Si realmente existe en México el propósito gubernamental de terminar con la corrupción y la impunidad, deben mejorar diversas instituciones y de manera particular el Instituto Federal de Acceso a la Información. El órgano estatal del IVAI no tiene autonomía y mucho menos independencia.

Desde hace meses han solicitado personas físicas y morales a esa dependencia estatal que dé a conocer salarios de funcionarios y la partida del gasto corriente en cuanto a nóminas y diversos dispendios, así como la elevada suma que se gasta el gobierno estatal en los diversos medios de comunicación. No obstante que existen reglamentos que obligan a dicha dependencia a dar informes precisos sobre esas partidas de recursos provenientes de los impuestos del pueblo veracruzano, mantienen un ominoso silencio.
Dar autonomía constitucional a fin de transparentar en qué se invierten esos dineros públicos y justificar así mismo dichas inversiones, ya que es del dominio público la mala imagen de las autoridades estatales a pesar de ese enorme gasto que se realiza.
De acuerdo a las nuevas leyes, la publicidad oficial deberá ser canalizada hacia aquellos medios que por su penetración y credibilidad tengan una mayor aceptación en la sociedad local. Quien debe juzgar si el contenido de la publicidad es útil y el vehículo es el adecuado, es el público.
El desprestigio de los periódicos subvencionados es conocido por las secretarías de Estado y se meten en problemas legales, así como los gobiernos estatales sobre estas preferencias de acuerdo al nivel de acatamiento y servilismo de dichas publicaciones.
Ha sido utilizada por los gobiernos desde tiempo atrás la propaganda oficial como un instrumento de control para premiar o sancionar la línea editorial de los medios de comunicación. La asignación discriminatoria de publicidad puede tener la intención de limitar y afectar la libertad de expresión, además que puede ser considerada como un medio indirecto de presión o censura contra la línea crítica de un periódico, lo cual contraviene el ejercicio de la libre expresión.
Ya se han impuesto quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propia Secretaría de Gobernación ha aceptado estas recomendaciones.
El otorgamiento justo de la publicidad no es una potestad del gobierno en turno ni puede ejercerse por capricho. Es una obligación del Estado.
La pertinencia de un anuncio oficial en cualquier medio debería basarse en dos criterios principales, la penetración y la influencia. La penetración es ante todo cuantitativa, pero esta debe calificarse con criterios cualitativos.
¿Qué puede importar a un lector de una revista de amor las reformas educativa o energética emprendidas por el gobierno?
En las recomendaciones de CNDH se señala puntualmente que se violan derechos relativos a la legalidad, la seguridad jurídica y la libertad de expresión e información, al ejercer una censura directa o indirecta a partir de la discriminación en la contratación de la publicidad oficial.
La promesa del presidente Enrique Peña Nieto de generar una ley y crear un órgano autónomo y ciudadano para asignar la publicidad oficial, el cual sería totalmente ajeno a las oficinas de prensa. Esos son los lineamientos del Acuerdo 2013 que establece las normas para las campañas de comunicación social.