Contraria a la actitud de otros delegados federales, que buscan coordinarse con los funcionarios estatales de su sector para potencializar los recursos públicos en más obras y proyectos en beneficio de los veracruzanos, la representante en la entidad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Sara María López Gómez, trae un guerra personal contra el gobierno del estado.

Algunos ediles cuentan, por ejemplo, que la ex alcaldesa de Yanga y ex diputada local del PAN les habría llegado a ofrecer todo su apoyo para introducir o ampliar redes de agua potable a cambio de exigirles que retiren de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz los proyectos que habían gestionado ante la CAEV que dirige el ex alcalde de Omealca y ex diputado federal priista Pedro Montalvo Gómez, su cuasi paisano.

En un principio, algunas autoridades municipales llegaron a suponer que el condicionamiento de López Gómez era por la mala fama de Montalvo Gómez, quien no sólo arrastra la sospecha de un título de “ingeniero” expedido presuntamente por el Instituto Tecnológico de Orizaba, sino que además en la CAEV ha trascendido su voracidad en la asignación de contratos y tiene irritados a sus subordinados por el inmenso poder que ha depositado en su cuñado Ernesto Ramírez Sánchez, un “asesor” que hace y deshace en esa dependencia estatal.

Sin embargo, en la delegación estatal de la CDI la administración de López Gómez no se distingue tampoco por la transparencia, legalidad y honestidad de las que tanto presume la funcionaria federal de filiación panista.

Según los rumores que corren en el medio de la construcción –los cuales parece confirmar una denuncia que estaría por ser presentada formalmente ante la Secretaría de la Función Pública por algunos contratistas inconformes con los resultados de un reciente concurso de una obra de 13 millones de pesos en la sierra de Zongolica–, en la CDI las obras que se licitan ya estarían supuestamente “comprometidas”.

Este caso es el referente a la Licitación Pública Nacional No. 00625022-005-11, relativa a la construccion del sistema de abastecimiento de agua potable en la cabecera municipal de Astacinga, Ver., cuya convocatoria fue publicada el 12 de mayo de este año en el Diario Oficial de la Federación y en el sistema de contrataciones gubernamentales “Compranet”.

La visita de obra, tal como se estableció en la convocatoria y en la cláusula primera de las bases de la licitación, se hizo el 19 de mayo de 2011 a las 11:00 horas. La junta de aclaraciones se realizó al día siguiente, 20 de mayo, a las 9:30 horas. En este evento la convocante entregó a los participantes un CD que contenía las bases de licitación y supuestamente los planos del “Proyecto Ejecutivo”, no dejando antecedente en la acta de junta de aclaraciones de la entrega de dicho CD.

Una semana más tarde, el 27 de mayo de 2011 a las 9:30 horas, se llevó a cabo la presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Nacional No. 00625022-005-11, formulándose el acta correspondiente. En total presentaron propuestas técnicas económicas las siguientes nueve empresas: En primer lugar, “Torres, Obras y Servicios, S.A. de C.V. y Construcciones” y “Terracerías del Sureste, S.A. de C.V.” (participación conjunta), con una oferta de 7 millones 076 mil 377 pesos con 40 centavos, más IVA; en segundo sitio figuró la compañía hidalguense “Constructora Ediprohsa, S.A. de C.V.”, la cual presentó un presupuesto de 12 millones 257 mil 789 pesos con 17 centavos, más IVA; en tercer lugar se posicionó la empresa xalapeña “Organización de Construcciones Pazos, S.A de C.V.”, con un proyecto de 12 millones 521 mil 533 pesos con 31 centavos, más IVA; el cuarto sitio le correspondió a “Constructora Legur, S.A. de C.V.” con 13 millones 250 mil 064 pesos con 22 centavos, más IVA; en quinta posición quedó la arquitecta Delfina Villegas Sánchez en participación conjunta con “Ingeniería Aplicada y Servicios Arquitectónicos, S.A. de C.V.”, y “Consorcio Construcciones, S.A.de C.V.”, con una propuesta de 13 millones 250 mil187 pesos con 14 pesos más IVA; y hasta el sexto lugar, inexplicablemente, quedó la empresa ganadora “Desarrollo y Comercialización del Centro, S.A. de C.V.”, cuyo presupuesto estaba muy por arriba de las otras cinco que le antecedieron.

Las otras tres empresas participantes fueron “Constructora Ruizacero de Xalapa, S.A. de C.V.” y “Flogra Construyendo, S.A. de C.V.” en participación conjunta; “Cortes Corro y Asociados, S.A.. de C.V.”; y “Rosyarq Constructores, S.A. de C.V.” y “Tangram Construcciones, S.A. de C.V.”, en participación conjunta, con ofertas que iban desde los 13 millones 701 mil 350 pesos con 61 centavos hasta los 16 millones 636 mil 420 pesos con 24 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado, obviamente.

De acuerdo a las bases de la licitación, el fallo correspondiente sería el 3 de junio de 2011 a las 12:00 horas, pero mediante el oficio circular DVER/048/2011 de fecha 01 de junio, la CDI informó a los concursantes que el evento se difería para hasta ocho días después, el 9 de junio, a las 17:00 hrs. Los representantes de las empresas se presentaron puntualmente, pero de última hora, a través del oficio circular No. DVER/053/2011 fechado ese mismo día, la convocante les informó a los participantes que nuevamente el fallo se difería pero ahora para el 15 de junio a las 16:00 horas.
La impresión entre los concursantes excluídos es que en la CDI no sabían cómo destapar el “tamal”. Esto les quedó más claro cuando finalmente, el 15 de junio, se llevó a cabo la lectura del acta de fallo en la que sorpresivamente se notificó que la única proposición solvente técnica y económicamente fue la presentada por la licitante “Desarrollo y Comercialización del Centro, S.A. de C.V.”, con un importe de 13 millones 274 mil 696 pesos con 82 centavos, sin incluir el IVA, dizque por haber cumplido con los requisitos solicitados en la convocatoria a la Licitación Pública Nacional número 00625022-005-11.

Esta empresa debió haber iniciado los trabajos en la cabecera municipal de Astacinga el pasado 20 de junio, pues de acuerdo con las bases del concurso cuenta sólo con un plazo de ejecución de 195 días naturales, el cual concluiría el 31 de diciembre del 2011.

Ya se verá entonces si en realidad su propuesta fue la más solvente legal, técnica y económicamente, al garantizar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en dicha licitación.

Por el momento, entre algunos constructores descalificados, existe la percepción de que ningún gobierno está exento de la corrupción. La única diferencia, dicen, es que unos tienen más experiencia y habilidad que otros para componer y “planchar” mejor sus cochupos.