Aunque la escalada de violencia en el estado de Durango está a cientos de kilómetros de Veracruz, pero no se descarta que ésta tuviera efectos políticos en el solar jarocho.
Y es que ahora que la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) pusieron al descubierto el bochornoso caso de los reclusos que de noche les permitían ejecutar su oficio de sicarios hasta ciudades como Torreón, Coahuila, salió a relucir un personaje que aunque no es veracruzano sí tuvo mucho que ver el sexenio pasado con el estado que gobernó Miguel Alemán Velazco (1998-2004).
Se trata del General de Brigada Valentín Romano López, actual secretario de Seguridad Pública de Durango, de quien dependen las cárceles de ese estado.
Este escándalo ha estallado en mala hora para algunos prominentes alemanistas que ya se autopromocionaban para presidir próximamente el CDE del PRI o para ser llamados al gabinete del recién declarado “Gobernador “Electo” de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, pero a los cuales les puede afectar la ominosa sombra de Romano López por la protección que le prodigaron al polémico militar durante la administración estatal anterior, no obstante su controversial pasado y los actos de presunta corrupción en los que se le implicó durante el régimen de Alemán.
En el 2002, por ejemplo, un ex policía ministerial de Veracruz involucrado en el tráfico de drogas y quien se acogió al programa de testigo protegido de la PGR aseguró, bajo el nombre clave de “Tango”, que Romano López, entonces subsecretario de Seguridad Pública en este estado, recibía dinero del Cártel de Juárez.“Al subsecretario de Seguridad Pública, General Valentín Romano López, el comandante (Oscar Pérez) Butrón –supervisor del Grupo de Fuerzas Especiales– y el comandante Rafael Ortega le entregan el dinero”, declaró “Tango” dentro del expediente 60/2002 que se integró contra el capo Albino Quintero Meraz, (a) “Don Beto”, el cual fue detenido por el Ejército Mexicano en mayo de 2002 en el puerto de Veracruz.
Quintero, para colmo, resultó ser vecino del gobernador Alemán en el fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río.El 8 de enero del 2003, el diario capitalino “Reforma” publicó que un reporte del Buró Federal de Investigaciones, (FBI), indicaba que el entonces líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, pagaba sobornos a autoridades policíacas veracruzanas, entre ellas a Romano López, a cambio de protección.Como subsecretario de Seguridad Pública de Veracruz también fue involucrado en presuntas irregularidades cometidas en la adquisición de chalecos antibalas, situación que fue investigada por la Contraloría General del Estado, a cargo entonces de Ricardo García Guzmán, actual presidente municipal de Pánuco, un renegado priista que en este proceso electoral se puso la chaqueta blanquiazul del PAN e hizo ganar a su hijo Ricardo García Escalante la diputación local aunque perdió esa importante alcaldía huasteca.En 1996, Romano López formó parte del grupo de militares que llegaron a hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) durante la Regencia del priista Óscar Espinosa Villarreal.Él se hizo cargo de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), una de las dos corporaciones de la SSPDF que brindan servicios de seguridad privada. Durante su desempeño en este cargo protagonizó un escándalo al pelearse con un chofer de un microbús tras haber tenido un incidente de tránsito y resistirse a ser detenido por policías preventivos que intentaron detenerlo.No obstante estos antecedentes, Valentín Romano fue designado subsecretario de Seguridad Pública en Veracruz, cargo que ejerció de diciembre de 1998 a noviembre de 2004.
En el 2007 Romano López fue designado coordinador de seguridad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo al que renunció a finales del año pasado. En enero de 2010 reapareció como secretario de Seguridad Pública de Durango, estado donde el arzobispo Héctor González ha denunciado públicamente la presencia impune de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la sierra noroeste de esa entidad.El pasado viernes 23, en un comunicado, el General de Brigada aseguró que hay una disposición por parte de la administración estatal del gobernador Ismael Hernández Deras de colaborar sin restricciones en la investigación que las autoridades federales realizan en torno al Centro de Reinserción Social número 2 de Durango y a la presunta relación de la directora del penal, Margarita Rojas, con sicarios que habrían cometido al menos tres masacres en Torreón. Romano López, quien asumió el cargo de secretario de Seguridad Pública el 23 de enero de este año, fue recientemente objeto de un atentado fallido. El 5 de junio, desconocidos balearon la camioneta en la que viajaba cuando salía de un club de tenis en la ciudad de Durango. El funcionario salió ileso. A ver si ahora, tras este escándalo, le sigue sonriendo la misma suerte, pues dicen que el gobernador Hernández Deras ha tachado de “traidores” a los colaboradores que tenían el control de los reclusorios estatales y que permitían a los sicarios salir de cacería nocturna.

justo homenaje

Este martes 27, en sesión solemne celebrada en un hotel de Boca del Río, la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas (CEDEP) entregó un reconocimiento al gobernador Fidel Herrera por su apoyo para la constitución y funcionamiento de este organismo autónomo creado por decreto en mayo de 2006 con el objetivo de “reconocer, defender, proteger, representar, asesorar, gestionar y promover los derechos e intereses de las personas que ejerzan actividades relacionadas con el periodismo en los medios de comunicación de la entidad veracruzana”.
Desde hace cuatro años la CEDEP, dirigida por el abogado Gerardo Perdomo Cueto, ha tratado de cumplir cabalmente con su función. Ahí están bien documentados los cerca de 200 casos que hasta la fecha ha atendido, de los cuales más de la mitad ha resuelto a favor de los comunicadores que han sido amenazados, agredidos, despedidos injustificadamente de sus centros de trabajo o que han requerido de asesoría legal para resolver problemas de tipo laboral o inclusive particulares y/o familiares.
La CEDEP es un organismo público descentralizado único de su tipo en todo el país.
Es una de las buenas herencias que deja la administración del gobernador Herrera pese a la crítica situación financiera que actualmente enfrenta, ya que en este ejercicio fiscal su presupuesto le fue recortado en un 60 % aproximadamente, pues de los 3 millones 200 mil pesos asignados en 2009, para este año sólo le habían autorizado un millón 500 mil pesos.