El pasado 27 de julio, después de haber sido felicitado telefónicamente por el presidente Felipe Calderón Hinojosa tras haber recibido del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado la constancia de mayoría que lo acredita legalmente como gobernador electo de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa declaró ante la insistencia de los medios de comunicación que lo abordaron en un popular café porteño para preguntarle sobre los futuros miembros de su gabinete, que éste “lo voy a dar a conocer a las 20 horas del 30 de noviembre” y que “el único (con) cargo asegurado se llama Javier Duarte”.
De esta manera, el candidato triunfador de la alianza PRI-PVEM-PRV buscaba frenar la rumorología que cada inicio de sexenio provoca esa especie de “gabinetitis” a la que es adicta la clase política veracruzana, y que en la voraz disputa por los espacios de poder suele desatar un despiadado canibalismo entre los grupos más cercanos al gobernador electo.
Hace seis años, por ejemplo, al entonces candidato Fidel Herrera Beltrán se le ocurrió en plena campaña electoral “destapar” a la secretaria general del CDE del PRI, Bertha Hernández Rodríguez, como “la única segura” de su gabinete, lo que provocó que otros celosos fidelistas se le fueran con todo a la amiga de Beatriz Paredes Rangel, jugándole inclusive las contras en los municipios donde había postulado candidatos a las alcaldías.
La ex diputada local y federal por el distrito de Coatepec terminó políticamente tan golpeada que al inicio de esta administración solamente alcanzó la Coordinación Estatal de las Juntas de Mejoras, cuando hasta antes de la elección de septiembre de 2004 se le candidateaba para la Secretaría de Gobierno. Actualmente es la dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias de la CNC.
Duarte conoce estos juegos perversos por la disputa del poder. Por eso ha pretendido levantar un dique a la rumorología, pues por el momento busca concentrar toda su atención en dos asuntos prioritarios: la calificación pendiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la elección de gobernador de Veracruz, y el diseño de su programa de gobierno.
El virtual sucesor de Herrera Beltrán ha mandado mensajes suficientemente claros de que más que los nombres del próximo gabinete su interés mayor está en la planeación de las acciones inmediatas con las que arrancará su administración.
Esta actitud prudente fue adoptada por Duarte a raíz de la reacción que provocó su anuncio de encomendarle a Tomás Ruiz González la coordinación del equipo de trabajo para la transición de la administración pública. Este nombramiento lo oficializó en una reunión con radiodifusores, realizada casi tres semanas después de las elecciones locales.
El ex subsecretario de Hacienda y ex dirigente nacional del PANAL comenzó a ser candidateado de inmediato para la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación, pero también empezó a ser blanco de una campaña de periodicazos atribuida a enemigos embozados del grupo gobernante de la Fidelidad.
El planteamiento de Duarte era que mientras los tribunales electorales confirmaban la validez de su elección, era “necesario realizar un trabajo serio de preparación y planeación que le permita iniciar el próximo gobierno en las mejores condiciones, con la mayor responsabilidad y con un catálogo detallado, muy claro, de las actividades que vamos a emprender, cumpliendo nuestra oferta política y los compromisos que adquirimos durante la campaña”.Es más, en esa ocasión el gobernador electo expresó inclusive la necesidad de conformar un equipo para dicha tarea de manera incluyente, “invitando a participar a todos los veracruzanos, sin distingos sectarios ni visiones limitadas de carácter partidista”. “Como lo he dicho –recalcó– voy a encabezar un gobierno de todos los veracruzanos, y por ello es necesario empezar de inmediato”.
Este pronunciamiento ha hecho que ahora las baterías se enfoquen hacia algunos aliados de Duarte que no tienen militancia priista. Uno de los primeros damnificados ha sido el ex panista Gerardo Buganza Salmerón, a quien absurdamente lo ubican como posible titular de la Secretaría de Gobierno.
Y en este carnaval de rumores de fin de sexenio se ha llegado al extremo de candidatear al actual secretario Reynaldo Escobar como procurador general de Justicia del estado, versión que no tiene sentido porque el Artículo 53 de la Constitución Política local imposibilita al funcionario estatal para asumir dicho cargo debido a que para ser procurador “debe reunir las mismas condiciones exigidas para ser magistrado, señaladas en el artículo 58 de esta Constitución”, el cual estipula muy claramente que “no podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario del Despacho o su equivalente, procurador General de Justicia, senador, diputado local o federal ni presidente municipal, durante el año previo al día de su nombramiento”.
Por esa razón es que entre otros nombres que se han filtrado de posibles titulares de la PGJE en la administración duartista destacan los de dos ex procuradores generales de la República muy identificados con Veracruz: Ignacio Rey Morales Lechuga y Rafael Macedo de la Concha, quien en su infancia cursó estudios en la ciudad de Xalapa. A ellos se añade el nombre de María de los Ángeles Fromow Rangel, quien tuvo a su cargo la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de la PGR el sexenio pasado.
En el caso del pozarricense Morales Lechuga habría que ver si le convendría separarse de la cómoda Notaría Pública 116 de la ciudad de México para venir a lidiar con la criminalidad; y en cuanto a Macedo de la Concha, todo mundo sabe que no tiene vínculos sanguíneos con Veracruz, ¿pero el PAN votaría en contra del nombramiento del ex procurador del ex presidente Vicente Fox o de la ex titular de la Fepade cuando ya lo hizo en esta administración para que sin ser hijos de veracruzanos o sin ser nativos de la entidad, el general Sergio López Esquer ocupara la Secretaría de Seguridad Pública, y Salvador Sánchez Estrada la Sefiplan?
Por lo mientras, ayer, el procurador Salvador Mikel Rivera atajó los rumores de que vaya a separarse del cargo antes de que concluya esta administración.