El sábado anterior, el periodista xalapeño Alejandro Aguirre –quien a principios de julio de este año inició la serie de entrevistas que el ex gobernador Javier Duarte comenzó a dar a medios veracruzanos desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México– hizo la siguiente observación a través de su cuenta de Twitter: “Después de semanas con mucha actividad, Javier Duarte desapareció de las redes sociales desde el pasado día 15, tampoco escribió su columna. ¿Qué habrá ocurrido?”

Un día antes del tuit del colaborador del portal digital de Carlos Loret, el viernes 25, el ex mandatario priista de Veracruz recibió dos noticias muy desagradables que parecen explicar su súbito mutismo.

Una fue el citatorio que a solicitud de la Fiscalía General de la República y de la cancillería mexicana le entregaron en Londres a su ex esposa Karime Macías para que compareciera este martes por la mañana a una audiencia de extradición ante la autoridad judicial británica, debido a la orden de aprehensión que en mayo de 2018 le giró un Juez de Control de Xalapa por el presunto desvío de 122 millones de pesos del DIF estatal.

Macías Tubilla fue momentáneamente detenida pero logró, mediante una fianza de 150 mil libras esterlinas, seguir el proceso de extradición en libertad. Sin embargo, contra lo que muchos suponían, su caso se mantiene vivo legalmente.

La otra noticia que debió preocupar también a Duarte fue la Recomendación 24VG/2019 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió al gobernador Cuitláhuac García y a la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadans, por la desaparición forzada de ocho policías municipales del municipio de Úrsulo Galván, ocurrida el 11 de enero de 2013 y atribuible a 15 agentes del denominado “Grupo Tajín” de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a cargo entonces de Arturo Bermúdez Zurita, su incondicional.

El caso es sumamente grave porque se trata de un delito de lesa humanidad.

La CNDH acreditó que “la SSP-Veracruz no realizó las investigaciones sobre la participación de los agentes del entonces denominado ‘Grupo Tajín’ aun cuando existían elementos de convicción que involucraban su participación en el caso”, y que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado  “no realizó de manera inmediata las diligencias de búsqueda y localización”, sino que hubo “omisiones y dilación en la investigación ministerial de los hechos”, ya que “a más de seis años no se tienen resultados sobre el paradero de los policías municipales de Úrsulo Galván” y tampoco “se cuenta con evidencias suficientes que conduzcan a la identificación y detención de las personas presuntamente responsables.”

Por ello, con base en los hechos reseñados en la Recomendación 24VG/2019, el Organismo Constitucional Autónomo anunció que presentará denuncia ante la Fiscalía Estatal contra los 15 agentes integrantes del entonces “Grupo Tajín” de la SSP-Veracruz, “y quienes resulten responsables, por la desaparición forzada de las víctimas, así como una queja de responsabilidad administrativa contra los mismos funcionarios.”