Algunos empresarios y legisladores del PAN, promotores de la reforma educativa, han comenzado a presionar al Gobierno Federal para que aplique la recién promulgada Ley General del Servicio Profesional Docente a los maestros que continúan en paro.
Su razonamiento es más que lógico: si dicha ley no se va a ejecutar, entonces lo conducente sería derogarla para desactivar también de una vez el movimiento magisterial inconforme, encabezado por la CNTE.
Este martes 24, tanto el presidente de la organización “Mexicanos Primero”, Claudio X. González, como el senador panista Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación en la Cámara Alta, urgieron a la Secretaría de Educación Pública para que sujete a los maestros paristas a la nueva normatividad laboral.
El empresario que preside la organización que el año pasado financió la producción de la película “De Panzazo” y que anteayer, en conferencia de prensa, presentó el informe denominado “(Mal) Gasto. Estado de la Educación en México 2013” –en el que expone el saqueo sistemático de los recursos educativos, ya que apunta que solo en 2010 y 2011 “la Auditoría Superior de la Federación identificó un uso irregular de 25 mil millones de pesos”, entre ellos “más de 3 mil millones de pesos (que) se pagan cada año a comisionados y cúpulas sindicales”, y que pese a que está plenamente corroborado el uso indebido del dinero “estas prácticas se repiten sin sanción alguna”– hizo un llamado también a los gobernadores de los estados, principalmente a los de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, para que igualmente hagan efectiva la aplicación de la ley.
Sin embargo, el asunto no es tan sencillo, pues ni la SEP ni los gobiernos estatales pueden despedir de manera masiva a estos mentores. El cese de los profesores faltistas no es automático, ya que el artículo 75 de la mencionada ley señala que cuando existan causas justificadas para despedir a un maestro, la autoridad educativa deberá hacerlo del conocimiento del probable infractor, y éste tendrá 10 días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga. Posteriormente, la autoridad dictará una resolución en un plazo máximo de diez días hábiles.
Si la autoridad decide separar del cargo al maestro, éste puede inconformarse ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o ante el tribunal local correspondiente para lograr su reinstalación.
En Veracruz, aparentemente intimidado por el cerco que maestros paristas han establecido desde antier en la sede del Congreso del estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura local, Flavino Ríos Alvarado, quien declaró que exhortarían al secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, para que no exista ninguna represión de tipo laboral, administrativa, física o política, siempre y cuando los docentes en paro regresaran a sus aulas este miércoles.
Luego de varias horas de estar prácticamente sitiado el Palacio Legislativo por diversos grupos de docentes independientes, como el Movimiento Magisterial Popular de Veracruz y el Consejo Magisterial Veracruzano, el diputado priista resaltó que los mentores pueden darse cuenta que hay voluntad tanto del gobierno estatal como del Congreso local, “pero también –puntualizó– debe haber disposición de parte de ellos para seguir cumpliendo con su función que es la de seguir enseñando a los niños y a los jóvenes de Veracruz”.
Según aseguró el exsecretario de Gobierno, el 70 por ciento de las escuelas del estado regresaron a laborar de manera normal desde el pasado lunes 23.
No obstante, maestros y alumnos de la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, así como un considerable número de mentores disidentes de las secciones 32 y 56 del SNTE, continúan en paro y en poder de sus instalaciones educativas y sindicales en Xalapa porque además de impugnar las leyes secundarias de la reforma educativa que supuestamente atentan contra sus derechos laborales, ahora han decidido también desconocer a sus dirigentes seccionales.
Afortunadamente para el gobierno de Veracruz, hasta el momento no ha sido exigido por otras demandas magisteriales como las abanderadas inicialmente por los profesores inconformes del estado de Quintana Roo, los cuales terminaron doblegando al gobernador Roberto Borge Angulo.
Y es que para terminar el paro de labores y regresar a las aulas, el Comité de Lucha Magisterial en Quintana Roo logró el pago de los adeudos a terceros institucionales que tenía el gobierno de Borge, razón por la que comenzaron las movilizaciones en esa entidad.
“Que el gobierno del estado se comprometa a pagar todos los adeudos que tiene con terceros institucionales, entre ellos Fovissste, SAR, Famucade, Fovmqroo, ahorro solidario, seguros y empresas que brindan servicios a los trabajadores de la educación con todo e intereses, actualizaciones y recargos que haya generado.
“Considerando que a los trabajadores se les ha descontado de sus percepciones salariales quincenales”, señala la minuta de acuerdos firmada el pasado 21 de septiembre con el gobernador Borge.
Pero también acordaron que los trabajadores administrativos y manuales podrán heredar su plaza en línea directa o hasta segundo grado, cubriendo el perfil requerido. Y que el gobierno de la entidad extienda la plaza de Telesecundaria de 35 a 40 horas, para lo cual el gobernador deberá acudir al Congreso de la Unión a presentar a la Comisión de Educación la propuesta.
El magisterio quintanarroense impuso sus condiciones para levantar el paro de 15 días que mantenían 18 mil maestros y logró el reconocimiento de la administración estatal.
En relación a la reforma educativa, acordaron con el gobernador modificar el sentido del artículo 22 de la Ley General del Servicio Docente aprobada en el Congreso de la Unión, al garantizar que si el maestro de nuevo ingreso no aprueba el periodo de inducción de dos años, no será despedido del servicio docente.
“En relación a este artículo se sugiere que la autoridad educativa establecerá programas de actualización y profesionalización sin costo para el trabajador, a los que deberá integrarse el personal que se localice en el caso de referencia, pero no será separado del servicio docente”, establece una minuta firmada entre el gobierno del estado y el magisterio.
Igualmente, la nueva ley establece que será el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación la instancia encargada de establecer los lineamientos a los que se sujetarán los concursos de oposición para los cargos de dirección y supervisión; que éstas deberán basarse en el perfil que establezca la SEP y apruebe el Instituto; y que efectivamente la autoridad educativa del estado será la encarga de emitirla.
Sin embargo, los maestros de Quintana Roo también lograron que el gobierno local establezca una convocatoria estatal para los concursos de oposición a cargos de dirección y supervisión, la cual deberá considerar los parámetros señalados en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política como son los conocimientos, las aptitudes y la antigüedad, entre otros.
Obviamente, el gobernador Borge ha sido duramente criticado por los impulsores de la reforma educativa por haber cedido a todas estas peticiones del magisterio de su entidad.
A ver en Veracruz cómo desactiva el secretario de Educación, Adolfo Mota, el movimiento magisterial, ya que es obvio que no podrá hacer concesiones que vayan en contra de las disposiciones de la reforma educativa concertada por el presidente Enrique Peña en la mesa del Pacto por México, y tampoco la administración duartista, actualmente agobiada por los desastres causados por los fenómenos meteorológicos en más de 60 municipios, cuenta con la suficiente liquidez para ofrecer y cumplir con el pago de los adeudos a terceros institucionales –FOVISSSTE, IPE, compañías de seguros, tiendas de electrodomésticos y agencias automotrices, entre otros– que desde el sexenio anterior arrastra el gobierno estatal con cargo al magisterio veracruzano.