La opacidad es el principal problema que confronta una administración pública. Rafael Arias Hernández, investigador de la UV, plantea la urgencia que exista la total transparencia en el manejo de los recursos públicos, si esto se logra la sociedad veracruzana sabría responder en el pago de sus impuestos y en el cumplimiento de sus obligaciones cívicas.
Hace unos días el economista Arias Hernández exigió de manera pública a Gerardo Buganza Salmerón, secretario de Infraestructura y Obras Públicas, que informe sobre la lista que tiene en su poder de las constructoras y sus propietarios que han incumplido con los contratos. Que se diga el monto de los mismos y los delitos que cometieron.
Mientras que se mantengan en la discrecionalidad en los nombres, permite sospechar que hay complicidad con funcionarios del gobierno o el encubrimiento que también encierra graves responsabilidades.
Se acusan a constructoras y empresarios fantasmas, como la denuncia presentada por el subsecretario Rogelio Hernández, donde se cancelaron contratos a 58 empresas que recibieron anticipos para obras provenientes del Fonden en el año 2010. Recursos para reparar los graves daños causados por los fenómenos metereológicos, pero que terminaron en las cuentas bancarias privadas.
Es de vital importancia esta desigual lucha contra la impunidad que tiene la delincuencia gubernamental, que es más dañina para la sociedad veracruzana que la de los propios grupos del crimen organizado.

El peor estado del país
El gobierno estatal consentido del presidente Peña Nieto es el del estado de México, que maneja Eruviel Ávila. Por tratarse de su solar nativo se le cuida periodísticamente y se ocultan las tristes realidades existentes.
Es en la actualidad la entidad con mayor violencia y en donde en forma alarmante han crecido los cárteles de la droga. Es el estado de México donde hay el mayor número de denuncias de homicidios, extorsiones, secuestros y robo de vehículos.

Aclarar cuentas
Sobre el árbol caído empiezan hacer leña. Los legisladores del PAN quieren saber a conciencia cuál fue el motivo real del despido de los funcionarios Edgard Spinoso y Gabriel Deantes. Nadie se traga el cuento de la falta de lealtad al gobernante, ya que eso no constituye ningún delito.
Los secretarios Fernando Charleston y Adolfo Mota deben aclarar las tropelías de estos funcionarios. Si se confirma el enriquecimiento ilícito que es el que se maneja en los medios, se debe investigar a fondo y deberán devolver esos recursos al erario público y por ende el castigo penal de ese ilícito.
La versión del diputado Joaquín Guzmán Avilés sobre la salida fulminante fue provocada por las multimillonarias irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta del 2012.
La obligada renuncia no resuelve el problema sobre el mal uso de los recursos del pueblo veracruzano, advierte el legislador panista. Es necesario dejar aclaradas esas malas cuentas y denunciar a los responsables. Acción Nacional no cree que solo ellos dos son los únicos delincuentes.
Deberán responder por el daño patrimonial por seis mil millones de pesos que detectó la ASF, según las auditorías practicadas a las secretarías de Educación, Salud y Seguridad Pública.