Desde hace 40 días se había dicho aquí, en este mismo espacio, que no había que ser mago ni pitoniso para predecir que las horas del incómodo empresario transportista cordobés Carlos Demuner Pitol como titular de la Dirección de Tránsito y Transporte del Estado parecían estar contadas.
Y es que la cuenta regresiva para Demuner inició desde el 24 de noviembre pasado, cuando el pleno de la 62 Legislatura local turnó a comisiones, para su estudio y dictamen, la iniciativa que ha reformado y adicionado diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de Tránsito y Transporte, para transferir las funciones de Tránsito de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Con estas reformas, la Secretaría de Gobierno solo se encargará del control, dirección y vigilancia del transporte público y su reglamentación; mientras que la SSP tendrá como atribución sustantiva el control, dirección y vigilancia de tránsito.
Así, pues, se ha determinado crear la Dirección General de Transporte que dependerá de la Secretaría de Gobierno, y la Dirección General de Tránsito, que por razones de estrategia y logística quedará sectorizada a la Secretaría de Seguridad Pública.
Se presume que esta decisión del titular del Poder Ejecutivo del estado se tomó debido a la infiltración del crimen organizado en esta institución, a nivel municipal, desde el sexenio pasado.
Solo habría que recordar, por ejemplo, el caso del secuestro del administrador de la Aduana Marítima del puerto de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni, desaparecido desde principios de junio de 2009 en un operativo vial simulado, razón por la que las autoridades federales arraigaron a funcionarios y más de 40 agentes de tránsito del municipio porteño.
Y en 2011, el Ayuntamiento de Xalapa solicitó que el servicio de tránsito de la ciudad pasara directamente a cargo del Gobierno del Estado luego de que la Secretaría de Seguridad Pública detectara que algunos patrulleros y agentes de vialidad fungían también, presuntamente, como “halcones” de un cártel de la delincuencia organizada que en los últimos seis meses ha sido el más diezmado en la entidad.
Por eso, al reestructurarse la DGTTE para crear dos nuevas Direcciones, se presume que en la de Tránsito, que dependerá directamente de la SSP del estado, se designará finalmente a un titular con perfil y trayectoria en el área de seguridad, aunque de manera temporal seguirá a cargo de Demuner, pues en la de Transporte –por acuerdo del gobernador Javier Duarte de Ochoa y el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón– será nombrado Mario Villegas Rivadeneyra, quien hasta ayer seguía fungiendo como jefe de la Unidad Administrativa de la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno estatal en tanto se publica en la Gaceta Oficial del Estado el dictamen aprobatorio de la 62 Legislatura local que reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de Tránsito y Transporte.
¿Por qué Demuner Pitol no será ratificado como titular de la nueva Dirección de Transporte que seguirá dependiendo de la Secretaría de Gobierno? Porque además del evidente conflicto de intereses, el empresario transportista cordobés parece haber perdido también la confianza de dos encumbrados paisanos.
Y es que a finales del año pasado, Demuner cometió una serie de torpezas y declaraciones apolíticas que afectaron la imagen de la administración del gobernador Javier Duarte por sus repercusiones negativas ante la opinión pública.
Hace dos meses, por ejemplo, desinformó irresponsablemente sobre el funcionamiento del recién instalado programa de expedición de licencias para conducir automotores, solo por un ligero problema técnico que la empresa concesionaria de inmediato corrigió. De hecho, el servicio mejoró al entregarse las micas oficiales en menos de 30 minutos, que era el plazo inicial fijado luego de que el solicitante realizara el pago respectivo en la institución bancaria, ya que se estableció el compromiso de que si se rebasaba este límite de tiempo entonces la licencia se entregaría totalmente gratis.
Al echar a andar formalmente este innovador programa, el secretario Buganza subrayó el martes 8 de noviembre que el nuevo procedimiento de expedición de licencias de conducir estaba orientado a garantizar mayor control, orden, transparencia, eficiencia y eficacia en el servicio que se otorga a la población.
Dos semanas después, Demuner activó lo que el gobernador Javier Duarte calificó como “un falso debate”, pues al titular de la DGTTE se le ocurrió comentar, sin mayor fundamentación, que se analizaba la posibilidad de que los agentes de tránsito portaran armas de fuego.
El lunes 21 de noviembre, al ser entrevistado precisamente sobre las reformas que en esta materia impulsa el titular del Poder Ejecutivo, el secretario de Gobierno tuvo que salir a puntualizar que la Ley de Tránsito y Transporte del Estado ya establece que los agentes de tránsito formen parte de los cuerpos de seguridad pública, y que tienen la obligación de conservar el orden y preservar la tranquilidad, por lo que las modificaciones que se habían propuesto al Congreso local solo servirían para precisar los ámbitos de competencia de las dos nuevas direcciones en que se dividirá la DGTTE. Pero también esa misma semana, Demuner Pitol se echó encima a los empresarios y concesionarios del transporte público por los operativos que supuestamente de manera selectiva había implementado la dependencia a su cargo en contra de taxistas y camioneros del servicio urbano.
El funcionario estatal fue acusado por sus competidores de no ser parejo en la aplicación de la ley, lo que ya algunos transportistas, comunicadores y líderes de la oposición habían advertido desde agosto, poco después de haber sustituido como titular de la DGTTE a Víctor Hugo Alarcón Limón, quien supuestamente había renunciado para buscar la candidatura del PRI a diputado federal por el distrito electoral de Coatepec.
Precisamente, hace cinco meses, al darle posesión como director de Tránsito y Transporte del estado, Gerardo Buganza le recordó al cuestionado empresario transportista que el Gobierno del Estado tiene al ciudadano como eje de la política pública.
“Demuner se encuentra en este momento ante un gran reto. En nombre del gobernador Javier Duarte de Ochoa le pido trabajar para todos por igual y tomar decisiones a favor de la población y siguiendo el bien público”, enfatizó Buganza, quien en una breve ceremonia protocolaria realizada en el salón Juárez de Palacio de Gobierno exhortó al nuevo funcionario a trabajar siempre en beneficio de la ciudadanía.
Con las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de Tránsito y Transporte, Buganza está por deshacerse de él. En cambio, el que ahora tendrá que padecerlo temporalmente es el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.
A ver cuánto lo soporta.