Luego de que el Congreso local ratificó sus nombramientos y les tomó protesta como miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) a Fernando Charleston Salinas, Edel Álvarez Peña, Gladys Pérez Maldonado y Víctor Manuel César Rincón, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros no pudo reprimir su enojo y declaró que ahora “cualquier pendejo puede ser magistrado”.
A diferencia del resto de sus homólogos de la LXI Legislatura del estado –entre ellos el presidente de la Diputación Permanente, el priista Héctor Yunes Landa, quien sugirió a la magistrada que se disculpara públicamente con sus nuevos compañeros del TSJE–, el diputado de Convergencia, Sergio Vaca Betancourt, festinó lo dicho por la abogada Castañeda e inclusive se atrevió a proponerla para que en diciembre próximo, cuando concluye la gestión del magistrado presidente Reynaldo Madruga Picazo, ella presida al máximo tribunal de Veracruz.
Para hacerlo realmente autónomo del titular del Poder Ejecutivo, “al Poder Judicial le hace falta que llegue alguien no con pantalones, sino con las enaguas bien puestas, y quien cumple con ese requisito es la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, quien cuenta con una carrera judicial exitosa, pues empezó desde los cargos más sencillos y a base de trabajo, esfuerzo y capacidades, ha llegado hasta el lugar que tiene”, dijo el polémico abogado porteño, quien además se atrevió a asegurar que como litigante él jamás ha llevado algún caso con dicha magistrada.
Sin embargo, entre el diputado Vaca Betancourt y la magistrada Castañeda se dio hace cuatro sexenios una sospechosa complicidad. Existe, por ejemplo, un expediente en el que el abogado aparece como presunto beneficiario del litigio de una fracción de terreno denominado “Playa Norte”, con una extensión superficial de 1,308 hectáreas y que corresponde a lo que fue la Hacienda “Santa Fe”, congregación Delfino Victoria, del municipio de Veracruz.
Este valioso predio se localiza entre la playa y el mar por el norte, la carretera Veracruz-Cardel por el sur, el Río Medio por el oriente, y el Río Grande por el poniente. En total, la parte adjudicada a los representados del abogado Vaca Betancourt constaba de 5 millones 540 mil metros cuadrados, que a mediados de los años noventa se cotizaban aproximadamente en más de 2 mil 200 millones de pesos.
De acuerdo con este expediente, Vaca habría sido el autor intelectual y material en la adjudicación fraudulenta por prescripción positiva contra el difunto Benito Macario Vargas Camarillo, quien según los actores del juicio simulado, al momento de demandar la prescripción positiva, era propietario de la fracción del terreno denominada “Playa Norte”, con superficie corregida de 554 hectáreas, 44 áreas y 89 centiáreas, lo cual era supuestamente falso, pues dicha persona había vendido su propiedad desde el 7 de noviembre de 1945 al señor Jorge C. Roura Malpica, quien falleció en 1965. De ahí en adelante se efectuaron infinidad de ventas y adjudicaciones por herencia de las fracciones del predio,  llegando a sumar más de 100 los propietarios de las mismas.
Según esta historia, los señores Ramón Nogueira Pérez –ya extinto, quien era padrino del licenciado Pedro Olea Bretón, primo hermano y socio del despacho jurídico de Vaca Betancourt Bretón–, Isidoro Guevara Soberano, Amado Ramírez Vázquez y Ernesto Guevara Soberano, se prestaron a promover inicialmente, en vía de Jurisdicción Voluntaria, diligencias de información testimonial, para justificar que el señor Benito Macario Vargas Camarillo no podía ser localizado. El 11 de abril de 1988, sin más pruebas que el simple testimonio de dos personas proporcionadas por los actores, la titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia resolvió a favor del actual diputado convergente. ¿Quién era esa juez? Acertó: ¡Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros!.
Inmediatamente después, el 25 de mayo de 1988, Vaca y sus representados demandaron el juicio de prescripción positiva contra el difunto Vargas Camarillo, obteniendo sentencia a favor el 3 de febrero de 1989 por parte del nuevo juez Cesáreo Morales Morales, mediante la cual se adjudicaron ilegalmente la propiedad mencionada, ya que sabían de la existencia de quienes en ese momento eran propietarios legales.
Lo más curioso de este asunto es que la escritura primera relativa al predio denominado “Playa Norte”, inscrita bajo el No. 267, fojas 29 a 42 del tomo 157, sección primera, de fecha de 26 de octubre de 1917, no pudo ser localizada, pues el tomo correspondiente fue desaparecido de los archivos del Registro Público de la Propiedad inmediatamente después de efectuado el juicio de prescripción promovido por el licenciado Vaca para apoderarse del predio; por esta razón es que –según se consigna en el mencionado expediente– la resolución judicial correspondiente ni ninguna otra han podido ser anotadas marginalmente en la escritura de propiedad.
Con la desaparición de dicho tomo pretendieron romper el vínculo entre el desarrollo legal de las transmisiones de propiedad y el desarrollo ilegal que estableció Vaca y representados, con la adjudicación que logró del Juez Cuarto de Primera Instancia.
Uno de los damnificados de este escándalo fue Fernando Orozco Jaime, encargado entonces del Registro Público de la Propiedad, quien en 1988 fue removido de su cargo por sospechas de intervenir en esta clase de ilícitos, entre otros, por la adjudicación con los mismos procedimientos de predios ubicados frente al mar en el fraccionamiento Costa Verde, municipio de Boca del Río.
La orden de su destitución la habría dado precisamente Dante Delgado, en esas fechas secretario general de Gobierno.
Luego de haber logrado la adjudicación del predio “Playa Norte” por prescripción positiva, en lugar de aprovechar y explotar permanentemente en su beneficio dichos terrenos, los representados de Vaca se deshicieron de inmediato de ellos, lo que reveló su presunta intención fraudulenta. Dicha propiedad fueron vendidas a tres empresas constructoras del ingeniero Valentín Ruiz Ortiz, un empresario muy cercano al ex candidato del PAN a gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.
El problema estalló cuando las compañías de Ruiz Ortiz –Varo, SA, Inmobiliaria y Constructora Ruiz, SA de CV, y Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, SA de CV– otorgaron diversas fracciones del predio en garantía hipotecaria de crédito a tres instituciones bancarias, las cuales reclamaron después el pago del adeudo reestructurado por un monto total de 95 millones 580 mil 911 pesos en UDIS, como suerte principal, más los intereses y recargos generados.
Algunas fracciones del predio fueron embargadas precautoriamente en juicio ejecutivo mercantil por los bancos Internacional, Inverlat y Serfin, pero las instituciones nacionales de crédito no podían adjudicarse en pago de adeudo las fracciones de terreno hipotecadas porque todo lo actuado en los juicios civiles, instrumentado por Vaca para apoderarse del citado terreno, era jurídicamente nulo, por lo que las empresas que aparecían como propietarias en realidad no lo eran, ya que había más de 100 propietarios legales.
Y es que en los tres casos de las constructoras que aparecían como compradoras, dentro de los documentos notariales, el ingeniero Valentín Ruiz  manifestó “que por no conocer a los ‘vendedores’, me presentan a dos testigos de identificación…” Tales testigos resultaron ser el ingeniero Enrique Aubry Orozco, socio del propio comprador y familiar del licenciado Fernando Orozco Jaime, encargado del Registro Público de la Propiedad, así como el licenciado Pedro Olea Bretón, familiar y socio de Vaca Betancourt Bretón.