Ante el reclamo de justicia de los pobladores del municipio de Juan Rodríguez Clara, en vez de apoyarse en el “encargado del despacho” de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Reynaldo Escobar Pérez, el gobernador Javier Duarte tuvo que designar a Jaime Rodríguez Aguilar –ex delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) y agente del Ministerio Público Federal– como fiscal especial para investigar el homicidio del alcalde electo de esa municipalidad, Gregorio Barradas Miravete, un ex diputado federal del PAN que fue victimado el 8 de noviembre de 2010 junto con dos acompañantes y cuyo crimen indignó al presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien manifestó su enojo en su cuenta de twitter.

El anuncio y presentación del fiscal se realizó en una reunión con pobladores de Juan Rodríguez Clara, en la que estuvieron presentes Escobar Pérez, el subsecretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, y el general Sergio López Esquer, ratificado como secretario de Seguridad Pública del estado.

Pero el crimen de Goyo Navarrete no fue esclarecido por el fiscal especial ni por la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo del ex secretario de Gobierno –quien constitucionalmente está impedido para asumir la titularidad de la PGJE porque incumple con el requisito vigente de no haber sido secretario de despacho durante el año anterior al de su nombramiento– sino por elementos de la Secretaría de Marina.

Según la versión oficial difundida el martes 28 de diciembre pasado por esta dependencia federal, un grupo de élite de la Armada de México detuvo a dos personas que presuntamente están involucradas en el secuestro y ejecución de Barradas Miravete.
La institución castrense informó que la detención se efectuó durante las primeras horas del lunes 27, en la cabecera municipal de Isla, del estado de Veracruz, luego de “un intenso trabajo de inteligencia”.
Ahí lograron ubicar a Ignacio Arrioja Polo, (a) “Nacho coctelero”, y a Antonio Hernández Soledad, (a) “El Marihuana”, en posesión de tres armas largas, tres cargadores para armas de fuego, así como dos vehículos con reporte de robo.
Las personas y efectos asegurados fueron trasladados a la ciudad de México para ser puestos a disposición del Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR, que fue la que determinó su situación ministerial.
Ni el fiscal especial Rodríguez Aguilar ni el encargado del despacho de la PGJE fueron informados previamente por los elementos de la Marina Armada de México del operativo ejecutado en la ciudad de Isla, de donde es nativo el actual subsecretario de Gobierno, Erick Lagos.

No es la primera vez que los marinos ejecutan un operativo similar en Veracruz. A principios de noviembre de 2009, por ejemplo, la Armada de México detectó y cercó en la cabecera municipal de Soledad de Doblado a Braulio Arellano Domínguez, alias “El Gonzo”, “Zeta 20” o “El Verdugo”, presunto líder de Los Zetas en el estado de Veracruz, el cual falleció durante el enfrentamiento con los elementos de la Infantería de Marina.
En esa ocasión, las fuerzas federales aseguraron cinco vehículos, cuatro motocicletas de distintos modelos, una pistola subametralladora MP-5 calibre 9 milímetros, una granada de fragmentación, cuatro pistolas tipo escuadra, siete cargadores de 38 súper, una caja con 40 cartuchos útiles calibre 22, 63 cartuchos útiles 38 súper y dos cartuchos 5.7 x 2.5 milímetros. Además requisaron equipo de comunicación y tres bolsas con polvo y pastillas enteras, así como dinero en efectivo por la cantidad de 74 mil 900 pesos y 107 dólares estadounidenses.
Cuatro personas detenidas y los efectos asegurados fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR.
Estos operativos exitosos de la Marina Armada de México vienen a confirmar los comentarios elogiosos que esta institución castrense ha recibido de agentes de los servicios de inteligencia y de la diplomacia estadounidense, tal como ha sido evidenciado por los cables secretos desclasificados por el sitio de internet WikiLeaks.

Por ejemplo, el cable 3573, clasificado como “secreto” y enviado por el embajador Carlos Pascual al Departamento de Estado el 17 de diciembre de 2009, refiere que “las fuerzas de la Secretaría de Marina (Semar) de México, respondiendo y actuando ante información proporcionada por Estados Unidos, en una operación realizada el 16 de diciembre mataron a Arturo Beltrán Leyva, la baja al más alto nivel de una figura de un cártel bajo el gobierno de Calderón. La operación es una victoria clara para el gobierno mexicano y un ejemplo de la excelente cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

“La unidad que realizó la operación recibió entrenamiento amplio por parte de Estados Unidos. La muerte de Arturo Beltrán Leyva no resuelve el problema de las drogas de México, pero esperamos que genere un momentum necesario para lograr avances sustantivos contra las organizaciones del tráfico de drogas.

“Funcionarios de las agencias de aplicación de la ley en la embajada (estadunidense) dijeron que la operación de arresto contra Arturo Beltrán Leyva comenzó una semana antes de su muerte, cuando la embajada proporcionó a la Semar información detallada sobre su ubicación.

“La Semar está bien entrenada, bien equipada y ha demostrado una capacidad de respuesta rápida a información de inteligencia. Su éxito pone al Ejército (Sedena) en una posición difícil para explicar por qué ha sido reacio a actuar sobre información de inteligencia buena y a realizar operaciones contra objetivos de alto nivel.

“Las agencias de inteligencia de Estados Unidos originalmente entregaron la información a Sedena (sobre Arturo Beltrán Leyva), cuyo rechazo a actuar con celeridad refleja una aversión al riesgo que representa para la institución una importante victoria en la lucha contra los narcóticos.

“La Sedena proporcionó apoyo a la Semar durante la lucha contra las fuerzas de Arturo Beltrán Leyva, pero sólo puede tomar un poco de crédito del éxito de la operación. Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, también se puede contar como un perdedor neto en el operativo contra Arturo Beltrán Leyva. La SSP considera que son su responsabilidad los blancos (líderes) de la organización de los Beltrán Leyva, y García Luna ya ha dicho en privado que esta operación debió haber sido suya.”

¿Ahora se entiende por qué de la Presidencia de la República le encomendaron a la Marina Armada de México este operativo en Veracruz?

Pero, aún así, Reynaldo Escobar –al asistir en representación del gobernador Duarte a Juan Rodríguez Clara el pasado viernes 31 de diciembre a la toma de posesión del suplente de Barradas Miravete–, destacó el “trabajo coordinado” entre el gobierno federal y las autoridades del estado que, según él, permitió la detención de dos presuntos responsables del homicidio del munícipe panista, y aseguró que “no vamos a parar hasta dar con los responsables, tanto autores materiales como intelectuales del cobarde crimen.”

“Hay avances muy significativos en coordinación con las fuerzas federales”, presumió el ex secretario de Gobierno del fenecido régimen de la Fidelidad.

¿Alguien le creerá?