El caso de Karime Macías parece ser muy similar al de otros ex funcionarios duartistas que con carpetas de investigación deficientemente armadas por la Fiscalía del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares sólo fueron llevados a prisión con fines políticos y propagandísticos, tanto para consolidar la imagen “justiciera” de esa fugaz administración estatal del PAN como para allanarle el camino al primogénito del ex mandatario panista rumbo a la gubernatura en 2018.

Y es que ahora que la Fiscalía General de la República y la Cancillería mexicana han reactivado el proceso de extradición de la ex Primera Dama de Veracruz, actualmente radicada en Londres, Inglaterra, vale la pena preguntar por qué la Fiscalía General del Estado y la entonces Procuraduría General de la República dejaron ir a Karime y a sus familiares a mediados de abril de 2017, tras la detención del ex gobernador Javier Duarte en Guatemala, si ya por esas fechas a la aún esposa del ex mandatario veracruzano se le vinculaba con la red de lavado de dinero del prófugo ex gobernante, y sus padres Jesús Antonio Macías y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, así como su hermana Mónica Ghihan Macías Tubilla y su cuñado José Armando Rodríguez Ayache eran investigados por la PGR que, inclusive, les había asegurado sus cuentas bancarias.

Alberto Elías Beltrán, a la sazón subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y posteriormente encargado de la PGR, dijo en abril de aquél año que la esposa de Duarte y sus familiares fueron dejados en libertad porque “(Karime Macías) no tiene ninguna solicitud para una detención con fines de extradición”.

“Están libres, no tienen ninguna situación de enfrentar la justicia mexicana, entonces ellos pueden moverse libremente en México”, declaró Elías Beltrán en la conferencia que ofreció en la Embajada de México en Guatemala.

¿Por qué la Fiscalía General de Veracruz, a cargo de Jorge Winckler, no solicitó entonces a la PGR que se detuviera y extraditara también a Karime, si desde febrero de 2017 ya había recibido una primer denuncia de hechos en contra de la ex presidenta del DIF estatal por el presunto desvío de 41 millones de pesos durante el primer año de la administración duartista?

Y es que fue hasta finales de mayo de 2018, en pleno proceso electoral, cuando Winckler anunció que había solicitado a la PGR el inicio de procedimiento de extradición de Macías Tubilla, en seguimiento de una orden de aprehensión por el presunto delito de fraude específico, triplicando el presunto daño patrimonial al Gobierno de Veracruz, cuantificado ya en 112 millones 216 mil 820 pesos.

El fiscal de Yunes Linares filtró en esa ocasión a columnistas afines que el escándalo de la esposa de Javier Duarte había hecho avanzar a Miguel Ángel Yunes Márquez “de menos cinco puntos en todas las encuestas con este Bombazo Winckleriano (sic)”, según consignó en su momento el reportero Noé Zavaleta, corresponsal de la revista “Proceso”.