En Puebla, el gobernador electo Rafael Moreno Ovalle está por nombrar como secretario de Seguridad Pública del estado a Ardelio Vargas Fosado, actual diputado federal priista por el distrito electoral de Huauchinango, quien durante el sexenio del gobernador Patricio Chirinos Calero (1992-1998) en Veracruz colaboró muy discretamente con el entonces secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares, en materia de seguridad.
Algunos ex funcionarios yunistas aseguran que Ardelio participó en aquél memorable desalojo de un predio del terrateniente Tranquilino Hernández Reyna, ex alcalde de Ixhuatlán de Madero, donde la policía estatal presuntamente torturó y masacró en septiembre de 1994 a los hermanos Rolando y Atanasio Hernández Hernández, un caso que por temor al estilo represivo del régimen chirinista los defensores de los indígenas tuvieron que acudir a la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, a cargo entonces de la abogada María Teresa Jardí.
Al igual que el caso de Plan del Encinal, de Ixhuatlán de Madero, Ardelio Vargas ha estado involucrado en otros incidentes de disolución violenta como la ocurrida hace cinco años en San Salvador Atenco, en el Estado de México, o la protagonizada por la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) a principios del sexenio del gobernador Ulises Ruiz.
Precisamente en octubre de 2009, en su proyecto de resolución del “caso Oaxaca” que estaba por ser discutido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Mariano Azuela Güitrón planteó que el diputado federal priista Ardelio Vargas Fosado y el general Héctor Sánchez Gutiérrez eran “participantes presumiblemente” en las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto de la APPO. Vargas Fosado, quien preside actualmente la Comisión de Defensa Nacional en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, coordinó los operativos en Oaxaca como jefe de Estado Mayor de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP).
Sin embargo, ahora que está por asumir la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Ardelio Vargas asegura que tiene un “currículo limpio”, y sin tapujos sostiene que debe aplicarse mano firme y dura en contra de los movimientos sociales en caso de ser necesario.
Entrevistado en octubre del año pasado, el legislador federal priista mencionó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo exoneraron de los cargos en los casos de Atenco y Oaxaca, y que por ende no tiene un historial “oscuro” como algunos actores políticos y asociaciones civiles han acusado. “Soy respetuoso de los movimientos sociales. Primero se debe agotar el diálogo, se tiene que agotar una solución pacifica. Por supuesto, cuando haya necesidad y así se requiera, sin duda, seguramente utilizaremos la fuerza”, advirtió.
No obstante, en el dictamen que presentó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo al Pleno de la SCJN en febrero de 2009, se concluye que en los enfrentamientos registrados el 3 y 4 de mayo de 2006 en la comunidad de Atenco –en el que fueron involucrados Yunes Linares, a la sazón funcionario de Seguridad Pública del gobierno federal, y el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto–, sí se registraron violaciones graves de garantías.
Al presentar su dictamen y hacer un relato y una reconstrucción de lo que ocurrió esos días, con base en la investigación que llevó a cabo la Corte, Gudiño concluyó que no se encontraron elementos que apoyaran la hipótesis de que se hubiera dado alguna orden de golpear, dañar o vejar a los manifestantes y detenidos; aunque eso fue, al final, lo que sucedió.
Pero –aclaró– “aun cuando la violencia no hubiese sido ordenada, sí hay elementos para considerar que fue permitida, alentada: y, en esa medida autorizada, alentada o avalada por los superiores de los policías participantes en los operativos”.
De acuerdo con el ministro de la Corte, “esa permisión o tolerancia a la violencia se advierte también en que poco, o casi nada, se investigó por parte de los propios superiores de los policías para castigar las conductas abusivas después de cometidas”.
Durante la presentación de una versión resumida de su dictamen, de alrededor de 940 páginas, el ministro informó que en los operativos policiales fueron aseguradas alrededor de 50 mujeres, de las cuales cerca de 30 refirieron haber sido agredidas sexualmente. En torno a este caso, dijo, “las probanzas recabadas permiten sostener que fueron –casi todas– víctimas de violencia física en partes de su cuerpo que permiten considerarse como agresiones de tipo sexual”.
Pero, destacó, “ante acusaciones de tal envergadura como las que hicieron las mujeres, la autoridad no actuó a tiempo y poco –casi nada– se hizo por parte de las autoridades ministeriales para documentar y esclarecer los hechos denunciados por ellas”.
A manera de resumen, durante los acontecimientos registrados en Atenco, dijo, se registraron violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad sexual, a la no discriminación por género, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad personal, al debido proceso, al trato digno de los detenidos y el derecho a la justicia.
En el caso del derecho a la vida, se asegura que éste “fue violado en perjuicio de los dos jóvenes que fallecieron, (pero) no obstante lo lamentable de estos decesos, los elementos de prueba recabados no permiten imputarlos a persona alguna”.
Sin embargo, aún así, el priista Ardelio será secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla a partir del próximo martes 1° de febrero en el gobierno de Moreno Valle, quien fue postulado por la alianza PAN, PRD, Panal, Convergencia y PT, un frente opositor que paradójicamente le entregó el poder a un gobernador que en la sucesión presidencial de 2012 seguramente apoyará al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, cómplice de Fosado Vargas y de Yunes Linares en los sucesos de Atenco, y el cual es arropado políticamente por la profesora Elba Esther Gordillo –misma que ya impuso en la dirigencia nacional del partido tricolor a su otro pupilo, Humberto Moreira Valdez, gobernador con licencia de Coahuila–, máxima lideresa del SNTE y activa socia de la “mafia” que según el aspirante perredista a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabeza el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, ex jefe de Chirinos y de Yunes, fallido candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz y un viejo conocido de quien se encargará de la seguridad poblana.
¿Ahora se entiende por qué el PRI perdió las gubernaturas de Oaxaca y Puebla, y estuvo a punto de entregar también el poder a la oposición (PAN-Panal) en Veracruz, cuyo ex gobernador Fidel Herrera, muy cercano al ex mandatario oaxaqueño Ulises Ruiz y al poblano Mario Marín, quiso disputarle a Peña Nieto la candidatura presidencial del partido tricolor?