Algunos malquerientes de Felipe Calderón Hinojosa –que por supuesto no son pocos, pues tan sólo en las elecciones presidenciales de 2006 más de 24 millones de priistas y lopezobradoristas (PRD-PT-Convergencia) votaron en contra de él– suelen preguntar que aparte de la corpulencia y estatura física, el bigotito y el anticlericalismo del general Plutarco Elías Calles, qué más diferencia al presidente de la República actual con aquel ex mandatario que en 1929 logró convocar y conciliar a los caudillos revolucionarios cuyas pugnas por el poder seguían ensangrentando al país.
Y es que si bien es cierto que no se trata exactamente del mismo escenario post-revolucionario –aunque las balaceras y las ejecuciones masivas de la delincuencia organizada nos remontan hoy en día a aquellos violentos tiempos de los inicios del siglo XX–, pero lo cierto es que con el desplome del presidencialismo que prevaleció durante los 70 años de la hegemonía del PRI, y con el debilitamiento de la figura presidencial en los dos últimos sexenios tras el par de triunfos del PAN, han surgido en los estados poderes locales de tipo caciquil que buscan extenderse transexenalmente ante el vacío de poder que se ha propiciado desde la Presidencia de la República, y no por “vocación democrática” del titular del Poder Ejecutivo federal sino por su carencia de liderazgo, torpeza política y deslegitimado principio de autoridad, cuyo origen fue calificado de “espurio” por Andrés Manuel López Obrador, su principal adversario al que venció por apenas medio punto porcentual.
Así, pues, perdido el poder hegemónico del presidente, ahora los gobernadores intentan asumirlo para sí. Algo similar a lo que ocurrió hace un siglo, cuando cayeron Porfirio Díaz y luego Francisco I. Madero. Ese vacío fue llenado por los carrancistas, villistas, zapatistas, orozquistas; y luego obregonistas, callistas, delahuertistas, escobaristas y cedillistas, entre otros, que se disputaban el poder.
El mérito de Calles fue sentar a todos los caudillos de la Revolución y pactar la transmisión pacífica del poder para estabilizar al país. Así surgió el Partido Nacional Revolucionario (PNR) que luego dio paso al Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y finalmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Aquí no se trata, por supuesto, de que Calderón desaparezca al PAN y funde un nuevo partido, sino de que pacte con todas las fuerzas políticas –y principalmente con los gobernadores– condiciones de equidad e imparcialidad en los procesos electorales, lo cual implicaría que él y sus correligionarios pusieran el ejemplo y tomaran la iniciativa.
De lo contrario, con qué autoridad moral el PAN y Calderón les quieren exigir a los mandatarios estatales del PRI que saquen las manos de las campañas electorales cuando, por ejemplo, la propia esposa del presidente, Margarita Zavala de Calderón, viaja a Oaxaca a un evento de la Comisión Nacional de Atención a Comunidades Indígenas, acompañada de la esposa del candidato de la alianza opositora Gabino Cué.
¿Y no le atribuyeron también los simpatizantes del ex panista Gerardo Buganza Salmerón a doña Margarita la “imposición” de Miguel Ángel Yunes Linares como candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz, al cual buscan hacer ganar a través de la filtración de grabaciones telefónicas clandestinas que la cúpula nacional del PRI le atribuye al aparato de inteligencia del gobierno federal?
El mismo modus operandi que el partido blanquiazul ha desplegado contra los gobernadores priistas de Puebla y Oaxaca, estados que junto con Veracruz representan un filón electoral de aproximadamente 14 millones de votantes, casi la misma cantidad que en 2004 sufragó por Calderón para llevar al panista a la Presidencia de la República.
Ayer, por ejemplo, contrario a lo manifestado un día antes en el puerto de Veracruz por el gobernador Fidel Herrera –el cual deslindó al presidente Calderón y al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de los audioescándalos–, el mandatario oaxaqueño Ulises Ruiz sostuvo que el responsable de filtrar las conversaciones telefónicas de varios gobernadores del país es Calderón y no el dirigente nacional del PAN, César Nava, como lo había precisado su homólogo veracruzano.
“No es el dirigente nacional del PAN; el presidente Calderón es el coordinador de las campañas, no le da el tamaño a César Nava para conducir las campañas, la guerra sucia”, dijo Ruiz, quien señaló que “el Cisen es el que hace la intercepción de llamadas telefónicas, todo el cuerpo de espionaje de combate a la delincuencia organizada lo ponen al servicio del PAN”.
El gobernador de Oaxaca, quien afirmó que la “guerra sucia” se incrementará en su contra en los próximos días y que incluso se involucrarán a miembros de su familia, argumentó que esta estrategia es provocada por la desesperación de Acción Nacional y del presidente Calderón ante las derrotas electorales del próximo 4 de julio.
Por cierto, según versiones periodísticas difundidas ayer, trascendió que en este asunto de la grabación clandestina de conversaciones telefónicas de los gobernadores priistas de Oaxaca, Puebla y Veracruz podrían estar implicados funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Entre ellos se menciona a Eduardo Hernández Dighero, ex delegado del Cisen en el estado de Chihuahua al inicio del sexenio del presidente Vicente Fox, cargo del que fue echado tras revelarse el espionaje al entonces gobernador priista Patricio Martínez, víctima de un atentado en Palacio de Gobierno.
Otro de los aludidos es el almirante retirado Wilfrido Marín, también funcionario del Cisen y quien presuntamente no dejó muy buenos antecedentes por el estado de Quintana Roo.
A ambos personajes, curiosamente, los relacionan con una polémica funcionaria de Los Pinos, una joven y guapa Mata-Hari de todas las confianzas del presidente Calderón, quien previamente ya había sido involucrada en los procesos internos del PAN para elegir candidatos a gobernadores en algunos de los 12 estados del país donde este 4 de julio habrá elecciones, entre ellos Veracruz.