Este martes 29, el gobernador Cuitláhuac García hizo cabal justicia a los 139 familiares deudos de los policías caídos en el cumplimiento de su deber.

Y es que aparte del reconocimiento público a la labor heroica de los sacrificados elementos de seguridad, el mandatario estatal del MORENA les entregó escrituras y llaves de casas habitación a sus viudas e hijos.

A través del Instituto Veracruzano de la Vivienda se destinaron 19 millones 962 mil 79 pesos para la construcción de estas 40 casas habitación, de las cuales 4 se ubican en el municipio de Tuxpan, 18 en Xalapa, 4 en Medellín, 7 en el puerto de Veracruz, 4 en Orizaba y 3 en Minatitlán.

“Con honestidad y transparencia en adquisición de viviendas se dio cumplimiento a la Ley 290, bajo la cual las secretarías de Seguridad Pública y de Desarrollo Social, de manera coordinada y con atención humana, aportaron, respectivamente, 10 millones de pesos la primera; en tanto que la segunda 10 millones de pesos más a través de INVIVIENDA; otorgando casas con las debidas características para cada una de las familias”, detalló el mandatario veracruzano.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, reprochó que las tres administraciones anteriores ignoraran las necesidades de estos deudos, los que hoy, “por fin, cuentan con un hogar”. El titular de la SSP presumió que nunca como ahora, “la Policía Estatal había sido tan beneficiada con aumentos de sueldos”, refiriendo que “nos encontramos dentro de las diez corporaciones mejor pagadas”, además de contar “con mejores unidades, equipamiento táctico y uniformes”.

Sin embargo, hay otros casos de policías desaparecidos que, al igual que sus familias, desde hace más de seis años siguen esperando justicia y la obligada indemnización de ley.

Ahí está, por ejemplo, la Recomendación 24VG/2019 que el pasado viernes 25 de octubre dirigió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobernador y a la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadans, por la desaparición forzada de ocho policías municipales de Úrsulo Galván, ocurrida desde el 11 de enero de 2013 y atribuible a 15 agentes del entonces denominado “Grupo Tajín” de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

La CNDH recomendó al mandatario veracruzano “reparar el daño a las víctimas indirectas, incluyendo compensación y/o indemnización, así como inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, proporcionarles atención integral, y ofrecer una disculpa pública institucional por las omisiones y la impunidad derivada de la desaparición forzada”, mientras que a la SSP le instruyó “concluir el Procedimiento Disciplinario contra los 15 agentes estatales iniciado en 2017”, y que “la Comisión de Honor y Justicia deslinde responsabilidades”. Y  a la FGE la emplazó a “continuar la integración de la investigación y esclarecer los hechos” así como colaborar con el Organismo Constitucional Autónomo “en la presentación de la queja que formule contra el personal ministerial que participó en la investigación, por las irregularidades cometidas…”