Aunque todavía está en veremos si el PRI contará con 25 o más diputados en la LXII Legislatura local –pues la fracción X del artículo 255 del Código Electoral vigente en Veracruz establece que “en ningún caso al partido mayoritario se le asignarán más de cinco diputados” por el principio de Representación Proporcional–, lo cierto es que de confirmarse el triunfo del candidato priista a la gubernatura, Javier Duarte de Ochoa, éste enfrentará el mismo problema que hace seis años tuvo Fidel Herrera Beltrán para designar al primer titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Y es que pese a que finalmente el Revolucionario Institucional lograra sumar más de cinco diputados plurinominales, los priistas obtendrían solamente la mayoría simple pero no la mayoría calificada que constitucionalmente se exige para ratificar el nombramiento del procurador que el titular del Poder Ejecutivo del estado proponga al pleno del Congreso local.
En diciembre de 2004, como se recordará, Herrera Beltrán propuso inicialmente el nombramiento de Salvador Mikel Rivera, pero el PAN lo vetó porque controlaba la mitad de los diputados locales. Sin argumentos de peso, los del partido blanquiazul echaron abajo la designación del abogado porteño, quien en el sexenio del gobernador Patricio Chirinos (1992-1998) fue subsecretario y secretario de Gobierno además de diputado federal.
Ante esta situación, el gobernador Herrera tuvo que dejar provisionalmente a un encargado de despacho y meses después promovió a Emeterio López Márquez, para cuya ratificación tuvieron que hacer una serie de maniobras en las que involucraron a algunos diputados panistas, entre ellos al entonces secretario de la mesa directiva de la LX Legislatura local, Francisco Herrera Jiménez, de Papantla, al cual motejaron precisamente como el “Diputado Mago” porque a la hora de la votación aparecieron más boletas de la bancada del PAN a favor del nombramiento del procurador fidelista.
El escándalo mediático fue tal que el profesor Herrera tuvo que dejar la Legislatura y al partido blanquiazul. En 2007 reapareció como candidato del PRI a la presidencia municipal de Papantla y en 2009 contendió también por el Revolucionario Institucional para la diputación federal. Este año reclamó la posición legislativa local para su grupo, pero perdió la elección del pasado 4 de julio. Sin embargo, el tricolor ganó la alcaldía totonaca con el diputado Jesús Cuauhtémoc Cienfuegos Meraz, su enemigo político.
El nombramiento del titular de la PGJE es importante porque uno de los ejes fundamentales del proyecto de gobierno del priista Duarte es lograr un sistema de procuración de justicia eficaz y funcional. Ese, al menos, fue uno de los compromisos que el candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz hizo con los gobernadores electos de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, y de Tlaxcala, Mariano González Zarur, con los cuales comió este domingo 18 en un restaurante de Boca del Río para planear un programa de desarrollo integral para esta región de la República Mexicana.
Por su plena identificación política con el incipiente duartismo, uno de los candidatos más viables para despachar en la Procuraduría General de Justicia del Estado es Marco Antonio Aguilar Yunes, actual subprocurador en la zona de Xalapa.
Y es que no obstante su parentesco con el candidato del PAN Miguel Ángel Yunes Linares, el joven subprocurador es uno de los amigos más cercanos a Javier Duarte desde hace 18 años. Su trato es prácticamente de hermanos, pues la familia Aguilar Yunes acogió en su época de estudiante universitario al ahora virtual gobernador.
Sin embargo, ha trascendido que la familia Yunes, del PAN, se apresta a boicotear la posible designación de Marco Antonio Aguilar, hijo del ex secretario alemanista de Finanzas y Planeación, Juan Felipe Aguilar de la Llave, y hermano del regidor porteño Oliver Aguilar, quien contendió como candidato del PRI a diputado local por el distrito urbano del puerto de Veracruz.
Por eso no se descarta que antes de que concluya su periodo constitucional la LXI Legislatura local, en la que el PRI cuenta con más de 30 votos, pudiera anticiparse el nombramiento del procurador de Justicia del estado que continuaría en el sexenio duartista.
Ello implicaría apresurar la salida del procurador fidelista Salvador Mikel Rivera, quien el pasado 12 de julio acaba de recibir la presea Honoris Causa al Mérito Jurídico, la cual le fue otorgada en la ciudad de Querétaro por la Institución Nacional para la Celebración del Día del Abogado, A.C. (INCDA), un reconocimiento al que inexplicablemente no le dieron gran difusión los voceros de la PGJE.
Y es que el reconocimiento que esta asociación nacional entregó al jurista veracruzano se sustentó en su destacada trayectoria profesional y en su sobresaliente trabajo a favor de la procuración de justicia en nuestra entidad.
La INCDA destacó la capacidad transformadora de Mikel Rivera al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, institución que –según se afirma en el boletín oficial– hoy por hoy es una de las más modernas y profesionales de la República Mexicana.
Este evento fue presidido por el gobernador del estado de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, quien asistió acompañado por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial de esa entidad, y destacándose también la participación del Consejo Mexicano de la Excelencia Académica, del Colegio de Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, del Colegio Nacional de Abogados Navales y de Federaciones, Barras, Colegios y Asociaciones de abogados de todo el país.
Al hacer uso de la palabra, Salvador Mikel agradeció el reconocimiento y señaló que lo aceptaba en nombre del gobierno del estado de Veracruz, que se ha constituido como el más firme impulsor en la reconversión de la dependencia que hoy conduce, así como de los servidores públicos veracruzanos que día con día colaboran para impulsar una procuración de justicia eficiente, con amplia solvencia técnico-jurídica y con mayor cercanía a la gente.