Como a muchos sorprendió la forma en que los operadores legislativos de Palacio de Gobierno maniobraron para sacar sin ningún problema la designación de la ex procuradora fiscal de la Sefiplan, Delia González Cobos, como auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), entonces no faltaron los que desde aquel jueves 26 de septiembre comenzaron a preguntar qué fue lo que les habrían dado o prometido a esos mismos diputados del PAN, PRD e independientes que a principios de febrero de este año habían echado abajo el juicio político que en ese entonces gobernantes y legisladores de MORENA pretendían iniciarle a Jorge Winckler para sacarlo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con el paso de los días han ido saliendo a la luz algunas de esas presumibles negociaciones. Así, por ejemplo, recientemente quedó al descubierto las cuotas que a los grupos de poder representados en el Congreso local les cedieron de las 13 magistraturas que estaban vacantes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Pero ahora ha trascendido también que hasta al grupo del ex dirigente estatal del PAN, Pepe Mancha Alarcón –representado por el diputado Sergio Hernández, aún coordinador de la bancada blanquiazul–, le habría tocado su rebanada de pastel con la permanencia de dos personeros claves tanto en el ORFIS como en la FGE, los cuales formarían parte de una auténtica red de delincuencia organizada implicada en casos de evasión fiscal por el presunto tráfico de facturas falsas que les habrían estado vendiendo a tesoreros municipales, cuyos millonarios desvíos de recursos han sido sospechosamente encubiertos en el máximo ente fiscalizador y en la Fiscalía por sus supuestos cómplices.

Nos citan, por ejemplo, el caso del C.P. Pedro Benítez Domínguez, quien pese a tener sendas denuncias por 22.5 millones de pesos como tesorero municipal de Naolinco, y otra por 17.5 millones de pesos del ayuntamiento de Actopan derivadas de las cuentas públicas municipales 2017 y 2018, respectivamente, fue nombrado a principios de este año en la Tesorería de Tuxpan por el alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha, primo hermano del ex dirigente yunista del PAN.

Y es que el actual tesorero tuxpeño es hermano de Javier Enrique Benítez Domínguez, quien habría sido ratificado como director de Seguimiento de Auditoría Municipal del ORFIS.

A esta camarilla pertenecería también Carlos Delgado, otro incondicional de Pepe Mancha Alarcón, que no obstante la salida de Winckler y de Marcos Even Torres todavía continúa en la Dirección de Procesos de la Fiscalía Anticorrupción, desde donde habría ordenado el archivo temporal de las denuncias en contra del tesorero de Tuxpan.

A esta red de presuntos traficantes de facturas de empresas fantasmas pertenecería también el actual tesorero municipal de Úrsulo Galván, Oscar Viveros, quien en la Legislatura anterior se desempeñó como secretario de Fiscalización del Congreso local, protegido por la ex coordinadora de los diputados perredistas, Yazmín Copete Zapot, suegra de la diputada local por Santiago Tuxtla, Brianda Kristel Hernández Topete.