El Gobierno de Veracruz tiene órganos centralizados y autónomos, como las contralorías general e internas y el Órgano de Fiscalización Superior, que fueron creados para vigilar y auditar el gasto público de los tres Poderes del estado, pero al parecer no han sido suficientes para garantizar el buen ejercicio de los recursos del erario, pues resulta que el presidente del Comité Coordinador Ciudadano Anticorrupción, Emilio Cárdenas Escobosa, acaba de anunciar que está por constituirse una Comisión Permanente Anticorrupción en el Congreso local que, a su vez, se encargará de vigilar al Sistema Estatal, el cual ejercerá el año próximo un presupuesto de solo 32 milloncitos de pesos porque, dijo, les fue recortado el 50 por ciento.

De hecho, sorprende que Cárdenas Escobosa presida ese Comité Coordinador “Ciudadano” Anticorrupción, pues en el sexenio duartista fue coordinador de asesores de Tomás Ruiz González en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, ya que luego de haber renunciado como titular de la Sefiplan en 2012 regresó coincidentemente al gobierno del estado para operar desde la SIOP la renegociación del título de concesión para la explotación del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos de 37 a 45 años, con una ganancia adicional por tarifas de por lo menos 5 mil millones de pesos para el consorcio operador, con mayoría de acciones de la empresa española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), una firma especializada en infraestructura del transporte hídrico, cuyo socio mayoritario es el poderoso magnate mexicano Carlos Slim Helú, actualmente cercano a la 4T.

Sospechosamente, a este megafraude que involucró a las últimas tres administraciones priistas –las de los ex gobernadores Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte–, el ex mandatario panista Miguel Ángel Yunes y su titular de la SIOP, el actual senador Julen Rementería, no le prestaron mucha atención.

Este escandaloso caso generó ruido mediático porque precisamente en junio de 2015 la bancada del PAN en la LXIII Legislatura local, de la que Rementería formó parte, había votado en contra de la renegociación de este título de concesión que originalmente había sido otorgado el 22 de septiembre de 2004 a Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos.

Inclusive, Joaquín Guzmán Avilés, a la sazón coordinador del grupo legislativo del Acción Nacional –cuya dirigencia estatal del partido blanquiazul ahora está por asumir– reprochó en esa ocasión a priistas que “lo que están haciendo es un albazo, están tratando de dejar al estado sepultado, sobre todo financieramente quebrado, totalmente.”

Y es que este decreto autorizaba concluir el túnel en un plazo no mayor de 12 meses –a partir de septiembre de 2015– y que la concesionaria aportara los recursos necesarios para la terminación de la obra, alrededor de 600 millones de pesos, una inversión mínima comparada con los recursos que en los últimos 10 años le había inyectado el Gobierno del Estado, pues de los 2 mil 066 millones de pesos invertidos inicialmente en 2004 había pasado a 4 mil 913 millones a finales de 2014.