Ayer miércoles fue recordada la sospechosa fuga del capo del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien el 19 de enero de 2001 escapó del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco.
Este narcotraficante, que en los diez años que lleva el PAN en la Presidencia de la República se ha erigido en el capo más millonario –según la revista Forbes– y en el líder del cártel más intocable y poderoso del país, no ha sido recapturado aún por las fuerzas federales de seguridad pese a que distinguidos personajes como el arzobispo de la Arquidiócesis de Durango, monseñor Héctor González Martínez, señaló públicamente desde abril de 2009 el paradero de Guzmán Loera.
“Más adelante de Guanacevi (entre los límites de Durango y Chihuahua), por ahí vive ‘El Chapo’, todos lo sabemos, menos la autoridad”, declaró hace casi un par de años el jerarca eclesiástico.
Por eso es que muchos dudan que la sangrienta “guerra” del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico –con saldo actual de 31 mil muertos– realmente sea a fondo y sin concesiones. En febrero de 2006, por ejemplo, José Antonio Ortega Sánchez, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública de la Coparmex, acusaba que “es evidente que hay una protección (al capo Guzmán Loera)... Pareciera que es el narcotraficante protegido por las autoridades que tienen la obligación de detenerlo. Da la impresión de que la lucha contra las drogas sólo se carga a una organización y no a todas... A ‘El Chapo’ no le pegan ni con el pétalo de una amapola”.
El 19 de enero de 2001 el líder del Cártel de Sinaloa escapó mágicamente del Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, con la presunta colaboración de sus ujieres en la Secretaría de Seguridad Pública federal, específicamente en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana que encabezaba el veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares en la administración del presidente Vicente Fox.
Y es que existen versiones de que un trimestre antes de la fuga del “Chapo” Guzmán, las autoridades federales fueron advertidas sobre el plan que preparaba el narcotraficante; sin embargo no se tomó ningún tipo de previsión.
El 22 de octubre de ese año, un interno del penal llamó a la Dirección de Prevención y Readaptación Social para denunciar el plan de fuga de Guzmán, Héctor “El Güero” Palma, y Arturo Martínez, “El Texas”; el telefonema, según la UEDO, fue recibido por una funcionaria de ese lugar, de nombre Sandra Ortega Rivas, hoy titular de la delegación regional norte del ISSSTE en el Distrito Federal y cercana por todos lados al fallido ex candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz.
El asunto se archivó. Jorge Tello Peón, en ese momento titular del CISEN, y Enrique Pérez Rodríguez, a la sazón director de Prevención y Readaptación Social y actual encargado de la Delegación del ISSSTE en Veracruz, conocían el caos que prevalecía en el CEFERESO. Según versiones periodísticas, Pérez Rodríguez, ex secretario particular de Yunes en la Secretaría de Gobierno del estado, permitió personalmente irregularidades y se opuso a la reubicación de Joaquín Guzmán. En esa ocasión, Enrique Pérez fue acusado directamente por el entonces subdirector de Seguridad y Custodia del penal, Antonio Aguilar Garzón, versión que cuadra con las ofrecidas por otros custodios.
La fuga de “El Chapo” Guzmán se realizó cuando el director del penal era Leonardo Beltrán Santana (sentenciado a 18 años de cárcel), amigo también de Yunes. Asimismo, cuando se dio el intento de fuga de Héctor “El Güero” Palma, del mismo penal en diciembre de 2002, el director del mismo era Alfredo Lara Guerrero, otro cercano al ex titular del ISSSTE.
En la página 33 de su libro “Máxima seguridad: Almoloya y Puente Grande”, el periodista Julio Scherer García, fundador de la revista “Proceso”, cita la entrevista que tuvo con Evaristo Nucamendi Barradas, quien señaló directamente a Enrique Pérez como el artífice de la fuga de Guzmán: “Un día vino Pérez Rodríguez (a Puente Grande) y la fuga fue al día siguiente.
“Yo no estuve presente, dicen que llegó y le dijo (a Joaquín Guzmán): ‘prepara a dos de tus gentes porque te voy a mandar al COC (Conductas Especiales). Hay demasiada presión y ya no te puedo tener aquí. Agarra a dos gentes para que te acompañen’ “.
Otro de los implicados y sentenciados por la fuga de “El Chapo” es Luis Francisco Fernández Ruiz, (a) “El Celaya”, en ese momento comandante de custodios en el CEFERESO de Puente Grande; vinculado en su momento con el también presunto narcotraficante xalapeño Augusto Lagunes Rosado, (a) “El Camachín”, y gente cercana del equipo de Yunes Linares –básicamente auxiliar de Juan Herrera Marín cuando éste fue titular de la DGSPE– en su época como secretario general de Gobierno en Veracruz e incrustado posteriormente en el área de prevención federal.
A Fernández Ruiz se le acusó de ser el principal protector del narcotraficante. Según archivos hemerográficos, esta persona habría recibido 10 mil dólares mensuales de cada uno de los tres capos (“El Chapo”, “El Güero” y “El Texas”).
Una versión apunta que la fuga de Guzmán Loera habría sido concertada con el equipo de Yunes Linares a través de Albino Quintero Meraz, a quien el ex candidato panista habría conocido desde 1992. A su vez, Quintero era amigo y operador del “Chapo”.
En 2004, la revista “Proceso” estableció el presunto nexo de Yunes con Quintero Meraz, (a) “El Orejón” o “Don Beto”, con base en declaraciones de testigos protegidos y documentos de la Drug Enforcement Administration (DEA). Según versiones periodísticas, entre 1995 y 1996 el ex candidato del PAN habría recibido hasta 15 millones de dólares del narcotraficante como pago por “protección”.
Yunes habría permitido a lo largo del sexenio del gobernador Patricio Chirinos, entre diciembre de 1992 y a mediados de 1997, el establecimiento de un corredor para el trasiego aéreo y terrestre de toneladas de cocaína, según reveló un informe “confidencial” del extinto comandante de la AFI, Juan Carlos Ventura Moussong –asesinado en julio de 2002, dos meses después de la detención de Quintero Meraz–, dirigido a la Coordinación General de la UEDO-PGR, fechado el 26 de octubre de 2001, en el cual se detalla: “A finales de 1995 Albino Quintero Meraz arregló su arribo y operación en Veracruz con el Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares mediante la entrega de 10 millones de dólares...”.
Esta relación habría quedado inmortalizada incluso en un corrido de “Los Tucanes” de Tijuana, donde se menciona cómo Quintero “compró” la plaza en esta cantidad.
Posteriormente, Joaquín Legarreta, Asistente y Agente Especial de la DEA, en noviembre de 2001 dirigió una misiva al comandante Ventura para advertirle: “Existe una gran preocupación en la oficina de la DEA en la Ciudad de México, en virtud de que la organización de narcotraficantes que encabeza Albino Quintero continúa permeando las esferas de gobierno... las investigaciones que en forma conjunta realizamos obligan a iniciar un proceso con orden de arresto en contra del individuo Miguel Ángel Yunes Linares (dadas) sus constantes reuniones con fines delictivos con los Barones de la droga: su paso por el gobierno de Veracruz y actualmente en el Gobierno Federal lo ubica con un potencial que debe ser de inmediato frenado”.
En la averiguación previa 1226/MPFEADS/98 se citan las declaraciones del ex chofer de Albino Quintero y testigo protegido, Gildardo Muñoz Hernández. Esta persona aseguró que Yunes Linares asistía a los cónclaves de su jefe con el entonces gobernador de Quintana Roo, Mario “El Chueco” Villanueva Madrid, en el yate “Ashley” en Cancún. De igual forma, el también testigo protegido Carlos Alberto Treviño Escobar (cuya clave de testigo es “Sergio”) señaló que entre “los funcionarios que protegen a Albino están el que era gobernador, Patricio Chirinos; el que era Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes. A éstos se les entregó por la plaza 15 millones de dólares”.
Treviño Escobar agregó que Quintero recibió ayuda de Yunes cuando fue denunciado por la compra sospechosa de una residencia en el fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río, muy cercana a la del sucesor de Chirinos, Miguel Alemán Velasco. Según versión del testigo protegido, la denuncia no prosperó debido a la presunta intervención de Yunes Linares, a quien no se le ha vuelto a ver públicamente desde que a principios de noviembre de 2010 acompañó a su hijo, el diputado local Fernando Yunes Márquez, a la ceremonia de instalación de la LXII Legislatura del estado.
Hace dos semanas, con los cambios anunciados por el presidente Calderón en las secretarías de Energía y de Comunicaciones y Transportes, los seguidores del ex candidato del PAN echaron las campanas al vuelo y filtraron que Yunes podría ir a la Dirección General de PEMEX o a alguna otra posición, lo que lo reivindicaría políticamente y terminaría de una buena vez con las especulaciones acerca de su mala relación con el jefe del Ejecutivo federal luego de su fracaso en la elección por la gubernatura de Veracruz. Pero no, no ha recibido nada todavía del líder nato del panismo nacional. ¿Yunes seguirá deshojando la margarita?