La administración del gobernador Fidel Herrera Beltrán, a escasos 34 días de llegar a su fin, termina cimbrado por dos tipos de desastres: el provocado por el huracán “Karl” que afectó a más de 160 municipios del estado, y el financiero atribuido al desorden y desvíos administrativos del ciclón “Fidel” que buscó arrasar a la oposición en la sucesión gubernamental.
La contingencia meteorológica vino a confirmar la capacidad y habilidad del mandatario veracruzano como gobernante, gestor y coordinador de las instancias locales encargadas de la protección civil, pues a pesar de la magnitud de la tragedia el estado prácticamente ha vuelto a la normalidad en un tiempo record, lo que le ha valido a Herrera el reconocimiento de otros gobernadores priístas como Humberto Moreira, de Coahuila, o de funcionarios panistas como el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra.
Sin embargo, la crisis financiera por la que actualmente atraviesa su agonizante administración va a ser muy difícil de remontar en las cinco semanas que aún le restan a su régimen, pues viene arrastrando un déficit que data por lo menos de un año atrás.
Hace una semana, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores de la Escuela Normal Veracruzana (STENV) evidenció la gravedad de las finanzas públicas del estado al reclamar y exponer públicamente las siguientes situaciones:
1.- La descapitalización del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), pese a que el gobierno del estado debe aportar el 14.53% del salario de los trabajadores, más las propias aportaciones de los derechohabientes (11%), así como los descuentos correspondientes al pago de préstamos a corto y mediano plazos, mismos que han sido deducidos puntualmente en nómina. Según el desplegado periodístico del STENV, insertado por su secretario general Víctor Manuel Domínguez Meza, el propio titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Salvador Sánchez Estrada, habría confirmado “un faltante multimillonario en el IPE”, por lo que la organización sindical advierte que este retraso en la entrega de recursos a dicho Instituto está tipificado en el artículo 105 de la Ley de Pensiones del Estado, que establece sanciones económicas para los obligados que omiten el cumplimiento en este renglón. “Lo que significa que Gobierno del Estado deberá cubrir intereses moratorios al respecto. ¿Cumplirá el Gobierno Estatal con la Ley?”, pregunta.
2.- Otra institución que según el STENV también ha sido afectada por el incumplimiento de la administración del gobernador Herrera es el Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV), al cual se le adeuda una cantidad superior a los 60 millones de pesos, que incluye los pagos por concepto de las aportaciones destinadas a la póliza por defunción, Fondo de Beneficios Complementarios, préstamos y compra de enseres; montos que han sido deducidos del salario de los trabajadores. “Debido a este faltante, derechos tan importantes como los préstamos a corto y mediano plazo se encuentran severamente restringidos”, se quejan el sindicato de la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”.
3.- Las aportaciones correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) muestran un atraso superior a los 12 meses, lo cual acusan que repercute directamente en la generación de los intereses respectivos. “Este ahorro se incrementa cuando se entrega a los bancos de manera oportuna. Al depositar tardíamente dicho adeudo, todos los trabajadores habremos sido afectados. ¿O depositarán el monto de los intereses que se hubieran producido?”, vuelven a cuestionar.
4.- “En un exceso de falta de cumplimiento, no se han entregado a diversas empresas financieras y aseguradoras los descuentos efectuados por concepto de compra de enseres, vivienda, automóviles, seguros y préstamos. Este monto ha sido descontado puntualmente del salario de los trabajadores. Cabe aclarar que en estos casos, la Secretaría de Educación sólo tiene la función de descontar y entregar tales recursos a las empresas citadas. ¿Por qué los retiene Sefiplan?”, interrogan.
5.- “Como ha sido denunciado y exigido en diversos momentos, tampoco se ha hecho entrega de los descuentos correspondientes a las aportaciones sindicales. A nuestra Organización nuevamente se le adeudan varios meses por este concepto”, recriminan.
6.- Igualmente denuncian que “en contradicción con el discurso y publicidad oficiales, las becas destinadas a alumnos de educación básica, media superior y normal, no han sido pagadas desde hace más de un año, independientemente de lo raquítico de su monto”.
7.- También acusan que “a la fecha no se ha cumplido el compromiso de pagar el bono a jubilados del STENV que debería haberse entregado en febrero pasado.”
Y 8.- Afirman que “persiste un marcado retraso en el ejercicio de los recursos del ramo educativo de origen federal, tales como el Estímulo al Desempeño Docente y las becas PRONABES, bajo el argumento de que el Gobierno Federal no los ha transferido, cuando se ha demostrado ya que han sido depositados al inicio del año fiscal.”
Sumamente molestos, los miembros del STENV reiteran que “denunciamos por enésima vez el manejo discrecional del dinero de los trabajadores” y rechazan “los intentos de confundirnos”. Dicen que “no hay razones de orden jurídico –y mucho menos ético– para que el dinero no se aplique a su destino original” y que “los adeudos al IPE, SSTEEV, SAR, a los Sindicatos, etc. no corresponden a partidas federales ni extraordinarias, es dinero que ya se descontó de los salarios de los trabajadores, y éstos ya están considerados en la Ley General de Egresos”. Y lanzan las siguientes interrogantes: “¿Dónde están esos recursos millonarios? ¿Por qué no llegan de inmediato a las arcas legalmente determinadas? ¿Quién dispone ese desvío que agravia a los trabajadores y desprestigia al Gobierno de Veracruz?”
Advierten: “Resultaría inmoral atribuir este desastre financiero a la desgracia ocurrida a nuestros hermanos afectados por las recientes inundaciones. Esta situación ha sido recurrente y en este momento ya es crítica, pero no es reciente, es resultado de prácticas ineficientes que ponen en riesgo la estabilidad económica y social del Estado y que constituyen motivo de investigación y determinación de responsabilidades en el cumplimiento de un deber legal.
“Nos preocupa que no se valore la gravedad de la situación. ¿A quién debemos la miopía política que puede afectar la credibilidad y confianza en el próximo gobierno estatal? Esa miopía impide percatarse de la inconformidad generalizada de distintos sectores del pueblo veracruzano: maestros, estudiantes, padres de familia, obreros, empresarios, prestadores de servicios, constructores y empleados del propio gobierno. ¿Será necesario exigir la intervención de otras instancias para corregir este desorden financiero?
“Es pertinente señalar que el manejo de las finanzas involucra necesariamente al Poder Legislativo, que tiene el deber de aprobar y vigilar la aplicación del presupuesto. Sin embargo, salvo contadas excepciones, brilla por la ausencia de sus opiniones. Si nuestros diputados desconocen el tema, sería grave; si no quieren opinar al respecto, sería vergonzoso, y si están dando prioridad a otros intereses, entonces sería inmoral. Demandamos a los diputados locales que cumplan con su función como representantes del pueblo veracruzano y dejen a un lado intereses partidistas y personales.”
El STENV demandó:
1) La entrega inmediata del monto –con sus respectivos intereses– que el gobierno del estado adeuda al IPE, así como un informe público sobre la situación financiera que guarda este instituto. Exigió que el informe sea avalado por el Consejo general del IPE.
2) El depósito inmediato de los recursos económicos que han sido descontados mediante nómina, correspondientes a las aportaciones al SSTEEV, al SAR, pago de seguros, préstamos y cuotas sindicales, sin perjuicio alguno a los intereses de los trabajadores.
3) Pago expedito del bono a jubilados y de las becas a estudiantes de educación básica, media superior y superior.
Y, 4), la más difícil: “El desarrollo eficiente y honesto de las acciones correctivas necesarias para asegurar el cumplimiento de todos los compromisos financieros antes de la conclusión de la presente administración.”
El STENV amagó con reservarse “el derecho de ejercer las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de estas demandas, que en realidad son responsabilidades no cumplidas, y pugnará porque el patrimonio de las instituciones de seguridad social de los trabajadores del sector educativo no se vea afectado.”
A ver qué explicaciones da el gobernador Herrera cuando a mediados de noviembre próximo comparezca ante la LXII Legislatura local con motivo de su sexto y último informe de gobierno.