La nota de ayer fue, por supuesto, la accidentada instalación de la LXIII Legislatura local; algo que todo mundo veía venir, pero que ningún operador político del Palacio de Gobierno, ni del Poder Legislativo, supo ni pudo prever y desactivar a tiempo.
En vez de recurrir y agotar el ejercicio de la política optaron por lo más práctico: utilizar la fuerza pública, a cientos de policías que desde 48 horas antes acordonaron y bloquearon las calles y avenidas que rodean el recinto del Congreso local, impidiendo el tránsito vehicular de por sí caótico en esa zona de la capital veracruzana.
En la carretera federal Xalapa-Veracruz detuvieron autobuses que trasladaban a maestros del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, lo que obviamente más enardeció a los mentores que decidieron caminar bloqueando esa autopista.
Extraña que, en esta ocasión, los operadores políticos del gobernador Javier Duarte, los mismos que hace tres semanas se apersonaron en el sur del estado y lograron sin golpes ni toletes abrir las válvulas de la presa Yuribia que había cerrado un grupo de maestros disidentes, ahora no hayan hecho valer sus mejores oficios para impedir que la instalación de la nueva Legislatura se realizará sin la represión policiaca que ayer dejó un saldo rojo de varios heridos; situación que desde que inició en la entidad el movimiento magisterial el mandatario veracruzano siempre quiso y procuró evitar.
Hace tres semanas, al término de una reunión con 15 periodistas, Edgar Hernández –exjefe de prensa del gobierno del estado en la administración de don Fernando Gutiérrez Barrios–, conversó en la Casa Veracruz con Duarte de Ochoa, quien negó que le hubieran temblado las corvas ante las movilizaciones masivas de los maestros que simultáneamente desestabilizaron diversas regiones del estado. “¿Entonces por qué no actuó para imponer su autoridad?”, le preguntó el columnista político.
Duarte respondió: “Lo pensé muchas veces. Pedí la opinión de mi equipo de trabajo, de actores políticos diversos, observé la presión de las familias, el justo y airado reclamo de los sectores sociales, la exigencia de la opinión pública, la presión de los periodistas y moderadores de opinión que me exigían actuar, reprimir”.
¿Y...?”, le insistió el reportero.
“Es la tentación del poder. En mis noches de insomnio peleaba con mis infiernos, revisaba el referente histórico del 68, lo sucedido en Oaxaca, la refriega de policías y maestros en Quintana Roo y concluí que no les daría un mártir, una bandera, un pretexto para la insurgencia ‘¡No caeré!’, me dije. ‘¡Yo no les voy a dar ese muerto!’ Más vale un exceso de tolerancia que un caído que marque a mi gobierno. Y pareciera una contradicción, pero no siempre el camino correcto es el más fácil”.
–Ahora bien, ¿apalear era el camino?, le volvió a preguntar el columnista.
“Para mí no –le contestó el gobernador–. Dicen los clásicos que más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la represión”.
Para a mediados de octubre, cuando se realizó esta conversación, Javier Duarte consideraba que el conflicto magisterial ya había “llegado prácticamente a su fin” y que estaba resuelto en un 99 por ciento.
Y es que por ese entonces refería con alivio que “fueron casi dos meses en los que por momentos vimos cómo el desborde popular alcanzaba preocupantes topes, 17 mil maestros marchando por las calles de Xalapa, manifestaciones en Orizaba, el Puerto (de Veracruz), Minatitlán, la presa Yuribia tomada…”
Duarte de Ochoa, según el entrevistador, se negó a reprimir, no así a actuar con mano dura “que no es lo mismo que con mano firme… con la ley en la mano”.
Pero ayer en el Palacio Legislativo hubo maestros golpeados y policías descalabrados, evidenciándose que el descontento magisterial en Veracruz sigue latente, una situación que los operadores políticos del gobierno duartista no debieron minimizar ni ocultarle a su jefe.
Mucho menos permitir también la intromisión de grupos de choque como los de Antorcha Campesina.