Aunque finalmente terminó yéndose en septiembre pasado, pero la primera vez que la ex contralora Leslie Garibo Puga amagó con renunciar a su cargo fue en febrero de este año.

Según las versiones recogidas aquella vez por el reportero Noé Zavaleta, del semanario Proceso –quien tuvo acceso a una conversación por WhatsApp que equivocadamente Garibo Puga compartió en un chat entre militantes de MORENA, con los cuales estaba vinculada desde que fungía como representante de su partido ante el INE–, su intento de renuncia se habría dado debido a que luego de dos meses transcurridos de la administración del gobernador Cuitláhuac García, la entonces titular de la Contraloría General del Estado y su equipo de trabajo “fueron incapaces” de encontrar irregularidades, expedientes de declaraciones patrimoniales incompletos o alguna información concreta que sirviera de contexto para interponer querellas penales en contra de ex colaboradores del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.

“No es que los panistas y yunistas no hayan robado, es que en la Contraloría fueron tan tontos que en dos meses no pudieron encontrar nada. Y con el tema de gobernabilidad tan complicado, urgía, apremiaba una cortina de humo”, le explicó su fuente al periodista.

Algo similar está ocurriendo actualmente en la Fiscalía General del Estado (FGE), de donde finalmente lograron sacar, mediante un turbio proceso legislativo, al ex titular Jorge Winckler y al ex fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres, ambos prófugos tras las órdenes de aprehensión que fueron liberadas en su contra.

En lugar de Winckler, el Congreso local dominado por MORENA designó como encargada provisional de la FGE a Verónica Hernández Giadáns, quien se venía desempeñando como directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno, pero la cual carece de experiencia en materia penal.

Por eso no es fortuito que Hernández Giadáns y su equipo recibieran su primer revés con el polémico proceso iniciado en contra de la ex secretaria de Finanzas y Planeación, Clementina “Tula” Guerrero, y del ex tesorero Adrián Viccon Basto, los cuales obtuvieron la protección de la justicia federal, quedando sin efecto las órdenes de aprehensión que habían sido libradas en su contra. La misma suerte estaría por correr también el ex subdirector de Operación Financiera, Luis Francisco Virués Hernández, y el ex subsecretario Bernardo Segura Molina, el único recluido en el CERESO de Pacho Viejo.

De este caso se hizo cargo directamente la abogada cuenqueña Marcela Aguilera Landeta, coordinadora de Investigaciones Ministeriales de la FGE, quien al parecer tampoco tiene gran experiencia como litigante, pese a que de 2010 a 2011 se desempeñó como titular de la Subprocuraduría Regional de Justicia en Cosamaloapan, y luego fue Fiscal en Delitos Electorales.

Y es que los orígenes de Aguilera Landeta están en la lucha campesina: fue muy cercana al extinto líder de la UGOCP, Margarito Montes Parra; fue diputada local por el distrito de Tierra Blanca, y directora general de la Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria del Gobierno del Estado.