* REZAGADOS

Al asistir ayer, en el Circuito Rafael Guízar y Valencia, de la Reserva Territorial de Xalapa, al inicio de la construcción del edificio que albergará las Salas Regionales del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el gobernador Javier Duarte de Ochoa reiteró que la procuración y administración de justicia en Veracruz son una prioridad para caminar hacia un estado de mayor bienestar para su gente. “En Veracruz las leyes se cumplen y se hacen cumplir porque son el fundamento de un estado próspero”, destacó en su discurso el mandatario veracruzano, quien subrayó que al lado del Poder Judicial del estado y en estricto respeto a su autonomía, se ha hecho el compromiso de avanzar hacia mejores espacios y herramientas para su profesionalización. “En esta tarea, los tres órdenes (de gobierno) debemos ir juntos hacia adelante. El gobierno de Veracruz tiene la determinación de hacer prevalecer el Estado de Derecho”, refrendó.Ahí, mencionó que el próximo 31 de agosto se cumplirán 75 años de la Promulgación de la Ley de Justicia Fiscal que dio origen al otrora Tribunal Fiscal de la Federación. Desde entonces, diversas modificaciones legales han permitido lograr avances sustantivos que garanticen el acceso a la justicia y den certeza jurídica a los ciudadanos frente a la actividad administrativa del estado, dijo. Añadió que la vigente Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, promulgada en 2007, es ejemplo de ordenamiento moderno acorde a los nuevos tiempos. El ex secretario de Finanzas y Planeación celebró que en agosto próximo entren en vigor las reformas que harán realidad por primera vez en el país, los juicios en línea tramitados por vía Internet. “Así, Veracruz y todo el país se ponen a la vanguardia en esta materia. Esa modernización acerca la justicia a los ciudadanos y suma a la confianza que día a día construimos en torno a las instituciones del estado”, destacó. Sin embargo, por otro lado, el pasado domingo 19 se cumplió el plazo para la entrada en funciones de los jueces de ejecución de sentencias, que se encargan de revisar eventuales beneficios a presos. Y lamentablemente la implementación de esta reforma en justicia penal volvió a registrar rezagos y procesos legislativos a contra reloj en la mayoría de las entidades federativas, entre ellas Veracruz.
De acuerdo con un informe de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), hasta el pasado viernes solo 23 estados habían aprobado la Ley de Ejecución de Sanciones, mientras que 3 tienen la iniciativa de ley presentada en sus Congresos y 6 todavía no han hecho ningún trámite legislativo.
En el nivel federal, el domingo pasado empezaron a despachar tres juzgados de distrito especializados en la materia, aunque arrancaron sin que el Congreso de la Unión aprobara las reformas que respaldaran sus actuaciones, por lo que actuarán con base en un acuerdo de la Judicatura Federal y en una ley de 1971.
La reforma constitucional de junio de 2008 dio un plazo de tres años, que venció el anterior fin de semana, para establecer un nuevo sistema penitenciario de reinserción social y jueces especializados que decidirán beneficios como las preliberaciones o la modificación de penas, lo cual antes era responsabilidad del Poder Ejecutivo.
A pesar de los 36 meses para establecer las Leyes de Ejecución de Sanciones, varios gobiernos estatales volvieron a dejar hasta el último momento su aprobación, o de plano se rezagaron. Esta vez, 17 de los 23 estados que aprobaron las modificaciones en ejecución de sentencia, lo hicieron en el presente año y de ellos 9 lo aprobaron apenas en los últimos 19 días.
De hecho, el último en aprobar la reforma fue Aguascalientes –el viernes pasado–, mientras que el Congreso de Zacatecas hizo lo propio el día anterior, jueves 16.
Baja California y Campeche fueron los únicos que hicieron el trabajo legislativo desde 2010, publicaron sus leyes el 10 de octubre y el 23 de julio del mismo año, respectivamente, pero establecieron que la entrada en vigor sería hasta este fin de semana.
En Chihuahua, la ley en la materia fue publicada el 9 de diciembre de 2006, con vigencia a partir del primero de enero de 2007, mientras que en el Estado de México ya estaba aprobado este sistema de ejecución de sanciones desde el 2005, aunque funciona con base en una norma vigente desde 1985.
La Setec ubica a Baja California Sur, Colima, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz, como las entidades donde el proyecto de iniciativa de ley no ha sido entregado a los Poderes Legislativos locales.
En Coahuila, Guerrero y Jalisco la iniciativa ya está presentada en sus respectivos Congresos y se encuentra en debate.
En la sesión ordinaria de la Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, celebrada el viernes de la semana anterior, el empresario Alejandro Martí planteó como representante ciudadano la creación de una especie de “semáforo” en el seguimiento de la reforma, para exhibir públicamente a los gobiernos estatales que se rezagan.
Rodolfo Campos Montejo, de la Comisión de Tribunales Superiores de Justicia, respaldó también la propuesta de Martí.
“La creación de órganos implementadores de la reforma de justicia son fundamentales, pero veo con preocupación que lamentablemente van muy de la mano de la voluntad de los gobernadores”, expuso el magistrado Campos.
¿Sería mucho pedir que los diputados a la LXII Legislatura local, cuya mesa directiva es presidida por el priista Eduardo Andrade Sánchez, ¡ex procurador general de Justicia del estado!, le echaran una manita al gobernador Duarte de Ochoa para que Veracruz vaya realmente a la vanguardia nacional en cuanto a procuración y administración de la justicia?

¿Y EL CHAPO? 

Durante la ceremonia de apertura de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, que tuvo lugar este miércoles 22 en Guatemala, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, felicitó públicamente a su homólogo mexicano Felipe Calderón por la captura del capo michoacano José de Jesús Méndez, (a) “El Chango”.
“Señor Presidente (Calderón), lo felicito porque esa captura de ayer, de ‘El Chango’, el jefe de ese Cártel de La Familia, fue una captura muy importante, y espero que prontamente pueda capturar a ese otro mafioso, el del Cártel de Sinaloa... ¿cómo se llama? ‘El Chapo’ Guzmán, y usted verá que si sigue perseverando, esas mafias van a ir debilitándose”, le expresó.¿Por qué el mandatario colombiano solo le mencionó a Guzmán Loera y no a Heriberto Lazcano, de “Los Zetas”, o a Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, entre otros grandes capos aún sin detener? ¿A poco también en Colombia creen que “El Chapo” es el narcotraficante consentido de los panistas que desde hace 11 años gobiernan México? ¿O habrá sido mera casualidad que en enero de 2001 se les fugara del penal de Puente Grande, Jalisco?