El diputado federal Julio César Godoy Toscano, del PRD, es blanco de una feroz campaña de linchamiento mediático por sus presuntos vínculos con el cártel michoacano de “La Familia”. Hace unos días, la PGR filtró en noticieros de radio y televisión una de las 48 grabaciones de supuestas conversaciones telefónicas del medio hermano del gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy, con el capo Servando Gómez Martínez, “La Tuta”. Pero el legislador desmintió que se trate de su voz, y además arguyó que los jueces desecharon éstas y otras pruebas en el proceso penal que iniciaron en su contra previo a las elecciones federales de julio de 2009.
Ayer, Godoy Toscano renunció a su militancia perredista luego de reprochar la falta de apoyo y de un pronunciamiento político público por parte de la dirigencia nacional del PRD. Independientemente de si es inocente o no de los cargos que le imputan, el caso del diputado federal michoacano debe incomodar a la cúpula y militancia del PRD que actualmente busca aliarse con el partido del presidente Felipe Calderón, el PAN, para disputarle al PRI la gubernatura del Estado de México en el 2011.
Y es que el proceso penal que se le sigue a Godoy por sus presuntos vínculos con “La Familia” es parte del llamado “michoacanazo”, la investigación más importante del sexenio que se vino abajo y dejó en ridículo al ex procurador Eduardo Medina Mora, actual embajador de México ante el Reino Unido. El Poder Judicial federal derribó en 16 meses la pesquisa. Dejó en libertad a 34 de 35 servidores públicos acusados de estar ligados a “La Familia”, incluidos alcaldes, policías, un juez, un procurador, un secretario de Seguridad Pública y colaboradores cercanos del gobernador Godoy Rangel.
Este caso debiera ruborizar también a los perredistas veracruzanos que en el proceso electoral de este año le extendieron un cheque en blanco al candidato del PAN a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares, para el cual promovieron el “voto útil” ante la aparente debilidad del abanderado de la alianza PRD-PT-Convergencia, Dante Delgado.
¿Qué diferencia hay entre los señalamientos contra Godoy Toscano y los antecedentes de Yunes Linares? Casi ninguno. Sólo que el neopanista veracruzano tiene o tenía todo el apoyo político de su ex jefe, el presidente Calderón, quien primero lo nombró director general del ISSSTE y luego lo impuso como candidato del PAN al gobierno de Veracruz.
Por eso se duda que la “guerra” de Calderón contra el narcotráfico realmente sea a fondo y sin concesiones. En febrero de 2006, por ejemplo, José Antonio Ortega Sánchez, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública de la COPARMEX, acusaba que “es evidente que hay una protección (al capo Joaquín Guzmán Loera)... Pareciera que es el narcotraficante protegido por las autoridades que tienen la obligación de detenerlo. Da la impresión de que la lucha contra las drogas sólo se carga a una organización y no a todas... A ‘El Chapo’ no le pegan ni con el pétalo de una amapola”.
El 19 de enero de 2001 el líder del Cártel de Sinaloa escapó mágicamente del Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, con la presunta colaboración de sus ujieres en la Secretaría de Seguridad Pública federal, específicamente en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana que encabezaba Yunes en la administración del presidente Vicente Fox.

Y es que existen versiones de que un trimestre antes de la fuga del “Chapo” Guzmán, las autoridades federales fueron advertidas sobre el plan que preparaba el narcotraficante; sin embargo no se tomó ningún tipo de previsión.
El 22 de octubre de ese año, un interno del penal llamó a la Dirección de Prevención y Readaptación Social para denunciar el plan de fuga de Guzmán, Héctor “El Güero” Palma, y Arturo Martínez, “El Texas”; el telefonema, según la UEDO, fue recibido por una funcionaria de ese lugar, de nombre Sandra Ortega Rivas, hoy titular de la delegación regional norte del ISSSTE en el Distrito Federal y cercana por todos lados al ex candidato del PAN.
El asunto se archivó. Jorge Tello Peón y Enrique Pérez Rodríguez, en ese momento titulares del CISEN y de Prevención y Readaptación Social, respectivamente, conocían el caos que prevalecía en el CEFERESO. Pérez Rodríguez, incondicional de Yunes, permitió personalmente irregularidades y se opuso a la reubicación de Joaquín Guzmán. En esa ocasión, Pérez Rodríguez, ex delegado del ISSSTE en Veracruz, fue acusado directamente por el entonces subdirector de Seguridad y Custodia del penal, Antonio Aguilar Garzón, versión que cuadra con las ofrecidas por otros custodios.
La fuga de “El Chapo” Guzmán se realizó cuando el director del penal era Leonardo Beltrán Santana (sentenciado a 18 años de cárcel), amigo también de Yunes. Asimismo, cuando se dio el intento de fuga de Héctor “El Güero” Palma, del mismo penal en diciembre de 2002, el director del mismo era Alfredo Lara Guerrero, otro cercano al neopanista.
En la página 33 de su libro “Máxima seguridad: Almoloya y Puente Grande”, el periodista Julio Scherer García cita la entrevista que tuvo con Evaristo Nucamendi Barradas, quien señaló directamente a Enrique Pérez como el artífice de la fuga de Guzmán: “Un día vino Pérez Rodríguez (a Puente Grande) y la fuga fue al día siguiente.
“Yo no estuve presente, dicen que llegó y le dijo (a Joaquín Guzmán): ‘prepara a dos de tus gentes porque te voy a mandar al COC (Conductas Especiales). Hay demasiada presión y ya no te puedo tener aquí. Agarra a dos gentes para que te acompañen’ ”.
Otro de los implicados y sentenciados por la fuga de “El Chapo” es Luis Francisco Fernández Ruiz, (a) “El Celaya”, en ese momento comandante de custodios en el CEFERESO de Puente Grande; vinculado en su momento con el también presunto narcotraficante veracruzano Augusto Lagunes Rosado, (a) “El Camachín”, y gente cercana del equipo de Yunes Linares –básicamente auxiliar de Juan Herrera Marín cuando fue titular de la DGSPE– en su época como secretario general de Gobierno en Veracruz e incrustado posteriormente en el área de prevención federal.
A Fernández Ruiz se le acusó de ser el principal protector del narcotraficante. Según archivos hemerográficos, esta persona habría recibido 10 mil dólares mensuales de cada uno de los tres capos (“El Chapo”, “El Güero” y “El Texas”).
Una versión apunta que la fuga de Guzmán Loera habría sido concertada con el equipo de Yunes Linares a través de Albino Quintero Meraz, a quien el ex candidato panista habría conocido desde 1992. A su vez, Quintero era amigo y operador del “Chapo”.
En 2004, la revista “Proceso” estableció el presunto nexo de Yunes con Quintero Meraz, (a) “El Orejón” o “Don Beto”, con base en declaraciones de testigos protegidos y documentos de la Drug Enforcement Administration (DEA). Según esta versión periodística, entre 1995 y 1996 el ex candidato del PAN habría recibido hasta 15 millones de dólares del narcotraficante como pago por “protección”.
Yunes habría permitido a lo largo del sexenio del gobernador Patricio Chirinos, entre 1992 y 1997, el establecimiento de un corredor para el trasiego aéreo y terrestre de toneladas de cocaína, según reveló un informe “confidencial” del extinto comandante de la AFI, Juan Carlos Ventura Moussong –asesinado en julio de 2002, dos meses después de la detención de Quintero Meraz–, dirigido a la Coordinación General de la UEDO-PGR, fechado el 26 de octubre de 2001, en el cual se detalla: “A finales de 1995 Albino Quintero Meraz arregló su arribo y operación en Veracruz con el Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares mediante la entrega de 10 millones de dólares...”.
Esta relación habría quedado inmortalizada incluso en un corrido de “Los Tucanes” de Tijuana, donde se menciona cómo Quintero “compró” la plaza en dicha cantidad.
Posteriormente, Joaquín Legarreta, Asistente y Agente Especial de la DEA, en noviembre de 2001 dirigió una misiva al comandante Ventura para advertirle: “Existe una gran preocupación en la oficina de la DEA en la Ciudad de México, en virtud de que la organización de narcotraficantes que encabeza Albino Quintero continúa permeando las esferas de gobierno... las investigaciones que en forma conjunta realizamos obligan a iniciar un proceso con orden de arresto en contra del individuo Miguel Ángel Yunes Linares (dadas) sus constantes reuniones con fines delictivos con los Barones de la droga: su paso por el gobierno de Veracruz y actualmente en el Gobierno Federal lo ubica con un potencial que debe ser de inmediato frenado”.
En la averiguación previa 1226/MPFEADS/98 se citan las declaraciones del ex chofer de Albino Quintero y testigo protegido, Gildardo Muñoz Hernández. Asegura que Yunes Linares asistía a los cónclaves de su jefe con el entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, en el yate “Ashley” en Cancún. De igual forma, el también testigo protegido Carlos Alberto Treviño Escobar (clave de testigo “Sergio”) señaló que entre “los funcionarios que protegen a Albino están el que era gobernador, Patricio Chirinos; el que era Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes. A éstos se les entregó por la plaza 15 millones de dólares”.
Agrega Treviño Escobar que Quintero recibió ayuda de Yunes cuando fue denunciado por la compra sospechosa de una residencia en el fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río. La denuncia no prosperó debido a la presunta intervención de Yunes Linares.
Las supuestas ligas de Yunes con el narcotráfico han sido señaladas hasta por el llamado Ejército Popular Revolucionario. El EPR aseguró en 2008 que Yunes Linares “encabeza a la mafia que trafica ilegales y a través de dicho grupo delictivo controla la venta de vino y drogas y es el principal y directo organizador de las bandas paramilitares para asesinar dirigentes campesinos y a obreros...”.
Y en su señalamiento el EPR afirmó que “las atrocidades” de Yunes “tienen impunidad porque él está al servicio del aparato de represión gubernamental panista, no de en balde los del PAN lo consideran ‘entrón’ ”.
¿Por eso ahora el presidente Calderón lo mandó de candidato a gobernador de Veracruz, pese a que en 2006 él mismo lo habría vetado para la senaduría?