A diferencia de Fidel Herrera Beltrán, su antecesor inmediato, el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha decidido limpiar a fondo el estado que desde hace un año comenzó a gobernar.
Combatir a la delincuencia organizada con la determinación que él lo está haciendo no es una tarea cómoda aunque cuente con el apoyo del presidente Felipe Calderón y las fuerzas armadas.
El gobernador Duarte de Ochoa decidió, por ejemplo, que a partir de este miércoles 21, personal de la Marina Armada de México asumiera de manera temporal las tareas de seguridad pública en la zona conurbana Veracruz-Boca del Río, sustituyendo a la Policía Intermunicipal de esa región porteña que legalmente fue disuelta mediante decreto del Ejecutivo estatal publicado el día anterior en la Gaceta Oficial del Estado.
Al dar a conocer la mañana de ayer esta nueva situación, la coordinadora general de Comunicación Social del Gobierno del Estado, María Gina Domínguez Colío, informó que desde muy temprano se llevó a cabo el cambio, con pleno orden y absoluto respeto a los derechos laborales de los expolicías.
La vocera del Gobierno estatal explicó que el mando quedará temporalmente a cargo de la Secretaría de Marina (Semar) en tanto la administración estatal fortalece el sistema de seguridad pública con un nuevo modelo policial, mediante la formación de nuevos elementos policíacos, mejor capacitados y más comprometidos con la sociedad veracruzana, que responda a las circunstancias que en esta materia actualmente se enfrenta.
En esta estrategia, el gobierno de Veracruz aportará los recursos necesarios para que la Marina Armada de México cumpla adecuadamente las labores que realizará en ese lapso.
En cuanto a los expolicías, Domínguez Colío precisó que “es importante decir que serán respetados todos los derechos laborales de los elementos que hasta el día de ayer formaban parte de esta corporación”, y añadió que “quienes así lo deseen podrán reincorporarse a la Secretaría de Seguridad Pública”.
Este hecho se concretó dos días después de que la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Veracruz firmaron el Anexo Técnico “A” derivado del Convenio de Coordinación para Proporcionar Apoyo en Materia de Seguridad Pública a esta entidad federativa, suscrito el pasado 4 de octubre del presente año.
Este evento tuvo lugar el pasado lunes 19 en el marco de coordinación que al efecto lleva el gobierno federal con el estado de Veracruz con el objetivo de fortalecer las funciones de apoyo a la seguridad pública y policía preventiva en los municipios de Veracruz y Boca del Río. En dicho acto participaron los titulares de las Secretarías de Gobernación, Alejandro Poiré; de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza; el gobernador Javier Duarte y su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.
En su intervención, el almirante Saynez informó que se brindará asistencia técnica a fin de alinear los recursos de los fondos de ayuda federal y subsidios destinados al Gobierno del Estado de Veracruz, y agregó que la Semar realizará funciones de apoyo a la Seguridad Pública y Policía Preventiva con personal naval, mientras que el Gobierno estatal aportará los recursos necesarios para cumplir adecuadamente las labores de apoyo.
Con esta decisión, Duarte de Ochoa ha despejado cualquier duda que pudiera existir acerca de que su arribo al máximo cargo de elección popular en el estado haya sido producto de pactos o compromisos bajo la mesa con los grupos criminales que habían venido operando impunemente en la entidad, tal como se sospecha de otros gobernantes estatales.
Hace 15 días, por ejemplo, en el homenaje a panistas recientemente fallecidos, el presidente Calderón aludió a la injerencia del crimen organizado en las recientes elecciones de gobernador de Michoacán que ganó el PRI, y dijo ante los dirigentes, precandidatos presidenciales y militantes de su partido: “No podemos permitir que a quien le interesa decir: ‘eso pasó así nada más’, ganen y digan ‘aquí no está pasando nada’. Aquí está pasando algo muy grave, señores, es la presencia del crimen organizado en las elecciones”.
Posteriormente, entrevistado por el periodista Joaquín López Dóriga, conductor del noticiero estelar de Televisa, el jefe del Ejecutivo federal explicó que para él era complejo hablar del caso de Michoacán porque su hermana, Luisa María Calderón, fue la candidata del PAN a la gubernatura. Sin embargo dijo: “Ahí está la prueba, ahí está el desplegado publicado en plena luz del día, en el periódico de mayor circulación. ¿Alguien quiere una prueba más palmaria y más fehaciente? ¿Hay algún abogado que cuestione que eso sea una prueba de la intervención del crimen organizado en las elecciones? Otra cosa será dilucidar si esa situación fue determinante o no, pero de suyo la sola intervención es grave”.
Y al preguntársele sobre la sucesión presidencial de 2012, Calderón Hinojosa advirtió que lo importante no es quién gane sino cómo gane y con qué apoyo. “La importancia es llegar a la Presidencia sin compromisos”.
En ese mismo tenor, su hermana “Cocoa” Calderón emplazó al priista Fausto Vallejo, ganador de las elecciones en Michoacán, a reconocer la realidad de su estado, donde, según ella, el crimen organizado apoyó al PRI. “A mí me preocupa más que éste haya sido un ensayo para el 2012 y por eso necesitamos decirlo, necesitamos que el propio gobierno recupere, el propio Gobierno del Estado y el propio candidato ganador, impugnado, que reconozcan las cosas que suceden porque al final, en el peor de mis escenarios, él será el gobernador y sería absolutamente inaceptable que no reconozcan la realidad…”
El pasado viernes 16, en el inicio del Consejo Nacional de Seguridad, en Palacio Nacional, el presidente Calderón afirmó que “ni el mejor general puede ganar una batalla si no tiene bajo su mando soldados leales, confiables y bien disciplinados”, al advertir que la depuración en los cuerpos policiales debe representar el inicio de una nueva era en las instituciones de seguridad y justicia.
Ahí, el Ejecutivo federal dijo a los gobernadores que este proceso resulta imprescindible para que dichas instituciones “dejen de ser una fuente permanente de preocupación y, por el contrario sean una fortaleza para la seguridad de los mexicanos”.
Calderón expuso que “a todos nos tocó enfrentar un desafío sumamente complejo y sin precedentes, con una magnitud que no le había tocado a nuestros predecesores”.
Consideró que para hacerle frente a la violencia criminal, se emprendió una etapa que calificó de transición para impulsar el cambio en las instituciones de seguridad, pero remarcó que en dicho proceso resulta fundamental la aprobación de nuevas leyes y reformas “de gran calado” que contribuyan a superar las debilidades en materia de coordinación que hoy se buscan revertir.
El mandatario mexicano apuntó que en la tarea de depuración “la ciudadanía no espera de nosotros más explicaciones, espera soluciones”, ya que dijo que garantizar una policía confiable es obligación ética, legal y constitucional de las autoridades, por lo que llamó a “apretar el paso” en ese objetivo.
Ayer, en Veracruz, el gobernador Duarte dio otro salto importante.