Aparte del caso de Emilio Cárdenas Escobosa –ex coordinador de asesores de Tomás Ruiz González, ex secretario duartista de Infraestructura y Obras Públicas y ex titular de la Sefiplan–, quien actualmente preside el Comité Coordinador Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, existen otros más que están sembrando serias dudas de que la actual administración del gobernador Cuitláhuac García esté realmente decidido a combatir a fondo la corrupción, una de las principales banderas del régimen lopezobradorista de la Cuarta Transformación (4T).

Y es que otro ejemplo es el de Miguel Ángel Vega García, ex titular del Órgano Interno de Control de la Sedesol y de la Sedatu, que durante el sexenio anterior encabezó Rosario Robles –actualmente en prisión por el proceso penal que la FGR le inició por el megafraude de la llamada “Estafa Maestra”–, el cual viene despachando muy discrecionalmente desde febrero de este año como director general de Anticorrupción y Transparencia de la Contraloría General del Estado.

Pero además, la semana pasada, en este mismo espacio periodístico aludimos también a la permanencia de dos funcionarios claves en el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y en la Fiscalía General del Estado (FGE), los cuales formarían parte de una auténtica red de delincuencia organizada implicada en casos de evasión fiscal por el presumible tráfico de facturas falsas que les habrían estado vendiendo a tesoreros municipales, cuyos millonarios desvíos de recursos han sido aparentemente encubiertos en el máximo ente fiscalizador y en la Fiscalía Anticorrupción por sus presuntos cómplices.

Citamos el caso de Pedro Benítez Domínguez, a quien pese a tener sendas denuncias por 22.5 millones de pesos como tesorero municipal de Naolinco, y otra por 17.5 millones de pesos del ayuntamiento de Actopan derivadas de las cuentas públicas municipales 2017 y 2018, respectivamente, le asignaron a principios de este año la Tesorería de Tuxpan.

Y es que referíamos que el actual tesorero tuxpeño es hermano de Javier Enrique Benítez Domínguez, director de Seguimiento de Auditoría Municipal del ORFIS, con cuya camarilla estaría coludido también Carlos Alberto Delgado, quien aún continúa como director de Procesos de la Fiscalía Anticorrupción, desde donde habría ordenado el archivo temporal de las denuncias en contra del tesorero de Tuxpan.

A esta red de presuntos traficantes de facturas de empresas fantasmas pertenecería también el actual tesorero municipal de Úrsulo Galván, Oscar Viveros, quien en la Legislatura anterior se desempeñó como secretario de Fiscalización del Congreso local –cuya función era auditar también a los ayuntamientos– y quien tuvo la desfachatez de inscribirse en el reciente proceso legislativo para la designación del nuevo auditor general del ORFIS.

Las dudas sobre el combate a la corrupción permean inclusive entre las propias filas de MORENA, pues ayer el diputado federal por Papantla, Jaime Humberto Pérez Bernabé, y el legislador local Magdaleno Rosales Torres hicieron graves señalamientos en contra del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, a quien acusaron hasta de adquirir propiedades en Baja California Sur con recursos públicos.