Este lunes 28, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, volaba rumbo a China.
Fue en San Francisco, en una escala técnica, donde el fuerte aspirante presidencial del PRI se enteró del atentado contra Rodolfo Torre Cantú, candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas.
El gobernador mexiquense ya no prosiguió su viaje al continente asiático, sino que retornó de inmediato a México.
¿Por qué su abrupto regreso si el incidente no ocurrió en la entidad que gobierna? Lógico: el asesinato de Torre Cantú afecta su proyecto por la candidatura presidencial del PRI en el 2012.
Peña Nieto se vio obligado a retornar al país porque no podía estar ausente en la negociación de la cúpula priista a la hora de elegir al candidato suplente de Rodolfo Torre, el cual –trátese de quien se trate– prácticamente está pronosticado que arrase en la elección del próximo domingo 4 de julio pese a la narcoviolencia que impera en Tamaulipas.
Precisamente el homicidio de Torre se atribuye a uno de los cárteles del narcotráfico que disputa el predominio del territorio tamaulipeco. Lo único que resta saber es con qué grupo de poder está vinculada esa presunta organización criminal que ejecutó el asesinato: ¿con los que gobiernan a nivel federal o en el estado? ¿Su afinidad es hacia el PAN o con el PRI?
Ahora más que nunca, con este sangriento hecho, han quedado evidenciados los estrechos vínculos de las élites gobernantes con el crimen organizado que ha infiltrado no solamente las estructuras políticas sino las esferas financieras y hasta eclesiásticas del país.
La semana antepasada, por ejemplo, la revista “Proceso” publicó una extensa lista de diputados federales y senadores con presuntas ligas con narcotraficantes que financiaron sus campañas y carreras políticas.
Ya en 2009, antes de las elecciones federales, en una reunión en Los Pinos el propio Felipe Calderón les advirtió a todos los gobernadores del país que si no enfrentaban juntos y con decisión al crimen organizado se corría el riesgo de que en 2012 llegara al poder en México un “narco presidente”.
Pero hasta ahora, antes del crimen de Torre Cantú, el combate al narcotráfico sólo servía de arma electoral para el partido del presidente Calderón en contra de los gobernantes priistas que controlan más de la mitad de las entidades federativas del territorio nacional, un poderío que podría incrementarse a favor del partido tricolor al elegirse este domingo 4 de julio a 12 nuevos gobernadores.
A varios de ellos se les intimidó con otro “michoacanazo” como el ejecutado el año pasado en el estado gobernado por Leonel Godoy, del PRD.
Para nadie es un secreto que las estructuras del poder en México han sido infiltradas por el narcotráfico, y que obviamente los cárteles de la droga buscan también poner candidatos en la próxima sucesión presidencial.
En 1994 no fue Mario Aburto, el supuesto “asesino solitario”, quien realmente atentó contra el candidato priista Luis Donaldo Colosio. El político sonorense fue ejecutado por la misma mafia de narcopolíticos que en 1988 mandaron a eliminar también a Francisco Javier Ovando y a Román Gil Heraldez, encargados de la ingeniería electoral del candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Los homicidios de los cardenistas fueron atribuidos al Cártel del Golfo, comandado en ese entonces por Juan García Ábrego.
Son los mismos narcopolíticos que ahora, de la mano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, se aprestan al anunciado retorno del PRI a la Presidencia de la República en el 2012.
Lo grave es que ante la falta de candidatos fuertes dentro del panismo, el propio presidente Calderón parece haberse alineado con este grupo de poder encabezado por Salinas de Gortari que buscará cerrarle nuevamente el paso a un peligroso enemigo común: Andrés Manuel López Obrador, quien pese al desfondamiento de la alianza de partidos de izquierda que en 2006 lo llevó hasta el umbral de la Presidencia de la República –casi medio punto porcentual abajo de la votación obtenida por el panista, según el cómputo oficial–, sigue encabezando las encuestas como la mejor opción para la sucesión presidencial de 2012 entre los militantes y simpatizantes del PRD, PT y Convergencia.
En Tamaulipas, con la ejecución de Rodolfo Torre, el crimen organizado ya mandó aparentemente el mensaje de que no sólo está dispuesto a tumbar candidatos a las gubernaturas sino que también buscará influir en la elección del próximo presidente de la República.
Lo preocupante era que hasta antes del crimen del abanderado del PRI de Tamaulipas, Calderón se había erigido prácticamente en el jefe de las campañas de los candidatos del PAN, alentando inclusive la “guerra sucia” en contra de los gobernadores priistas en vez de actuar con la imparcialidad y vocación democrática de un auténtico Jefe de Estado, lo que le habría dado autoridad moral para exigir a los mandatarios estatales que tampoco se entrometieran en los procesos electorales de sus respectivas entidades.
Ayer por la mañana, en menos de 24 horas del homicidio de Torre, en un segundo mensaje a la nación el presidente Calderón convocó a todas las fuerzas políticas del país a un diálogo “franco, respetuoso y constructivo” para dar respuesta a la amenaza del crimen organizado.
“He escuchado, y de manera muy atenta, el llamado que durante el día de ayer (lunes), diversos actores políticos y sociales han expresado (para que) nos reunamos de manera urgente para dialogar, y dar una repuesta unitaria y eficaz. Una respuesta serena y determinante, que sea reflejo de causa común de todos los que representamos a los ciudadanos, y no sólo del presidente, una respuesta que implique unidad de esfuerzos y voluntad política de todas las representaciones partidistas”, dijo en su mensaje Calderón, quien convocó “a todas las fuerzas políticas del país, a todos a quienes creemos y defendemos la democracia, a que dialoguemos sobre éste y otros desafíos que México enfrenta de manera directa, a que demos juntos una respuesta unida y firme frente a quienes atentan contra la vida democrática y la paz de los mexicanos”. En su mensaje, Calderón dijo que “frente al desafío que hoy nos plantea la delincuencia organizada, no hay margen para pretender dividendos políticos”. Por el momento invitó a todos a “un encuentro por definir para, entre todos, hacer un frente común”. Indicó que se trata de un diálogo “directo”, necesario porque “estoy convencido de que hoy, más que nunca, se requiere ese diálogo y de esa unidad porque, unidos, los mexicanos podemos vencer, y venceremos, a un enemigo común, que hoy amenaza con destruir, no sólo nuestra tranquilidad, sino también nuestras instituciones democráticas”. El mandatario, quien estuvo acompañado del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, advirtió que “es en la división entre los mexicanos donde los criminales encuentran los espacios y las vulnerabilidades para dañar a México”. Reiterativo, Calderón dijo que se debe actuar por encima de cualquier interés, por lo que las fuerzas políticas tienen que defender la democracia, más allá de las legítimas diferencias. Y convocó a la sociedad, sectores productivos, empresarios, académicos y medios de comunicación, cada quien en su ámbito y desde su competencia e influencia, para que asuman su responsabilidad en un frente contra “quienes pretenden imponer su voluntad por encima de la ley”. Para ello expuso que “(se) requiere el apoyo de los ciudadanos y la colaboración franca y sin titubeos de las fuerzas políticas y sociales del país”.
Por lo mientras este martes, en Boca del Río, el secretario Gómez Mont y el gobernador Fidel Herrera firmaron el Protocolo de Coordinación de Seguridad Pública para la Jornada Electoral 2010, con lo que se pretende blindar el proceso electoral para que este domingo los ciudadanos veracruzanos salgan a votar con libertad y tranquilidad.
¿Cómo lo habrá tomado el beligerante candidato del PAN a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares, quien durante toda su campaña se encargó de crear un escenario catastrofista de inseguridad en el estado?
Pero lo peor para el bravucón abanderado panista es que después del 4 de julio, ante la convocatoria de unidad lanzada por el presidente Calderón para enfrentar a la delincuencia organizada, tampoco habrá condiciones políticas adecuadas para que busque atizar un conflicto post-electoral en el estado.