Aunque lo más sensato será esperar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero ha trascendido que más que una joya de la técnica jurídica los alegatos de la oposición para impugnar el triunfo del PRI en la elección de gobernador de Veracruz sólo es una retahíla de lamentos sin sustento e improperios contra los funcionarios y magistrados electorales del estado que validaron los resultados de los comicios del pasado 4 de julio.
Para empezar, según se sabe, los recursos de impugnación presentados ante el TEPJF ya no fueron consensados con los representantes legales de todos los partidos que conformaban las dos coaliciones opositoras. Nueva Alianza, por ejemplo, no secundó al PAN en su queja ante el Tribunal Federal Electoral, mientras que el PRD y el PT también se habrían deslindado de Convergencia, aunque el representante del instituto político naranja, Froylán Ramírez Lara, habría incluido en su recurso de impugnación a los partidos del sol azteca y del Trabajo, cuyas dirigencias estatales públicamente han reconocido que no existen elementos sólidos para anular esta elección.
Vamos, dicen que uno de los impugnadores hasta habría cometido el “oso” de no identificar siquiera al presunto “agraviado” en su escrito de defensa.
En ese mismo tenor, el doctor en Derecho, Eduardo Andrade Sánchez –ex senador, ex diputado federal y ex procurador de Justicia del Estado–, actual representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), ha corroborado que los recursos de impugnación que el PAN y Convergencia promueven en contra de la declaración de validez de la elección de gobernador no tienen soporte jurídico, por lo que anticipó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificará a Javier Duarte de Ochoa como gobernador electo porque hay total certeza de su elección.
Como representante legal ante el IEV, Andrade Sánchez informó que el Partido Revolucionario Institucional está listo para responder a los requerimientos por el desahogo de los últimos recursos de inconformidad, pues este domingo y lunes –1 y 2 de agosto– vencieron los plazos para que el TEPJF reciba las quejas en contra de la validez de la elección de gobernador que dictó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Veracruz, tal y como marca la ley.
Andrade reiteró que los argumentos de Acción Nacional carecen de sustento y de pruebas y explicó por qué se puede anticipar que los magistrados electorales federales otorgarán el carácter de “firme” a la sentencia y, por lo tanto, de “irrevocable” a la validación de la elección de gobernador de Veracruz.
De acuerdo con la versión del representante priista ante el IEV, las quejas y pruebas que la oposición ya presentó en una primera instancia jurisdiccional en materia electoral, son las mismas que debe entregar al Tribunal Federal Electoral para elevar su impugnación, de ahí que pueda advertirse que también serán desechadas.
A manera de resumen, dijo que los adversarios se niegan a reconocer la derrota y tratan de poner en entredicho una diferencia de 79 mil votos aportando una serie de notas informativas que no configuran una causal de nulidad, pues pretenden descreditar un triunfo con información periodística que sólo da cuenta de una campaña electoral que se desarrolló a lo largo y ancho del territorio veracruzano, y de contacto directo con la gente.
Andrade precisó que la información periodística nunca será prueba plena en el desarrollo de un proceso judicial electoral, pues carecen de peso jurídico.
“Si uno analiza las quejas, hay páginas enteras dedicadas a decir ‘la nota tal, del diario tal, y otra nota del periódico tal’, y se reseñan. Pues uno dice: ¡no es suficiente! No es suficiente con que haya publicaciones periodísticas. Eso demuestra que hubo algún evento, por ejemplo. Hay casos en que se dijo: ‘rebasaron topes de (gastos de) campaña porque hubo muchos actos’. Bueno, sí hubo actos, salieron en el periódico, pero no se aporta una sola prueba; no hay más que notas de prensa que reportan una campaña”, explicó Andrade Sánchez.
Además de esas inconsistencias de la oposición, el doctor en Derecho mencionó otras que el PAN y Convergencia también buscan promover como una causal de nulidad y que obviamente no está tipificada como tal en el Código Electoral vigente para el estado de Veracruz.
Citó, por ejemplo, su pretensión de que la inasistencia a un debate radiofónico extraoficial ponga en duda la elección, cuando el Instituto Electoral Veracruzano organizó un foro para que los tres ex candidatos a la gubernatura confrontaran sus propuestas y proyectos.
Para Andrade Sánchez sólo queda esperar el desarrollo de este último procedimiento judicial que se contempla en un proceso electoral; pero asegura que el TEPJF sólo confirmará a Javier Duarte como “gobernador electo”, un status jurídico que el veracruzano recibiría muy posiblemente primero que los otros 11 ex candidatos triunfadores que contendieron el pasado 4 de julio en una docena de entidades del país.

¿Notaría patito?

Comentábamos ayer, en este mismo espacio periodístico, el evidente malestar que existe entre varios gremios profesionales de la entidad por algunas decisiones polémicas del titular del Poder Ejecutivo del estado, las cuales tuvieron un impacto negativo y pusieron en riesgo el triunfo del PRI en la reciente elección de gobernador el pasado 4 de julio.
Entre éstas mencionábamos el caso del selectivo reparto de un nuevo centenar de patentes notariales, lo que provocó el reprimido repudio de un buen número de veteranos fedatarios públicos, los cuales muy en privado suelen expresar su desacuerdo no solamente por la merma que esto representa en sus ingresos sino también por el “choteo” que ahora se le ha dado a esta distinguidísima función conferida por el Estado.
Y para mejor ilustrar esta situación mencionaremos el escándalo mediático en que se ha implicado a la flamante titular de la Notaría Pública número 4 de San Andrés Tuxtla, Martha Luisa Díaz del Castillo Viveros.
Según se ha difundido por la Internet, esta fedataria cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad del Golfo de México; pero sus malquerientes aseguran que la carrera profesional la realizó presentando un certificado de preparatoria presumiblemente falso, expedido por la Universidad de Oaxaca, Oaxaca.
Los detractores de la notaria de San Andrés Tuxtla hicieron circular una copia fotostática del presunto documento oficial.