sobre la verdadera situación que priva en los reclusorios controlados presuntamente por personeros de la delincuencia organizada.