Luego de haber confirmado la validez de las elecciones de gobernador de Zacatecas y Durango –por lo que el priista zacatecano Miguel Alonso Reyes ya tomó posesión el pasado domingo12, mientras que el duranguense Jorge Herrera, también del PRI, lo hará este miércoles 15 de septiembre–, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se apresta a dictaminar el caso de Veracruz.
Todo hace suponer que será en el transcurso de la próxima semana cuando los siete magistrados de la sala superior del TEPJF resuelvan las impugnaciones que los ex candidatos y representantes legales de las alianzas PAN-PANAL y PRD-PT-Convergencia promovieron ante esta segunda instancia jurisdiccional por presuntas irregularidades del proceso electoral que favoreció al priista Javier Duarte de Ochoa, declarado ya formalmente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado como gobernador electo.
Se presume que el proyecto resolutivo sobre la elección de gobernador de Veracruz será presentado muy posiblemente en la sesión ordinaria del próximo miércoles 22, una semana después de las fiestas patrias, lo que de entrada evitaría que se malinterpretara que se habría aprovechado intencionalmente la distracción popular por estas festividades del bicentenario de la Independencia para decidir si este polémico proceso electoral debe considerarse legalmente válido.
Y es que hasta ahora, evidentemente, ninguno de los fallos del TEPJF a favor de los gobernadores electos de Zacatecas y Durango ha sido bien recibido por sus opositores. Sin embargo, en ambos casos, la decisión de los magistrados electorales federales fue por unanimidad.
Sobre la elección del estado que gobernaba la perredista Amalia García, el argumento de la coalición PRD-Convergencia para solicitar la anulación fue la “comisión generalizada de violaciones sustanciales” a los principios de sufragio libre, secreto y directo. Sin embargo, para los siete magistrados de la sala superior del TEPJF esta acusación “no fue demostrada de manera plena”. En sesión pública, los magistrados ratificaron por unanimidad la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, con lo cual avaló el cómputo estatal y la validez de la elección de dicha entidad federativa.Al votar en favor del proyecto de sentencia presentado por el magistrado Constancio Carrasco Daza, la magistrada presidenta, María del Carmen Alanís, aseguró que con esta resolución, presentada en tiempo y forma, la sala superior del TEPJF brindaba certeza y seguridad jurídica al resolver las impugnaciones presentadas contra la elección de Zacatecas. Dijo, además, que el sufragio es “el vértice sobre el que se construye el andamiaje institucional del país” y que el TEPJF debía cuidar el mandato de los zacatecanos que acudieron a las urnas.El proyecto señalaba que no se acreditó legalmente la intervención de servidores públicos de Coahuila y Nuevo León en favor del candidato priista Alonso Reyes; que tampoco se demostró fehacientemente que el Partido Revolucionario Institucional o su abanderado hayan adquirido de manera ilegal tiempo en radio y televisión para transmitir mensajes propagandísticos, ni que se hayan realizado actos anticipados de precampaña o campaña que ameritaran quitar al priista su registro como abanderado.
En el caso de la elección de gobernador de Durango, cuya propuesta de sentencia corrió a cargo de la magistrada Alanís, también fue confirmado por unanimidad el triunfo del priista Jorge Herrera, quien ganó con un apretado margen de 15 mil 514 votos, según el cómputo final.En su proyecto resolutivo, la presidenta del TEPJF concluyó que la coalición “Durango nos une”, integrada por PAN, PRD y Convergencia, no demostró que las irregularidades que denunció en los comicios hubieran afectado el resultado de la elección en esa entidad.
Alanís señaló que si bien se reconoce como acreditada la violencia el día de la jornada electoral, esto no fue determinante para el resultado.La misma magistrada, al defender su proyecto, consideró acreditadas dos violaciones ocurridas durante la jornada electoral y denunciadas por la coalición: el robo de seis urnas y disparos al aire de arma de fuego en un centro de votación que impactó en 18 casillas electorales. Sin embargo, dijo, los votos en esas casillas ubicadas en ese centro de votación sí fueron contabilizados, pues sólo se suspendió la recepción de los votos 20 minutos y las irregularidades de ese tipo no fueron ni generalizadas en toda la entidad, y tampoco se consideraron determinantes para el resultado de la elección.Y es que la magistrada presidenta condenó la violencia de las elecciones y advirtió que en caso de acreditarse de manera fehaciente las irregularidades en una elección, lo cual no ocurrió en el expediente de Durango, se puede anular una elección. “El país –dijo– atraviesa por una situación de inseguridad, las instituciones del Estado, así como los partidos políticos como entidades de interés público tenemos el deber de proteger y salvaguardar los proceso democráticos, particularmente en momentos como éste. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación condena todo acto de violencia, en la elección del estado de Durango, tenemos acreditado el robo de seis urnas en la elección de gobernador y el disparo de armas al aire en 18 casillas ubicadas en un centro receptor de votación. Aun cuando no se trató de hechos generalizados todo acto de violencia es reprochable”.Justificó su propuesta de no anulación de los comicios porque los hechos en Durango no consiguen acreditar lo que señala la ley para anularlos, pero aseguró que esto no suponía que este órgano jurisdiccional tolerara este tipo de violaciones que pueden llevar a una nulidad. “Tengan la seguridad de que esta Sala Superior, teniendo acreditados los hechos y la afectación a los comicios, bajo ninguna circunstancia convalidará los resultados en la elección que, de acuerdo con la ley, debe ser anulada”, concluyó.
Pero Alanís concluyó que en Durango la coalición PAN, PRD y Convergencia no pudo acreditar ninguna de sus impugnaciones: ni la injerencia del gobernador Ismael Hernández Deras a favor del candidato del PRI, ni que la difusión de algunos mensajes o programas sociales fueran para beneficiar algún partido político. Por lo tanto, precisaba que no se logró acreditar la iniquidad ni en la contienda ni en los medios de comunicación.Tampoco se acreditó la supuesta parcialidad del instituto electoral local ni la omisión del Tribunal Electoral de Durango para analizar los expedientes presentados por la coalición opositora.Por todo lo anterior, la magistrada presidenta del TEPJF propuso confirmar el triunfo del PRI en Durango aunque con la modificación del cómputo final de la misma elección.
¿Alguien tiene duda acerca del sentido en que muy posiblemente será propuesto el proyecto de sentencia la próxima semana sobre la elección de gobernador de Veracruz?
Todo parece indicar que será validado el triunfo del priista Javier Duarte, pues los magistrados no tomarán una decisión contraria basada en puras suposiciones. A menos, claro está, que haya ocurrido un milagro y en el llamado “alegato de oreja” los impugnadores hubieran presentado de última hora pruebas legalmente válidas para acreditar las presuntas violaciones al proceso electoral y que hubiesen demostrado fehacientemente que sí impactaron en el resultado de los comicios.