Los desafueros del Fiscal que pretende disfrazar de imparcialidad con un priista


@magzamu


En política la forma es fondo, decía Jesús Reyes Heroles y aquellas frases siguen tan firmes que parecen colocada exactamente para nuestra cotidianidad; la forma de ejercer política dice todo y ahí se suelen leer los mensajes más reveladores y hasta aterradores de lo que acontece en ese que hacer, usado para obtener más y más poder, que se llama política.

La lectura de los desafueros, emprendidos por la Fiscalía del Estado, son formas, que en política se traducen como estrategia; queda claro que no existe autonomía de dicha instancia, pues corresponde a un actuar que favorezca al actuar del poder ejecutivo, persiguiendo o “castigando” a los personajes de oposición que presuntamente han incurrido en uno o varios delitos.

Los casos más recientes se observan en el intento de desafuero de Renato Tronco, personaje incómodo para el actual gobierno del estado y quien actualmente respalda y encabeza diferentes protestas y bloqueos apadrinando a diferentes agrupaciones y organizaciones que demandan y exigen apoyos, igualmente ocurre con el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez a quien pretenden también desaforar pues políticamente resulta una piedra en el zapato para el poder ejecutivo.

En una reunión que sostuvo el pasado sábado, el Gobernador, junto con el próximo dirigente estatal del PRI, Alberto Silva Ramos -a quien ya le fue limpiado el camino-uno de los temas tratados fue la solicitud de desafuero del panista y el encarcelamiento. El odio hacia el padre –Miguel Ángel Yunes Linares- ha ocasionado una cacería no solo a él, sino a los hijos, a quienes el estado les ha buscado por todos lados para proceder de alguna manera.

Ahora bien, toda vez que se ha señalado a la fiscalía que preside el subordinado Luis Ángel Bravo de actuar políticamente al momento de solicitar el desafuero de personajes incomodos, se ha venido orquestando una estrategia alternar con la que el personaje en mención pretende vestirse de imparcialidad y mostrar a la sociedad que su actuar en sin tintes partidistas y que por ende se actúa aun tratándose de personajes priistas.
Así pues, podríamos expresar, que el “chivo expiatorio” (del latín expiatorius) de la fiscalía y obvio del poder ejecutivo del estado, es el aún alcalde priista de Ayahualulco, Abundio Morales Rosas, quien al día de hoy enfrenta un proceso de desafuero ante una aparente orden de aprehensión, al ser acusado de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad en contra de un menor.

Dicho escándalo “porque no parece ser otra cosa” se trata de un chisme o escandalo entre personajes políticos locales, pues fue en el mes de enero de éste año cuando Maximino Enrique Hernández Hernández denunció acoso por parte del alcalde priista, porque no milita en la misma fuerza política y además dijo que su hijo se encontraba preso injustamente, señalando al edil.

Tantos y cuantos casos peores a estos se han presentado en manos no solo de alcaldes sino de diputados y funcionarios, sin que se proceda al respecto; las denuncias suelen ser desechadas o archivadas, pero aquí, con un pez muy flaco, encontraron el caso ideal, para cubrirse de imparcialidad, revivir la denuncia y entonces proceder contra el priista.

Fue a mediados de septiembre cuando la legislatura local dio entrada a la solicitud del Fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras para que se iniciará el procedimiento de declaración por “existir indicios que hacen su probable responsabilidad en un delito”.

Así es que ayer, para dar seguimiento a dicha pantomima, la Comisión Instructora del Congreso del Estado llevó a cabo la audiencia de descargo de pruebas y alegatos en torno al proceso de juicio de procedencia en contra del alcalde y Sindico de Ayahualulco, Abundio Morales Cruz y José Guadalupe Flores Peña, respectivamente, por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

A la audiencia privada asistió el fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, y abogados de los acusados y personal del Área Jurídica la actual Legislatura. Así a partir de este miércoles, la Comisión Instructora del Congreso del Estado tiene tres días hábiles para elaborar el dictamen que determinará si ha lugar o no al desafuero de ambas autoridades municipales. Así la “estrategia” de la fiscalía y del poder ejecutivo del estado.

En lo que va de la presente administración, han sido desaforados los alcaldes de Medellín de Bravo, el panista Omar Cruzy de Coatepec, el priistas Roberto Pérez Moreno, a quien por cierto, primero permitieron que se diera a la fuga para actuar. ¡Así las cosas en Veracruz!