Este lunes, en el Senado de la República, fue presentada la Reforma con y para el Poder Judicial de la Federación, en cuya ceremonia el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, reconoció que existen casos de corrupción que, si bien están focalizados, tienen hondas raíces y un profundo impacto, por lo que para combatirlos, dijo, “hemos intensificado las investigaciones, hemos destituido y suspendido a jueces y magistrados, hemos aumentado el número de visitas extraordinarias, como mecanismo de auditoría especializada para órganos jurisdiccionales.”

Pero si eso sucede en el Poder Judicial federal, qué no se dará también en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Para muestra un botón. El más reciente. El abogado Marcos Calles Tejeda presentó este miércoles, ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, en Xalapa, una denuncia de hechos en contra de Oscar Hernández Carmona, Juez interino de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial del puerto de Veracruz; de Yolanda Lizeth Guevara Oliva, en su carácter de personal del Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral del mismo Distrito Judicial, y de Cayetano Domínguez, delegado de Servicios Periciales de Veracruz, por la comisión de posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencia y los que resulten.

La denuncia es consecuencia de un polémico litigio por la disputa del predio denominado La Pichancha, valuado en alrededor de 40 millones de pesos, el cual se ubica en la antigua hacienda Santa María Buena Vista, municipio de Alvarado.

Según asegura Calles Tejeda, Sergio López Martínez, apoderado legal de Javier Barquín Gómez, quien reclama la propiedad del predio, y el abogado Hugo Anselmo Rascón Domínguez habrían sobornado al juez Hernández Carmona y a los otros dos servidores judiciales denunciados.

Y es que el 2 de septiembre de este año, López Martínez interpuso denuncia ante el Fiscal tercero de la Sub Unidad Integral de Boca del Río, por presunto delito de despojo en contra de quien o quienes resulte responsable, iniciándose la Carpeta de Investigación número UIPJ/D-XVII/SUA/225/2019.

Pero el 16 de octubre, dentro de esa misma carpeta, se presentó formal denuncia en contra de Barquín Gómez, Elías de Jesús Caballero Rosas y Sergio López Martínez, pues una semana antes se presentaron diversas pruebas que demuestran la posible aportación de pruebas falsas por parte del querellante López Martínez.

Calles Tejeda acusó además que sorpresivamente el 8 de octubre recibió un citatorio, ordenado por el juez denunciado, en el que le ordena comparecer al día siguiente para la celebración de una audiencia, cuando en la mencionada carpeta de investigación el fiscal de conocimiento aún no le ha dado el carácter de investigado. Además, indebidamente, envió también un citatorio similar a su mismo domicilio para requerir al abogado Juan Martínez.

Según Calles, Barquín Gómez gritó “en el predio adjunto del cual quiere apoderarse”, que ya había dado “dinero suficiente” al Juez para que detuvieran las obras del mencionado inmueble, así como a los otros funcionarios judiciales.