Es la misma práctica de siempre. Jugar con los nombres de los presuntos aspirantes a un cargo, cuando de antemano el gobernador Fidel Herrera y en este caso con la venia del gobernador electo, Javier Duarte de Ochoa, ya se decidió quien debe ser el nuevo líder estatal del PRI.
El chiste en la política es aparentar que existe una democracia y que será la persona elegida la que cuente con el apoyo de las mayorías.
La función de los jefes de Prensa, es filtrar a los periodistas que están subvencionados, las ternas que estarán en competencia para los cargos de los que pronto serán nombrados.
Con motivo del serio descalabro que sufrió el PRI veracruzano en las pasadas elecciones, la salida de Jorge Carvallo Delfín era más que inminente.
No es el único culpable, no hay que perder de vista que el recibe órdenes. Que en algunos pocos casos Carvallo Delfín, buscara alguna recompensa como una compensación para satisfacer la ambición de algunos políticos, pues de acuerdo a la costumbre, no pudo evitar que también pecara.
Los tiempos estaban dados así que lanzaron al diputado priísta, Dalos Ulises Rodríguez Vargas, para que mencionara a los políticos Ranulfo Márquez y los legisladores Héctor Yunes Landa, José Yunes Zorrilla y Raúl Zarrabal, como los futuros sucesores en la presidencia estatal del PRI.
De antemano existe el compromiso formal para que Héctor Yunes Landa asuma ese cargo y le sirva de plataforma para buscar la senaduría en el 2012. Lo demás son simples juegos pirotécnicos.

La crema de la sociedad

Con la captura de los últimos capos de la droga en México quedó establecido que las guaridas se encuentran en los fraccionamientos de lujo, como el caso del Jefe de jefes, Guzmán Leyva en la ciudad de Cuernavaca y ahora con la muerte de Ignacio Coronel, el segundo del Chapo Guzmán, que vivía en la zona VIP más exclusiva de Guadalajara. El fraccionamiento Colinas de san Javier, donde las residencias tienen un precio promedio de 40 millones de pesos. Se codeaba con la crema y nata de la sociedad tapatía.

Los mexicanos de cuarta

Con el fin de evitar que la alta burocracia se jubile con altos salarios que afectan seriamente los presupuestos federales, la Suprema Corte de Justicia, estableció que aquellos que tienen pensiones de acuerdo con la ley de 1997 del Instituto Mexicano del Seguro Social se les puso un tope de 10 salarios mínimos. Una cifra cercana a los 20 mil pesos mensuales.
A la mayoría de los pensionados del IMSS, las jubilaciones no llegan a los dos mil pesos mensuales.
La Secretaría de Hacienda había fijado como límite 25 salarios mínimos. Pero su titular, el presidenciable Ernesto Cordero Arroyo, indicó que el gobierno federal es “muy respetuoso” de las decisiones que tome el Poder Judicial.
Los ministros de la Corte aclararon que en ningún momento se está recortando las pensiones de los trabajadores.
Lo que siempre ha existido es la desigualdad de los sueldos y prestaciones que devengan los funcionarios, en relación con la gran mayoría de los servidores públicos.
Los mexicanos de primera y los de tercera.