Hace una semana, la organización Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) que encabeza Liébano Sáenz, exsecretario particular del expresidente Ernesto Zedillo, presentó un estudio sobre las ciudades más habitables de México, donde analizó los niveles de calidad de vida y de satisfacción con el desempeño del gobierno local en 70 poblaciones mexicanas, entre las cuales fueron incluidas las ciudades de Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos, siendo ésta la novena mejor calificada por los habitantes encuestados.
Entre las variables consideradas por este estudio están las de oferta de vivienda, educación, calidad del aire, opciones de movilidad y transporte, así como el acceso a la cultura. También se analizaron los índices delictivos de cada una de las localidades, razón por la que se descalificó a las que están clasificadas entre las 100 más inseguras del país, a pesar de tener buenas calificaciones en cuanto a calidad de vida: Tampico, Colima, Tijuana, Puebla, Durango, San Luis Potosí, Matamoros, Piedras Negras, Cancún, Saltillo, La Paz y Mexicali.
Un dato alarmante es que 7 de las ciudades evaluadas en el estudio se encuentran en el ranking de las más violentas del mundo: Acapulco, Ciudad Juárez, Culiacán, Cuernavaca, Chihuahua, Ciudad Victoria y Monterrey.
En cambio, de las 10 mejores ciudades para vivir, Querétaro es la que logró los más altos puntajes en todas las categorías, ligeramente superiores a Mérida, y por debajo de Colima, que no fue incluida en esta lista precisamente por su nivel de inseguridad.
Y es que en la capital queretana, a diferencia de Veracruz y otras entidades del país, las autoridades del estado no han dejado ingresar a ningún grupo de la delincuencia organizada.
Y si acaso existiera alguna célula delictiva, ésta ha pasado totalmente desapercibida para la ciudadanía.
De esa lista de 10 –en la que además de Querétaro le preceden Mérida, Hermosillo, Aguascalientes, Pachuca, León y Guanajuato (que tuvieron un empate), Guadalajara y Ciudad del Carmen–, el puerto de Coatzacoalcos figura en noveno lugar debido a que, según el estudio de GCE, las fortalezas de esta ciudad del sur veracruzano son la recolección de basura, el desazolve del drenaje y el control del ambulantaje.
Además, los encuestados consideraron que el manejo de la ciudad por parte del alcalde Marcos Theurel Cotero es “adecuado”.
Sin embargo, tampoco es para que el edil porteño priísta eche las campanas al vuelo, pues en los últimos cuatro meses se han suscitado en Coatzacoalcos una serie de crímenes de destacados personajes del ámbito empresarial y religioso.
La semana pasada fue ultimado a balazos un constructor de origen hidalguense en un popular salón de baile. Su cadáver fue sacado a la calle antes de que llegaran los representantes del Ministerio Público, a los cuales se les habría advertido que más les convenía no moverle tanto al asunto.
En esa región sureña, donde están arribando desde hace tres años fuertes capitales nacionales y extranjeros, principalmente de origen brasileño, para invertir en plantas de etileno y complejos petroquímicos, sigue operando la misma organización criminal enquistada en Veracruz desde el sexenio pasado, cuyos sicarios han fijado cuotas de extorsión a contratistas y demás empresarios vinculados a la industria de la construcción.
¿Ignorarán esta situación las autoridades del estado? La respuesta lógica debería ser que no. Máxime cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado acaba de solicitar formalmente a la LXII Legislatura local el desafuero de la alcaldesa del puerto de Alvarado, Sara Herrera Cano, por su presunta implicación en el secuestro y homicidio de su asistente Michel Martínez Corro, el cual habría sido ejecutado a finales de julio de este año por sicarios del mismo cártel del crimen organizado, que en la sucesión municipal de 2010 supuestamente financió la campaña electoral de “Zara, con Zeta”, según solían bromear cínicamente sus propios correligionarios priístas.