Con el arribo, ligeramente retrasado, de Marcelo Montiel a la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, se consumó la semana anterior el paquete de ajustes administrativos anunciados desde hace tres meses por el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Sin embargo, al mandatario veracruzano todavía le falta concretar un movimiento político que no es menor: el de la presidencia del CDE del PRI, para la cual ha perfilado a su fugaz secretario de Finanzas y Planeación, Salvador Manzur Díaz.
El nombramiento del exalcalde de Boca del Río ya habría sido pactado por Duarte de Ochoa con el dirigente nacional priísta César Camacho Quiroz, o al menos eso les habría argumentado el mexiquense a otros aspirantes y a sus respectivos padrinos políticos que han pretendido hacerse de la presidencia del partido tricolor, una codiciada posición que será relevante por el proceso electoral federal de 2015 y por la sucesión estatal de 2016.
Sin embargo, el arribo del boqueño se ha retrasado a causa del expediente que el extitular de la Sefiplan aún tiene abierto en la PGR por la denuncia penal que el PAN presentó a mediados de este año, por los videos grabados en una reunión de Boca del Río donde operadores electorales del PRI eran instruidos sobre cómo aprovechar los programas de la Sedesol federal en apoyo de los candidatos priístas.
Por eso no ha sido casual que los más enconados detractores del fidelismo transexenal, actualmente enquistados en el Senado de la República, hayan promovido la semana anterior un punto de acuerdo en la Cámara alta del Congreso de la Unión, no sólo para exigir a la PGR que investigue al exgobernador Fidel Herrera Beltrán sobre sus presuntos nexos con capos y lavadores de dinero de un cártel del crimen organizado, sino para que les informe también acerca del estado que guarda la indagatoria abierta contra los funcionarios priístas involucrados en el famoso “Boca-gate”.
El obús habría sido lanzado contra los 57 funcionarios estatales y federales implicados en ese escándalo político-mediático que marcó el proceso electoral local de julio de este año, sin embargo el blanco principal es indudablemente Manzur, por cuya cercanía al gobernador Javier Duarte es perfilado a la dirigencia estatal priísta.
Sin embargo, el cambio en el CDE del PRI ya no puede aguantar más. De acuerdo al Artículo 164 de los estatutos del tricolor, ante la “ausencia definitiva” del presidente Erick Lagos, quien a mediados de agosto renunció a la dirigencia para tomar posesión de la Secretaría de Gobierno, la secretaria general Éricka Ayala asumió funciones de presidenta sustituta para concluir el período estatutario que inició en noviembre de 2008 el exdirigente Jorge Carvallo Delfín, actual secretario particular del gobernador Duarte.
En apariencia, al interior del priísmo veracruzano todo está debidamente “planchado” para el arribo de Manzur a la Presidencia, quien sería acompañado en la Secretaría General por la regidora xalapeña Corintia Cruz Oregón –una de las afortunadas chicas del presente sexenio–, cuya postulación estaría siendo fuertemente impugnada por un grupo de mujeres y lideresas afines a otras corrientes priístas a pesar de que el Artículo 160 de los Estatutos del tricolor estipulan que “en la integración de la fórmula se respetará el principio de paridad de género y se procurará que uno de ellos sea joven”.
La anunciada llegada de Manzur al CDE del PRI pareció reforzarse este sábado 26 con la designación como secretario de Organización de Alfredo Ferrari Saavedra, otro destacado miembro del grupo Boca del Río.
Sin embargo, la esperada reivindicación del extitular de la Sefiplan podría resultar no tan tersa como muchos suponen, pues de momento ya surgió otro aspirante que a pesar de ser subestimado porque no tiene mayores apoyos políticos ni suficientes recursos económicos, sí al menos está decidido a hacer ruido mediático e inclusive hasta a impugnar legalmente la “imposición” del exmunícipe boqueño, a quien no le reconoce méritos suficientes ni estatura moral para liderar al partido precisamente por su calidad de indiciado ante la PGR.
Lo curioso es que se trata de Joaquín Montes, un activista campesino sureño que a mediados de los ochentas fue compañero de cuarto y de lucha política estudiantil de Erick Lagos, cuando el actual secretario de Gobierno cursaba la carrera de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.
¿Acaso será mera casualidad que la modesta propaganda que Montes ha mandado hacer para su precampaña por la dirigencia estatal priísta destaque su llamado a la “reconciliación”?