De los 212 municipios del estado donde el domingo 4 de julio se eligieron nuevos ayuntamientos, sólo en los de José Azueta, Zongolica y el puerto de Veracruz se realizó un largo recuento de voto por voto ante el cerradísimo resultado que se dio entre los candidatos punteros a las alcaldías.
En estos tres casos municipales, a diferencia de la elección de gobernador, sí procedió el recuento general de los votos porque se cumplía con lo previsto en el párrafo décimo del artículo 244 del Código Electoral del estado que literalmente dice: “Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el Consejo respectivo deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas”.
El del puerto de Veracruz fue el conteo más prolongado, pues apenas concluyó este domingo 18. Duró diez días.
Al final del recuento, la coalición “Veracruz para adelante”, encabezada por Carolina Gudiño Corro, del PRI-PVEM, obtuvo 90 mil 187 votos, mientras que Julio Saldaña Morán, de la alianza “Viva Veracruz” (PAN-Panal), quedó en segundo lugar con 89 mil 979 sufragios: 208 menos que la priista. Mauro Loyo Varela, de la coalición “Para cambiar Veracruz” (PRD-PT-Convergencia), quedó muy rezagado con sólo 16 mil 197 sufragios.
Sin embargo, pese al esfuerzo ciudadano que se extendió durante 238 horas para revisar uno por uno los paquetes electorales de las 695 casillas de esa demarcación municipal, ahora resulta que ni el ex candidato a la alcaldía porteña ni el aspirante del PAN a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares, aceptan el resultado.
Como bien lo acaba de definir la reconocida escritora Guadalupe Loaeza, la actitud de estos panistas que se niegan a admitir su derrota ya es mero berrinche.
Pero esa es la estrategia de Yunes Linares, quien busca prolongar el conflicto post-electoral hasta noviembre próximo, mes en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –la última instancia legal– habrá de calificar a más tardar la elección de gobernador de Veracruz, y resolver si fue o no válido el triunfo del candidato priista Javier Duarte de Ochoa, quien desde antes y durante la campaña electoral siempre ha ido adelante del abanderado del PAN, primero con las encuestas, luego en el cómputo de los votos y ahora con la operación política-mediática para la legitimación de los comicios.
Este domingo 18, por ejemplo –el mismo día en que la Comisión Municipal Electoral del puerto de Veracruz concluyó el recuento de los votos y ratificó el triunfo de la priista Carolina Gudiño–, en un afamado restaurante de mariscos de Boca del Río, Duarte de Ochoa recibió el espaldarazo de los gobernadores electos de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, y de Tlaxcala, Mariano González Zarur.
Por la certeza que tiene de su triunfo electoral, Duarte se ha visto mucho más seguro y ha venido demostrando mejor oficio político que sus adversarios. Dante Delgado, del PRD-PT-Convergencia, salió rumbo a Europa después de raparse la cabeza en las instalaciones de la Comisión Distrital Electoral de Xalapa. Y es probable que el ex gobernador sustituto retorne a Veracruz hasta que le vuelva a crecer el pelo.
Yunes Linares, en cambio, se ha dedicado desde la semana anterior a recorrer las 30 cabeceras distritales del estado para seguir denunciando un fraude electoral que no ha podido comprobar legalmente. En el puerto de Veracruz, por ejemplo, aseguraban haber ganado la presidencia municipal, pero luego del recuento general que se realizó voto por voto durante diez días, al final del cómputo se confirmó la victoria de la priista Gudiño.
El ex director del Issste sabe que no ganó, si no hasta el mismo presidente Felipe Calderón ya lo hubiera felicitado telefónicamente como lo hizo con otros candidatos triunfadores, o al menos los gobernadores aliancistas recién electos de Oaxaca, Puebla y Sinaloa ya hubiesen concurrido a darle también un espaldarazo tal y como lo acaban de venir a hacer los priistas vencedores de Tlaxcala, Tamaulipas y Quintana Roo con Duarte de Ochoa, con el cual trataron temas de interés común para la región centro-Golfo del país: desde un plan de combate a la pobreza hasta la atracción de inversión privada nacional y extranjera, el desarrollo de infraestructura y el diseño de una estrategia conjunta para enfrentar a la delincuencia, cuyos ejes fundamentales serían la comunicación total y permanente, y la revisión de las correspondientes legislaciones para hacer que la justicia se aplique de manera pronta y eficiente.

PRI: Mal cálculo

En diciembre de 2008 fue reformado por última vez el Código Electoral del estado.
Y seguramente por el carro casi completo que el PRI se llevó en las elecciones locales de 2007 –en las que ganó 28 de los 30 distritos electorales–, los diputados priistas aceptaron meter algunos candados en la sección referente a los resultados del cómputo en la circunscripción plurinominal.
Así, pues, la fracción X del artículo 255 estableció a partir de entonces que “la asignación de diputaciones por representación proporcional, se hará en primer término al partido que haya obtenido mayor número de votos y en orden decreciente a los demás”, pero estipula además muy claramente que “en ningún caso al partido mayoritario se le asignarán más de cinco diputados por este principio.”
En la elección del pasado 4 de julio, el PRI, como ya se sabe, ganó 20 de los 30 distritos electorales del estado. Y si legalmente sólo tiene derecho a cinco curules plurinominales, entonces la próxima bancada del partido tricolor contará únicamente con 25 de los 50 diputados a la LXII Legislatura local, o séase la mitad.
Según cuentan, uno de los duartistas que habría pagado los “platos rotos” fue el diputado Erick Lagos Hernández, quien habría recibido el reclamo del candidato a gobernador Javier Duarte de Ochoa, pues de serle confirmado su triunfo ahora le tocará gobernar los próximos tres años con un Congreso dividido, sin mayoría priista.
Y es que una de sus primeras broncas, por ejemplo, será designar al nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, nombramiento que por ley deberá ser ratificado con el voto a favor de la llamada “mayoría calificada” del Congreso local, esto es, con la aprobación de las dos terceras partes de los 50 diputados veracruzanos.
Esto obviamente ha dado pie a todo tipo de especulación, como por ejemplo a la versión de que en la siguiente Legislatura del Estado se encarecerá muchísimo más el voto de algunos representantes populares de oposición. ¿Será?