Aunque se ha formado un bloque con al menos 20 institutos electorales locales, que se oponen a la propuesta de crear el Instituto Nacional de Elecciones (INE), puesto que consideran que centralizaría la actividad de los comicios y atentaría contra los avances democráticos en las entidades, hasta ahora todo parece indicar que no habrá marcha atrás en esta iniciativa, incluida en la reforma político-electoral que presuntamente habría sido consensuada entre las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD en la mesa del Pacto por México.
La semana pasada, por ejemplo, el dirigente priista César Camacho precisó que el planteamiento de remplazar al Instituto Federal Electoral por un Instituto Nacional de Elecciones, está en los 95 compromisos del Pacto por México, y negó que sea una propuesta que deba atribuírsele solo al PAN.
La desesperación mostrada por los consejeros que presiden la mayoría de los institutos electorales locales, para frenar la creación del nuevo órgano nacional que se encargaría de realizar todas las elecciones federales y estatales del país, se debe a que la reforma político-electoral está por ser discutida de manera paralela con las iniciativas en materia hacendaria y energética en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar la semana próxima.
El presidente del CEN del PRI declaró que al menos así está acordado en el seno del Pacto por México con sus homólogos del PRD, Jesús Zambrano, y del PAN, Gustavo Madero.
Por su parte, Leonardo Valdés, quien preside el IFE desde febrero de 2008 y dejará dicho cargo el próximo 30 de octubre, se pronunció también a favor de crear el Instituto Nacional Electoral. Inclusive afirmó que el organismo que encabeza está listo para convertirse en la base de una autoridad nacional que organice elecciones federales y estatales.
En entrevista con el diario capitalino Reforma, Valdés explicó que en la reforma político-electoral que discuten dirigentes de partidos y legisladores hay tres ejes relevantes: el Instituto Nacional Electoral; la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Única para los Procedimientos Electorales.
“El Pacto por México tiene tres buenas ideas: la primera, la Ley General de Partidos. Hay que sacar del Cofipe lo que tiene que ver con los partidos, porque ya tenemos un sistema de partidos muy complejo: siete nacionales y 25 locales. Hay que regularlos en términos de sus prerrogativas, de sus derechos y obligaciones. También hay que incentivar la democracia interna en los partidos. No puede seguir un proceso en el que se producen tantos conflictos partidistas, que tienen que ser resueltos por el Tribunal Electoral. Si se concreta la Ley General de Partidos, el Cofipe se convertirá en un Código de Procedimientos Electorales”, resumió.
En cuanto a la Ley o Código Nacional de Procedimientos Electorales, el presidente del IFE comentó que el Cofipe ha avanzado en lograr mayor equidad en la competencia entre partidos políticos. “Si esto se convierte en un Código de Procedimientos Electorales Nacional dará mayor certeza a las elecciones municipales, Congresos locales y Gobernadores, con mayor equidad en la competencia. Ley única de procedimientos electorales es una buena idea. Ahora, ¿quién aplica esa ley? Puede ser una autoridad electoral nacional o puede ser una federal y otras locales”.
Y en cuanto al INE, Valdés insistió en que el IFE está preparado para ser una autoridad electoral nacional. “Tiene un servicio profesional consolidado, hemos ido modernizando su administración. Es una institución transparente que rinde cuentas; es una institución que tiene comunicación fluida con la ciudadanía, que ha demostrado su eficacia para organizar los procesos electorales. Recuerdo que en 2012 se programó instalar 143 mil 132 casillas y se instalaron 143 mil 130. El IFE podría ser la autoridad electoral nacional. Evidentemente, la ley tendría que establecer el procedimiento para que se convierta en Instituto Nacional de Elecciones”.
Además, recomendó “aprovechar la experiencia de las autoridades electorales de los estados. Muchos de los integrantes de esas instituciones se podrán incorporar al servicio profesional electoral o fungir como consejeros electorales locales”.
Por su parte, Alfredo Figueroa, quien igualmente dejará su asiento en el Consejo General del IFE el 30 de octubre próximo, también se pronunció a favor de esta reforma que está por someterse a la aprobación del Congreso porque, dijo, contiene cambios de gran calado que podrían “constituir un nuevo sistema nacional electoral y no solamente un órgano nacional electoral”. El consejero se mostró partidario de una legislación única en materia electoral para unificar el ejercicio de derechos y no dejarlos a capricho de gobernantes estatales.
En su opinión, la creación del Instituto Nacional Electoral es indispensable, pues expuso que la participación de los gobernadores y la ausencia de una verdadera división de poderes en los estados ha hecho que la equidad en los procesos locales no sea moneda corriente.
Figueroa sostuvo que esta reforma tampoco iría contra el federalismo, tal como argumentan quienes se oponen a la creación del INE. “No acompaño esa posición porque el federalismo supone, entre otras cosas, la plena división de poderes. El florecimiento del federalismo tiene que ver con la posibilidad de que en los estados existan mejores condiciones democráticas. Basta ir a estados donde las libertades de expresión en la prensa escrita, en la televisión, en la radio, las posibilidades de asociación política son, diría, por lo menos cuestionables. La del INE es una propuesta que resuelve en parte este problema, pero se tiene que acompañar no solo de la figura de un órgano único de elecciones sino de una ley nacional y de un sistema jurisdiccional nuevo”.
Además, el consejero saliente del IFE reiteró la necesidad de acompañar la creación del INE con una ley nacional “que permita homologar los procesos electorales, es decir, un código nacional de procedimientos y procesos electorales que nos lleve a que no existan las limitaciones que hoy se tienen para la constitución de coaliciones en los estados, que nos lleve a homologar las campañas electorales en todo el país; a la idea de que sea una sola jornada única cada tres años tanto local como federal. Me refiero a reglas de fiscalización parejas en los estados de la República”.
De prosperar esta reforma electoral federal, ¿entonces en Veracruz tendrían que volver a homologarse otra vez las elecciones municipales con la de gobernador y éstas con la de diputados federales y/o Presidente de la República? Solo que, como ninguna ley puede tener efecto retroactivo en perjuicio de nadie, se supondría que los nuevos ordenamientos no impactarían la próxima sucesión estatal de 2016 ya que las administraciones de los alcaldes recién electos iniciarán en enero de 2014 y concluirán hasta diciembre de 2017. ¿O a poco se elegiría un gobernador interino y se prorrogarían un año más los periodos de los ediles que están por iniciar funciones para empatar las elecciones locales con la sucesión presidencial de 2018?
No cabe duda que esta reforma electoral se ve bastante complicada y meterá en serios aprietos al priismo en aquellas escasas entidades donde nunca ha permitido la alternancia del poder, como por ejemplo Veracruz.