No existe ninguna explicación que justifique que los funcionarios mexicanos que han sido acusados de desvíos de recursos públicos y de lavado de dinero sean las autoridades de otras naciones las que ejerzan las acciones penales, conscientes que en nuestro país existe una impunidad y encubrimiento a la clase política.

Es vergonzoso que sea un país extranjero el que haga justicia y no en México que es el lugar donde se cometió el delito.

El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira triangulaba transferencias millonarias de los Estados Unidos hacia España, con el fin de que se fuera perdiendo el rastro del dinero que sacaba del gobierno del estado utilizando empresas fantasmas, cuyo domicilio fiscal no existía.

Casualmente, el exgobernador Moreira Valdés posee una residencia de lujo en la ciudad de Barcelona, donde es cónsul de carrera el exgobernador Fidel Herrera. Esa casona sin explicación fiscal motivó la acción judicial de las autoridades españolas.

Lo que hacía el expresidente nacional del CEN del PRI es lo que acostumbran realizar los funcionarios federales y estatales sobre los recursos públicos que manejan a su antojo. Actúan de común acuerdo con sus secretarios de Finanzas a quienes los hacen cómplices al dejarlos que también ellos roben.

Entre las acusaciones figura que el entonces gobernador de Coahuila en combinación con otras personas compraron con dinero de las arcas públicas varios medios de comunicación en las ciudades de Torreón y Saltillo.

Ese mismo hecho se investiga en la entidad veracruzana donde funcionarios estatales aparecen como propietarios de órganos informativos. Con el entonces gobernador Patricio Chirinos se realizaron estas operaciones de la compra de un medio impreso en el sur de la entidad y con ese ejemplo en las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte extraoficialmente aseguran que se efectuaron inversiones en diversos medios y agencias noticiosas en las ciudades de Veracruz, Poza Rica, Tuxpan, Xalapa y Coatzacoalcos.

Fiscales del estado de Texas descubrieron que Humberto Moreira transfirió a bancos de los Estados Unidos y Bermudas 35 millones de dólares que fueron robados del erario de Coahuila.

Los fiscales tejanos pidieron a las autoridades españolas que detuvieran al gobernador mexicano para llevarlo a juicio por lavado de dinero y por ese delito podría estar en prisión por cerca de veinte años.

Dos décadas encerrado es toda una vida para un servidor público, quien ha ocupado los más importantes cargos dentro del partido político más importante de un país. Esa mancha para el PRI puede afectar los comicios del próximo verano.

No se olvida que Humberto Moreira fue uno de los impulsores del Sindicato de Gobernadores, mejor conocido como la Conago. Además el coahuilense trabajaba como presidente del PRI durante la precampaña y la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

No se descarta que el dinero de la corrupción de los gobernadores se haya utilizado en varios casos para las campañas electorales.