Contra lo que se aseguraba, de que la elección de gobernador de Aguascalientes sería confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ayer el pleno de la Sala Superior de esta última instancia jurisdiccional en el país decidió revocar la decisión del Tribunal Electoral local que había validado el triunfo electoral del priísta Carlos Lozano de la Torre, y lo emplazó para que 15 días después de ser notificado dicte un nuevo fallo en el que se consideren los cómputos de los 18 distritos electorales de esa entidad.
Así, pues, el triunfo del candidato de la coalición “Aliados a tu bienestar” (PRI, Panal y PVEM) no ha sido anulado sino que ha quedado momentáneamente en suspenso, hasta que se confirme la validez de los cómputos en los 18 distritos del estado, tal como lo ordenó la resolución del Tribunal Federal Electoral.
Y es que durante la sesión de este miércoles 6, los magistrados del TEPJF aprobaron el proyecto de resolutivo del ponente Salvador Olimpo Nava Gomar que exponía que el Tribunal Electoral de Aguascalientes ratificó la validez de los comicios celebrados el pasado 4 de julio de manera errónea y sin certeza jurídica, porque todo el proceso electoral fue impugnado por el PAN, situación que puede incidir en la validez de la elección y en la entrega de constancia de mayoría.
“En la resolución impugnada, el Tribunal responsable no analizó los efectos que tendrían los recursos de nulidad interpuestos en contra de los cómputos distritales para efectos de confirmar el cómputo de la elección, su validez y la entrega de constancia de mayoría”, enfatizó en su proyecto Nava Gomar, un académico muy allegado a la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís Figueroa, y cuya magistratura fue considerada como una cuota para el grupo legislativo del PAN.
A Nava se le atribuyó, también, la asesoría jurídica para que el entonces presidente Vicente Fox disolviera su matrimonio eclesiástico y pudiera contraer nupcias con Martha Sahagún por la Iglesia católica.
Y es que en Aguascalientes se dio una de las más duras pugnas al interior del PAN, la cual terminó con la expulsión de Acción Nacional del gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat, quien fue acusado por sus correligionarios de haber apoyado al candidato del PRI, Carlos Lozano.
Así, el TEPJF echó atrás la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Aguascalientes, que confirmaba el cómputo final de la elección para gobernador, la validez de la misma y la entrega de la constancia de mayoría al priísta Lozano de la Torre.
El Tribunal Federal Electoral ordenó a la instancia jurisdiccional local que en un plazo de 15 días después de su notificación dicte una nueva sentencia conforme con sus atribuciones, en la que tome en consideración, además de los planteamientos de impugnación, los efectos jurídicos de las sentencias dictadas en los recursos de nulidad interpuestos en contra de los cómputos distritales.
El pleno de la Sala Superior del TRIFE determinó revocar “la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Aguascalientes, mediante la cual, entre otras cuestiones se confirmó el cómputo final de la elección de gobernador de esa entidad federativa, la validez de dicha elección, así como la entrega de la constancia de mayoría a favor del candidato ganador”.
Y ordenó “al tribunal responsable que dicte una nueva sentencia en los términos y para los efectos precisados en la presente ejecutoría, lo cual deberá ser en un plazo de 15 días contados a partir del siguiente en que se notifique este fallo debiendo informar de su cumplimiento esta Sala Superior dentro de las 24 horas posteriores a que ello ocurra”.
Esta decisión del TEPJF seguramente motivará a los desanimados seguidores del ex candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien sigue presionando a los magistrados del Tribunal Federal Electoral para que anulen la elección de este estado.
Pero los miembros del TRIFE no están para cumplir caprichitos ni pedidos a modo, sino para vigilar que se apliquen cabalmente las leyes electorales que rigen a las entidades federativas y se respeten los preceptos constitucionales que tutelan los derechos políticos de los ciudadanos. Así, pues, en el caso de Veracruz como en el de Aguascalientes, la confirmación de la validez o la nulidad del proceso electoral por parte del TEPJF dependerá de qué tan bien o mal sustentado jurídicamente esté el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Nada más. Y en el caso de Lozano, la instancia jurisdiccional local ha recibido una segunda oportunidad para enmendar sus errores. En cuanto a Veracruz ya se verá qué tan bien hicieron su trabajo los magistrados Daniel Ruiz Morales, Gregorio Valerio Gómez y José Lorenzo Álvarez Montero, los cuales, por cierto, antes de validar el triunfo electoral del priísta Javier Duarte de Ochoa fueron blanco de una campaña mediática de descalificaciones por parte del ex candidato del PAN y sus seguidores.
Álvarez Montero, inclusive, fue exhibido el mes pasado en un reality show de Televisa porque presuntamente no le pasaba la pensión alimenticia a una de sus amasias.
Es más, el diputado local yunista Sergio Vaca Betancourt, de Convergencia, amagó con denunciar penalmente tanto a José Lorenzo Álvarez como a Valerio Gómez porque según él ambos ejercen de manera ilegal sus cargos en el Tribunal Electoral del estado.Vaca dijo que es una vergüenza que dos magistrados, que se supone son conocedores del derecho y uno de ellos con dos doctorados, se hagan “los ensarapados y permanezcan ahí para seguir cobrando el sueldo de magistrados sin tener legítimamente el derecho de estar ahí”.Según el legislador de Convergencia, ambos magistrados ejercen de manera indebida el cargo, toda vez que el período para el que fueron electos concluyó el pasado 20 de julio. El caso del magistrado presidente Daniel Ruiz Morales aclaró que es diferente porque es inamovible.Vaca recordó que en el régimen del gobernador Miguel Alemán Velasco (1998-2004) se reformó la Constitución Política local y en su artículo 59 se establece que “los magistrados durarán en su cargo diez años improrrogables y sólo serán removidos de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución”Álvarez Montero y Gregorio Valerio, expuso Vaca, fueron nombrados con base a la reforma de la Constitución local que entró en vigor en enero del 2000, “por lo que saben que permanecer más tiempo en el cargo es inconstitucional”.
Para el abogado porteño, los dos magistrados se cobijan bajo una interpretación equivocada de la Constitución, en el sentido de que fueron electos en un nuevo nombramiento y que eran otros 10 años.“Eso no es cierto porque ellos ni un día dejaron de ser magistrados, desde que tomaron protesta como tal. Estaban en función y fueron transferidos al nuevo Tribunal Electoral. No pueden ser reelectos; ellos van a alegar que es un nuevo nombramiento, mentira, ellos no han dejado de ser ni un día magistrados, además si se les da un nuevo nombramiento es que los reeligieron”.
Sin embargo, al preguntársele acerca de esta situación como una causal de la posible invalidez de la elección del pasado 4 de julio, Vaca Betancourt dijo que no pasa nada, ya que hay criterios muy definidos de lo que es la inconstitucionalidad de origen que los actos llevados a cabo por los funcionarios, pese a que su estancia en el cargo fuese inconstitucional.