Si de veras es cierta la versión de que el presidente Felipe Calderón Hinojosa habría jurado ante la tumba de su padre, don Luis Calderón Vega, escritor y fundador del PAN, que no permitiría en el 2012 el retorno del PRI a la Presidencia de la República, entonces en el partido tricolor deberán prepararse para lo peor en la guerra electoral que viene.
Ayer, por ejemplo, a escasas 24 horas del cálido acto realizado en el World Trade Center de Boca del Río en el que alrededor de 12 mil priistas veracruzanos arroparon a su candidato presidencial Enrique Peña Nieto, el dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, pidió al gobierno federal que las indagatorias relacionadas con el llamado “moreirazo” se lleven a cabo con institucionalidad y sin sesgos de carácter político.“Pedimos que las investigaciones del caso Coahuila no tengan sesgos partidarios, sino que se realicen con estricto apego a la ley”, urgió el presidente del CEN del PRI, luego de que trascendió que la Procuraduría General de la República (PGR) pretende consignar a nueve ex colaboradores de Humberto Moreira en el gobierno de Coahuila, entre ellos al actual secretario de Finanzas de la entidad, y a un funcionario de la Secretaría de Hacienda federal por delitos relacionados con la contratación ilegal de deuda pública.Y aunque entre los involucrados en las indagatorias no se encuentran como indiciados, el ex gobernador Moreira y su interino Jorge Torres, sí se pide que el ex dirigente nacional del PRI y su sustituto sean citados a declarar, pues los créditos contratados de manera ilegal se realizaron en sus respectivas gestiones. La PGR tiene abiertas cinco averiguaciones previas por la contratación ilegal del mismo número de créditos por un monto de 5 mil 300 millones de pesos, de los 34 mil millones en los que se incrementó durante el pasado periodo gubernamental la deuda del estado.Pero este caso que obligó a Moreira dejar la dirigencia nacional del PRI no es el único golpe que se le pretende asestar al partido tricolor que mantiene una amplia ventaja en las encuestas sobre las preferencias electorales para la sucesión presidencial de 2012.
Últimamente, por ejemplo, se ha esparcido también el rumor acerca de un voluminoso expediente que la PGR le habría abierto al ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, por sus presuntos vínculos con una organización del crimen organizado que se apoderó de la entidad durante su régimen.
En los últimos siete días, dos diarios de la ciudad de México muy cercanos a la administración calderonista han hecho alusión al mismo asunto.
Herrera Beltrán es actualmente uno de los principales operadores electorales en el norte del país. Hace dos meses, a principios de octubre, fue designado todavía por Moreira como secretario regional del CEN del PRI para los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
La semana anterior el diario capitalino “Excélsior” le dedicó un par de reportajes al ex gobernador de Veracruz, uno en el que cita un artículo publicado en 2009 por “The Wall Street Journal”, en el que alude a un supuesto informe de inteligencia del FBI de 2007, cuyo título no dio a conocer, según el cual Herrera Beltrán y su homólogo michoacano Lázaro Cárdenas Batel habrían hecho un acuerdo con el cártel del Golfo permitiéndole usar rutas de trasiego de drogas a través de sus respectivos estados a cambio de dinero.
Ambos ex mandatarios estatales, del PRI y PRD, desmintieron la versión y la calificaron de una infamia.
Sin embargo, en el caso de Fidel Herrera la publicación de Grupo Imagen Multimedia volvió a arremeter en su contra al afirmar que existen 14 testigos protegidos que presuntamente han señalado al ex gobernante veracruzano de haber ofrecido protección al cártel de “Los Zetas”, y que incluso se habría reunido en distintas ocasiones con jefes de plaza y líderes de esta organización criminal que se escindió del cártel del Golfo.
Según esta versión periodística, Herrera Beltrán habría tenido encuentros con capos del narcotráfico en Chicontepec, Coatzacoalcos, Xalapa y en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en la que habrían estado presentes también jefes policiacos y ocasionalmente el secretario de Seguridad Pública, el general retirado Juan Manuel Orozco Méndez, y el secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, quien hace un par de meses renunció como procurador general de Justicia del estado y actualmente busca ser candidato del PRI a diputado federal por el décimo distrito electoral con cabecera en la capital veracruzana.
Este caso ha prendido los focos rojos en el CEN del PRI dado el golpe que representaría para el priismo de Veracruz, entidad que después del Estado de México y el Distrito Federal cuenta con el mayor número de votantes en el nivel nacional.
De ahí que este domingo 18, inmediatamente después de haber recibido su constancia oficial de candidato presidencial del PRI, Peña Nieto se haya dejado venir a Veracruz a tomarles la protesta a los más de diez mil miembros de las dirigencias municipales, seccionales y comisionados políticos del partido tricolor de los 212 municipios del estado.
Algunos connotados priistas y fidelistas aseguran que el ex gobernador no es investigado ni será procesado penalmente porque en su opinión estos señalamientos no tienen sustento. “Son vil calumnias”, dicen, a la vez que recuerdan que no es la primera ocasión que Herrera tiene que salir a desmentir que él no tiene “amigos narcos, sino nacos”.
Sin embargo, entre los operadores de Peña Nieto circulan dos versiones preocupantes: una, que supuestamente desde a mediados de este año el ex presidente Carlos Salinas de Gortari le habría sugerido a Fidel Herrera que se fuera del país porque el presidente Calderón estaba decidido a ejecutar un expediente judicial en su contra; y dos, la reciente desaparición del director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), el teniente de navío José Antonio Villegas Rosas, uno de los ex operadores de mayor confianza del ex gobernador.
Aunque más que en el teniente Villegas, pocos han reparado en la desaparición del brazo derecho del director de la AVI, el comandante Joatan Reyes Rosa, quien presuntamente está arraigado en la ciudad de México como “testigo protegido”.