A las protestas de los maestros que siguen rechazando las leyes secundarias de la Reforma Educativa; de empresarios que están en contra de algunos gravámenes de la Reforma Hacendaria, y de la oposición de grupos y partidos de izquierda que pretenden frenar las modificaciones constitucionales de la anunciada Reforma Energética, ahora se ha venido a sumar el debate sobre la Reforma Electoral en ciernes, entre cuyas propuestas se incluye la creación de un nuevo Instituto Nacional Electoral que se encargaría de organizar los comicios federales y locales en todas las entidades del país.
Los primeros en rechazar este proyecto han sido los consejeros y funcionarios de los institutos electorales de los estados, argumentando que ello violentaría la soberanía de las entidades federativas.
En cambio, la mayoría de consejeros y exconsejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), como Jaime Cárdenas, se han pronunciado a favor de que funcione un solo instituto nacional, arguyendo que las protestas de los encargados de los institutos locales se deberían más bien a su temor de perder sus empleos y las canonjías que disfrutan por su cargo.
Habría que analizar, por ejemplo, el caso del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), que ha solicitado al Congreso del Estado un presupuesto para el próximo año de 214 millones 502 mil 079 pesos no obstante que en la entidad no habrá elecciones locales sino hasta 2016.
De esta partida presupuestal, 103 millones 063 mil pesos serán para servicios personales, mientras que 5 millones 275 mil 378 pesos se destinarán a materiales y suministros; 28 millones 155 mil 779 pesos a servicios generales; 76 millones 984 mil 398 pesos a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, y 1 millón 022 mil 860 pesos para bienes muebles, inmuebles e intangibles.
El funcionamiento de un solo Instituto Nacional Electoral quizá contribuya a eliminar o por lo menos disminuir este tipo de gastos dispendiosos que se hacen en nombre de la democracia.
Hasta ahora, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto parece apuntar en esa dirección, coincidiendo también con la dirigencia nacional del PAN.
Al menos así lo indican algunas señales recientes. Por ejemplo, en la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, la administración de Peña Nieto contempla transformar el actual Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), por el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), lo que significaría quitarle el control del pago de maestros a los gobiernos estatales.
Con este cambio, la SEP será la única responsable de operar un sistema de administración de nómina a nivel nacional, por lo que el sueldo de los maestros llegará directamente a su cuenta bancaria desde la Tesorería de la Federación. Los recursos correspondientes a dicha nómina serán pagados, por cuenta y orden de las entidades federativas en su calidad de patrones, directamente a sus empleados, a través de transferencias electrónicas a sus respectivas cuentas bancarias, salvo que los mismos se encuentren en localidades en donde no haya disponibilidad de servicios bancarios.
Y es que el FAEB es uno de los fondos federales que año con año suma irregularidades en su manejo por lo que la Auditoría Superior de la Federación ha pedido ponerlo en orden.
La iniciativa, que forma parte del Paquete Económico para 2014, propone que las autoridades educativas locales proporcionen a la SEP toda la información relacionada con la nómina de los maestros que fueron transferidos en 1992 a los estados, y que conforman el 84.5 por ciento del total de los trabajadores de la educación.
En el Sector Salud acaba de darse otra situación similar. Veracruz y otros cuatro estados fueron los primeros en “aceptar” la invitación del Gobierno de la República para integrarse a una lista de instituciones estatales y federales que participan en el proceso de adquisición de medicamentos en gran volumen mediante la operación de 43 mil millones de pesos de inversión.
Juan Antonio Nemi Dib, secretario de Salud del estado, declaró hace una semana que Veracruz dio el primer paso, junto con el IMSS, ISSSTE y las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y de Salud federal, que decidieron sumarse a esta gran oportunidad que consideró como “una medida histórica” porque al comprar grandes volúmenes les permite abatir los precios de medicamentos y otros materiales médicos hasta en 26 por ciento.
Nemi comentó que esta estrategia es importante, ya que los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) surte cada mes un millón de recetas y la mayoría de ellas son gratuitas, además de que “atiende cada mes, en promedio, seis mil partos y cinco mil 500 cirugías programadas y casi siempre los fármacos y los materiales de curación no tienen costo para el paciente”.
El titular de la Secretaría de Salud indicó que la dependencia a su cargo maneja alrededor de 83 millones de piezas, medicamentos y material de curación, por lo que “comprarlos baratos, con calidad, distribuirlos oportunamente y además hacer todo el proceso de su adquisición con honestidad, transparencia y con apego a la Ley, equivale a un enorme beneficio para los veracruzanos”.
Recordó que “desde hace meses el Gobierno de la República, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Salud federal, nos invitó a hacer una compra consolidada de medicamentos que pudiera representar ventajas estratégicas para todos los estados del país”.
En materia de elecciones, ¿al gobierno priísta de Veracruz le convendrá también que un solo órgano electoral nacional organice los comicios locales a partir de la sucesión estatal de 2016?


YUNES AL ACECHO

Ha llamado la atención de analistas y miembros del círculo político del estado el tono del mensaje con que se han manejado a últimas fechas los miembros del clan neopanista Yunes Márquez.
Contrario al proceso electoral, donde el patriarca del clan, Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo menor, el senador Fernando Yunes Márquez, divulgaron severas críticas al gobierno de Javier Duarte de Ochoa, durante estos meses se han mantenido distantes de los medios de comunicación.
No obstante, a la víspera de que inicie el segundo periodo de gobierno estatal, arranquen las nuevas administraciones municipales, y se acerque también la definición de las candidaturas a diputaciones federales, se sabe que los Yunes del PAN retomarán su ofensiva política-mediática.
Una de las primeras líneas de ataque se dará en las próximas semanas en el Senado de la República, cuando el Ejecutivo Federal someta a consideración de la Cámara alta del Congreso de la Unión el nombramiento del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán como embajador de México en Grecia.
Fuentes del Senado de la República informaron que Fernando Yunes Márquez ha preparado, junto con otros legisladores afines, una contraofensiva para desacreditar en el pleno a Herrera Beltrán y, de refilón, atacar al actual gobierno veracruzano.
Otro frente que abrirán los Yunes de Acción Nacional será a partir del primero de enero, cuando Miguel Ángel Yunes Márquez entre en funciones como Presidente Municipal de Boca del Río. Hasta donde ha trascendido, una de las primeras acciones que tome el exdiputado local y excoordinador estatal de Oportunidades será exigir cuentas sobre el manejo del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano.
Y es que Yunes Márquez tiene animadversión personal contra el director del SAS, José Ruiz Carmona, quien es cercano al gobernador Javier Duarte. No es novedad que el SAS se encuentra en una situación crítica financiera y operativamente hablando.
Las presiones financieras a las que ha estado sometido el organismo son similares a las que padeció al arranque del gobierno el propio Ejecutivo estatal. No obstante, la diferencia reside en que la quiebra del SAS inició precisamente cuando las administraciones panistas tenían mayoría en el Consejo de Administración.
Sin embargo, el tema es político y precisamente “Pepín” Ruiz Carmona es una de las personas de confianza del mandatario Duarte de Ochoa. Exhibirlo es arrastrar al Gobierno del Estado al golpeteo mediático.
La apuesta de los Yunes del partido blanquiazul será lesionar la imagen de Ruiz Carmona, y desgastar políticamente al gobernador Javier Duarte.