* El síndrome casablanca

Quizá porque no fue un suceso como los que ocurren casi cotidianamente en ciudades de otras entidades del país como por ejemplo Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, etcétera, es que las autoridades del gobierno del estado y del municipio de Xalapa no supieron cómo desactivar y controlar los rumores esparcidos al día siguiente del enfrentamiento del Ejército con una docena de delincuentes en la colonia Casablanca, lo que detonó este viernes 14 una espectacular psicosis en la capital veracruzana.
La batalla nocturna de Casablanca ha dejado varias enseñanzas y ha exhibido la deplorable actuación también del órgano garante de los Derechos Humanos de los veracruzanos. La titular de la Comisión Estatal, Nohemí Quirasco, ya tiene un pie en el estribo para partir pero todavía le resta cobrar su última quincena. Por eso se esperaba que en esta condición, la ex secretaria de Gobierno hubiera hecho un fuerte pronunciamiento por la flagrante violación de las garantías individuales de los vecinos cuyas familias nada tienen que ver con el crimen organizado.
El fuego cruzado del Ejército no fue en respuesta a una persecución ni a un hecho delictivo en flagrancia sino que se trató de un operativo previamente organizado, del que presuntamente ni las autoridades del estado estaban enteradas.
Para más, ha sido la Iglesia católica de Xalapa la que oportunamente ha hecho oír su enérgica voz y ha exigido replantear algunas conductas del gobierno estatal así como la estrategia anticrimen de las fuerzas federales de seguridad.
Este domingo 16, por ejemplo, la Arquidiócesis de Xalapa difundió el comunicado oficial número 035 en el que textualmente expone lo siguiente:
“Ha sido un agitado y tenso fin de semana. No era el primer puente vacacional de este año, pero el viernes pasado la ciudad lucía como si fuera un día de asueto; las calles sin el marcado tráfico de fin de semana, las redes sociales reportaban desde el jueves pasado el ambiente que se vivía en los diferentes puntos de la ciudad, las familias hablaban por teléfono constantemente para recomendar a sus seres queridos que tuvieran mucho cuidado y el comercio también resultó afectado por este clima de violencia.
“Se sentía el miedo y la preocupación, pero era más fuerte la indignación y el desconcierto. No se daba crédito que estuviéramos enfrentando un cuadro similar al que han vivido otras ciudades de nuestro país, que un evento de esta naturaleza le haya quitado la tranquilidad a una ciudad pacífica, amable, fraterna y culta, la Atenas veracruzana.
“Un momento de zozobra como este requiere que todos respaldemos la labor de nuestras instituciones y que reconozcamos también el valor del Ejército, la policía y las autoridades implicadas en todo este operativo. Pero también es una coyuntura para que el gobierno pueda replantear sus estrategias para encarar desde otros frentes la lucha contra la inseguridad y la violencia.
“Por eso, con frecuencia nos hemos pronunciado sobre tres rubros que nos parecen de vital importancia para lograr mejores condiciones de vida y de convivencia social: abatimiento de la pobreza, seguridad y formación en valores. No se puede posponer la lucha contra la pobreza, ni tampoco se tiene que enfrentar con paliativos o dádivas que terminan por rendir culto a los actores políticos. Hace falta atender este problema de manera estructural y favorecer políticas que promuevan la creación de empleos de manera inmediata, especialmente para los jóvenes que tienen mayores márgenes de ser seducidos por las ofertas del crimen organizado.
“También se tienen que mejorar los sistemas de seguridad. Pero se requiere una política decidida para invertir en la educación, en la difusión de valores y en el fortalecimiento de la familia. Se trata de una lucha que tenemos que comenzar a ganar en el corazón del hombre. No podemos esperar mejores resultados si seguimos permitiendo que los niños y los jóvenes se orienten hacia el materialismo, se determinen por la ambición y dependan de un concepto falso de libertad. Con una orientación de esta naturaleza no se puede lograr una convivencia armónica, porque todos nos veríamos como rivales y la vida terminaría rigiéndose por la ambición y el individualismo.
“Invitamos, por eso, a nuestros gobernantes para que revisen de manera integral esta problemática. Se trata, en este caso, de reflexionar acerca de todos los factores que contribuyen a la inseguridad y la violencia en la vida económica, en la vida política, en la vida social y en la cultura para que, a partir de un tratamiento más completo, se puedan ir estableciendo las mejores estrategias encaminadas a la superación de la violencia.
“Reiteramos como Iglesia nuestro apoyo al Gobierno del Estado y a todas las instituciones que velan por la paz y la armonía de los veracruzanos. De manera respetuosa y fraterna los invitamos a revisar su estrategia y a proyectar una actitud más objetiva respecto al reconocimiento de hechos de violencia en el norte, en el sur y en el centro del estado de Veracruz.
“La percepción de los ciudadanos respecto al clima de violencia difiere mucho de los pronunciamientos oficiales y no simplemente por la psicosis que sea puede crear o por los falsos rumores de gente irresponsable, sino por los casos de inseguridad que enfrentan todos los días. La sociedad tiene que convencerse de que se está actuando con determinación y no sólo para proteger la imagen. Reconocer oficialmente los hechos delictivos no debilita al gobernante, sino que lo muestra como un líder sensible y comprometido. El imperativo, pues, para un gobernante tiene que ser la protección de la sociedad, más que la protección de la propia imagen.
“Por tratarse de un gobierno marcadamente joven, visionario y emprendedor viene muy ad hoc sugerirle que se apropie del desafío que alguna vez lanzó Nelson Mandela: “…Algunas veces recae en los hombros de una generación actuar con grandeza. Ustedes pueden ser esa gran generación. Hagan que su grandeza florezca. Por supuesto, el desafío no es fácil. Pero no hacerlo sería un crimen contra la humanidad…”
Vaya reto para la joven generación del “Estado próspero”. ¿Podrán con él? Ya lo sabremos en el 2016.


Perera avanza
Por cierto, ya se dieron a conocer los nombres de los seis penúltimos candidatos a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos –de los cuales esta semana será electa la terna finalista–, pero no se ha dicho cuántos ni quiénes son los que más apoyo han recibido por parte de instituciones internacionales, nacionales y locales especialistas en la materia.
Ha trascendido, por ejemplo, que Luis Fernando Perera Escamilla es el aspirante a ombudsman más respaldado, pues alrededor de 171 cartas en su apoyo han sido recibidas por la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura del estado.
Esta relación es de suma importancia ya que permite conocer quiénes apoyan el proyecto de Perera. Una de estas cartas, verbigracia, es de la doctora Xóchitl Castañeda, directora de la Iniciativa de Salud de las Américas, de la Universidad de California, Berkeley, con quien el ex subprocurador de Justicia del estado conserva una buena amistad desde hace años y con la que ha participado en diversos foros internacionales. En caso de que Perera sea designado presidente de la CEDH, la doctora Castañeda ofrece establecer un excelente vínculo con los más importantes grupos de apoyo a migrantes a nivel internacional.
Por su paso por diversas instituciones, Perera afirma tener una visión completa de las áreas más recurrentes en las comisiones de Derechos Humanos. Por ejemplo, entre los principales ejes rectores de su programa, propone iniciar la elaboración inmediata de estadísticas para conocer el estado actual de la Comisión en cuanto a sus actividades; continuar con la más intensa de las campañas de difusión, capacitación, creación de Consejos Regionales para la protección de los Derechos Humanos (en los que promete incluir a las organizaciones no gubernamentales); impulsar los programas de apoyo a mujeres, niños, adolescentes, indígenas, personas en estado de vulnerabilidad y otros, además de promover ante las autoridades la implementación de medidas cautelares para la protección de periodistas y defensores de Derechos Humanos.
Además, en respuesta a la deuda que reconoce aún se tiene pendiente con la sociedad veracruzana, Perera prevé conformar una Red de Atención Integral a las Víctimas del Delito, como las que se constituyeron por ejemplo en estados como Chihuahua y Yucatán, y en las que él tuvo la oportunidad de participar en su implementación cuando colaboró en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.