A principios de diciembre de 1992, en la fecha conmemorativa del aniversario luctuoso del ex presidente Adolfo Ruiz Cortines –considerado como el último estadista mexicano más austero–, el gobernador Patricio Chirinos Calero, quien acababa de asumir el poder, emitió un Decreto de Austeridad que obviamente fue bien visto por la sociedad veracruzana luego de los excesos atribuidos a la administración de su antecesor Dante Delgado Rannauro, quien cuatro años después sería procesado penalmente por enriquecimiento ilícito, entre otros presuntos delitos imputados.
Sin embargo, en aquella ocasión, la cacareada austeridad del gobierno chirinista más bien respondió a un mero golpe político contra el ex gobernador, satanizado y perseguido por la nueva pandilla gobernante debido a sus nexos y simpatías con otros miembros del gabinete del presidente Carlos Salinas de Gortari, con los cuales Chirinos y Miguel Ángel Yunes Linares –el hombre fuerte en los primeros cinco años de esa administración estatal– traían rancias fobias personales y desaveniencias políticas.
Y es que precisamente Yunes, quien como secretario de Gobierno fue el principal promotor de ese Acuerdo de Austeridad, fue el primero en ignorarlo al hacer posteriormente compras escandalosas de flotillas de camionetas de lujo último modelo, y de asignar subrepticiamente millonarios contratos de publicidad a algunas agencias de la ciudad de México que regenteaban guapas mujeres con las que se le llegó a ligar sentimentalmente. Uno de los casos más sonados, por ejemplo, fue el de Sandra Ortega, de “Conceptos Publicitarios”, misma que recientemente fue implicada en los escándalos por los presuntos negocios que al amparo del poder el ex candidato del PAN a gobernador habría fraguado como director general del Issste entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, razón por la que su ex protectora política, Elba Esther Gordillo, acaba de exigir una auditoría para clarificar el destino de los 58 mil millones de pesos que en los últimos cinco años le ha inyectado la administración del presidente Felipe Calderón a dicho Instituto.
Ahora, sin hacer tanto aspaviento y sobre todo “sin barrer para atrás” en perjuicio de la imagen de quien le antecedió en el poder, el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció este lunes 4 de julio el Programa de Reorganización de la Administración Pública Estatal que –en esta primera etapa– prevé la extinción de 16 organismos públicos descentralizados cuyas funciones serán incorporadas a la secretaría de despacho o a la coordinación general que corresponda a su sector.
Con esta drástica medida, la administración duartista estima generar ahorros por 300 millones de pesos anuales, recursos que serán reorientados principalmente a obras de infraestructura, programas de desarrollo social y a proyectos productivos.
Al anunciar estas acciones de reorganización administrativa, las cuales se vienen a sumar al Programa de Ajuste Presupuestal emprendido en enero de este año, Duarte de Ochoa recordó que al iniciar su gestión, uno de los compromisos que asumió con los veracruzanos fue “ejercer un gobierno ordenado, eficiente y transparente; un gobierno de acciones firmes y resultados que acompañen el esfuerzo de los ciudadanos para salir adelante”.
“La sociedad exige una administración pública que atienda sus necesidades y responda a sus expectativas de contar con mejores herramientas para cumplir con sus propios objetivos, que impulse el empleo, desarrolle infraestructura y servicios públicos que mejoren el nivel de vida de la gente”, expuso el mandatario estatal, quien puntualizó que este reordenamiento institucional se ha impulsado acorde a lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo, con el propósito de hacer “una administración eficiente, que haga más con menos recursos, que evite duplicidades y abarate sus propios procesos”.
Sobre los 16 organismos públicos descentralizados que en esta primera etapa fueron desaparecidos o absorbidos por las secretarías o áreas administrativas de su sector, el gobernador Duarte explicó que “han cumplido con creces la función primordial para la que fueron creados dentro de la estructura del Gobierno de Veracruz; sin embargo, ahora se trata de hacer más eficaz la acción cotidiana del gobierno”.
Austeridad forzosa, pero austeridad al fin.

INVEDER, ¡OUT!

Por cierto, de los 16 organismos públicos descentralizados que fueron afectados en este primer ajuste administrativo, el que más impacto político tuvo fue el caso del Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural (Inveder), que desde diciembre de 2010 estaba a cargo del profesor Fernando González Arroyo, ex secretario general de la Sección 32 del SNTE y ex coordinador de los diputados del PRI a la LXI Legislatura local.
El Inveder, creado por decreto del gobernador Miguel Alemán Velazco el 25 de marzo de 1999 –cuyo primer director fue José Miguel Moto del Hoyo, quien desde 1986 coordinaba el Comité del Programa de Desarrollo Rural de la Fundación Miguel Alemán, AC, el cual dejó de operar definitivamente hace apenas tres años–, era una posición muy disputada porque administra una bolsa millonaria destinada al financiamiento de proyectos productivos (agrícolas, ganaderos, acuícolas, empresas rurales, etcétera), cuyo monto, en este ejercicio fiscal, asciende a 34 millones 300 mil pesos, casi el 25 por ciento del presupuesto asignado para 2011 a la propia Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.
Ahora, las funciones, personal y demás recursos de este instituto seguramente pasarán a manos del titular de la Sedarpa, José Tomás Carrillo Sánchez, quien con puro trabajo, más que con grillas e intrigas, ha ido ganándose la plena confianza del gobernador Javier Duarte de Ochoa.