Mientras en materia de seguridad pública y salud Veracruz sigue encabezando los índices nacionales de secuestros, feminicidios, dengue y SIDA, en cambio, por su buen manejo de las finanzas públicas, el gobierno de Cuitláhuac García acaba de recibir un nuevo espaldarazo, ahora por parte de Fitch Ratings, una de las tres calificadoras financieras internacionales más reconocidas.

Por supuesto que todavía falta que esta calificación de BBB que Fitch le ha otorgado al Gobierno del Estado se refleje en el bienestar de los veracruzanos.

Sin embargo, debido al orden, transparencia y disciplina financiera que José Luis Lima Franco ha impuesto como titular de la Sefiplan, las finanzas públicas comienzan a fortalecerse

En estos diez meses, la administración de Cuitláhuac García empezó a recomponer el desaseo heredado por los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, quienes dejaron las finanzas en terapia intensiva.

Durante la administración duartista, por ejemplo, Moodys pasó de otorgar una calificación de (A-) en 2014 a de (B-) en 2017, significando una caída de nueve escalones.

Por su parte, HR Ratings otorgó (A-) en 2014 y (BB) en 2017, descendiendo cinco escalones en la calificación. Y Fitch bajó de (BBB) en 2014 a (BB-) en 2016.

La falta de transparencia en los estados financieros, el manejo discrecional de los recursos, el sobreendeudamiento que ha vivido el Estado durante la última década, la poca o nula disciplina financiera con la que se había actuado, el excesivo gasto en el que incurrían los servidores públicos, el uso de la famosa “licuadora”, el desorden que había en la planeación, revisión, asignación, aplicación, supervisión y control del gasto, entre otras muchas variables, pusieron al Estado en los peores lugares a nivel nacional en materia financiera.

Veracruz, con Duarte, vivió la situación de deterioro y abuso más crítica, la cual se mantuvo prácticamente igual durante la administración de Yunes.

Ahora, Fitch destaca que la administración está implementando políticas de control y monitoreo del gasto sustentado en un marco normativo local a través de la Ley de Austeridad, Ley de Planeación y Ley de Remuneraciones, con el objetivo de eficientar y reorientar el uso de los recursos hacia áreas prioritarias como desarrollo social, seguridad pública, infraestructura y turismo.

Además de que estima que las medidas normativas respecto al control del gasto permitirán destinar mayores recursos a proyectos y obras de inversión, a lo que Fitch dará puntual seguimiento.

Respecto a la deuda de largo plazo, Fitch considera que, de concretarse de manera exitosa este proceso de reestructura de la deuda, las métricas de sostenibilidad y de repago de la deuda podrían fortalecerse, pues permitiría al Estado destinar mayores recursos a otras áreas del gasto.

Y la Perspectiva Positiva también podría materializarse si el margen operativo generado en combinación con un proceso de reestructura de la deuda de largo plazo permite suavizar el pago del servicio de la deuda de tal forma que las métricas de repago y de cobertura se fortalezcan.