Este miércoles 26 de mayo se cumplirá un año de aquél inédito operativo ejecutado por el Ejército y las fuerzas federales en Michoacán en contra de una treintena de alcaldes, funcionarios estatales y empresarios locales, a quienes les imputaban nexos con el crimen organizado, principalmente con el cártel de la Familia Michoacana.
En opinión de la dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano, este operativo “se trató de una acción político electoral con la que el PAN –el partido del presidente Felipe Calderón, nativo de esa entidad– intentaba ganar votos en Michoacán”.
Pero esta acción, conocida como el “michoacanazo”, de nada le sirvió al PAN, pues fue barrido electoralmente por los candidatos del PRD, entre ellos por Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, al cual un juez federal le concedió hace apenas dos meses un amparo por considerar que no hay elementos suficientes para dictar una orden de aprehensión por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
El pasado viernes 7 de mayo, al ritmo de “Juan Colorado” entonado por una banda de viento, fue reinstalado en la presidencia municipal de Apatzingán Genaro Guízar Valencia, uno de los 12 alcaldes detenidos hace un año también por supuestos vínculos con el crimen organizado. El edil de Apatzingán es el noveno liberado desde septiembre de 2009 hasta el momento por falta de pruebas.
El último funcionario michoacano exculpado por este caso fue Ricardo Rubí Bustamante, quien salió de prisión hace doce días. Rubí, un empresario que fungía como director del programa “Sí Financia” de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, es el décimo noveno absuelto de los 27 ediles, funcionarios estatales y empresarios purépechas implicados en el “michoacanazo”, ejecutado 40 días antes de las elecciones federales del 5 de julio de 2009.
Entrevistado el pasado 13 de mayo, luego de inaugurar el Congreso Rotario Nacional sobre Desarrollo Humano, el gobernador Godoy celebró que Rubí Bustamante haya dejado un día antes el Cereso de Mil Cumbres, y planteó que se deben revisar más detenidamente las figuras de arraigo y testigos protegidos porque así no sirven a la procuración de justicia. “Yo creo que se han agotado, está muy claro que (…) deben de desaparecer en nuestro país, no sólo por ser anticonstitucionales y que incluso las Naciones Unidas las han condenado, sino por su ineficacia, que no ayudan a que haya un combate verdadero contra la inseguridad…”Godoy puntualizó que ambas figuras han demostrado que no sirven ni contribuyen a la necesidad de combatir a la delincuencia en México; por el contrario, dijo, en algunos casos pueden vulnerar los derechos de personas inocentes. “Hemos dicho que ellos, los que no sean responsables, merecen una disculpa pública, lo dijimos desde el mismo 26 de mayo (de 2009). No con esto estamos diciendo que no exista delincuencia en Michoacán, claro que la hay, pero ésta debe combatirse con la constitución en la mano. Yo mismo estoy esperando la disculpa pública por la entrada anticonstitucional a Palacio de Gobierno”.

El mandatario michoacano concluyó que los argumentos sobre este impactante operativo policiaco-militar se están agotando, y que el hecho de que hasta ahora “hayan obtenido la libertad 19 de 26 me parece que es un signo claro del grave error que se cometió.”
Por su parte, la dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís, expresó que la liberación de la mayoría de los ediles y funcionarios detenidos el 26 de mayo de 2009 también “pone a Michoacán en el centro del debate nacional por el uso político que se le da a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República. Ese es el debate”.
“Nos parece que con la liberación de la mayoría se acredita lo que estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 072 que está dirigida al procurador Arturo Chávez Chávez y al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en la cual se acreditan violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, seguridad jurídica y a la presunción de inocencia, entre otras cosas”, expuso Alanís Sámano, quien puntualizó que incluso “la mayoría de los detenidos estuvo entre 11 y 14 horas sin conocerse su paradero, sin ponerse a disposición de la autoridad ministerial, esto en violación a los derechos humanos según el marco legislativo en México y tratados internacionales”.
Además, tal como lo apuntó el gobernador Godoy, la lideresa del PRD en Michoacán aseguró que también hubo violación “a la soberanía del estado con la detención de Juan Gaona Gómez en la sede de gobierno. Así lo acredita la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
Alanís resume que “eso nos da la razón de que se trató de una acción político-electoral con la que se intentaba ganar votos en Michoacán y nos pone en alerta de que en el futuro no podemos permitir que se cometan actos como este y se actúe con tanta impunidad.”
¿Qué tanto incidirá este pésimo antecedente en el proceso electoral de Veracruz? Ya se verá en unas semanas más, pues se sabe que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR, tiene listas 22 órdenes de presentación contra 7 funcionarios estatales y 15 empresarios afines al gobierno de la Fidelidad, los cuales son investigados por presuntos nexos con el narcotráfico.

Entre ellos, según trascendió, estarían incluidos el secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar, considerado como uno de los principales operadores político-electorales del priismo en la entidad, y un editor de uno de los principales diarios de la capital veracruzana que desde 1994 mantiene un fuerte pleito personal con el candidato del PAN a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares, al cual el ex priista le habría revivido una denuncia que por presunto lavado de dinero otro editor periodístico presentó en su contra el sexenio pasado ante la PGR.

Supuestamente, el Ministerio Público federal estaba por hacer efectivas hace un par de semanas las 22 órdenes de presentación; sin embargo se supo que de última hora habrían sido frenadas para evitar todo tipo de sospechas y versiones de que el proceso electoral veracruzano se estaba judicializando, lo que de ninguna manera significa que después de los comicios del 4 de julio próximo no se vayan a cumplimentar.

Ello, obviamente, significa un duro revés para el candidato panista Yunes Linares, quien, según se sabe, estaría presionando al titular de la PGR, Arturo Chávez, para que hiciera efectivas las órdenes de presentación en contra funcionarios, editores periodísticos y empresarios aliados del gobernador Fidel Herrera y de su “delfín” Javier Duarte de Ochoa.

Habrá que ver si el ex director del ISSSTE no logra salirse con la suya antes de las elecciones, pues él está realmente convencido de que a diferencia de Michoacán, éste sí sería mediática y políticamente un golpe demoledor contra el priismo y el candidato fidelista, que a 41 días de las votaciones le saca casi 20 puntos de ventaja en las preferencias electorales, según encuestas publicadas por los diarios capitalinos Milenio y El Universal.

¿Habrá convencido el sábado anterior al presidente Calderón de la efectividad de esta artimaña judicial? Hay quienes lo dudan, pues hasta ahora no ha podido imponer como delegado de la PGR en Veracruz a su incondicional José Luis Lagunes López, famoso por la apertura de los sobres lacrados que advertían de la presunta “guerra sucia” que desde Palacio de Gobierno desplegarían en contra de su jefe Yunes Linares.

Además, el gobernador Herrera le ganó el brinco al organizarles al Ejército y al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, un homenaje del pueblo veracruzano por su lucha contra el narcotráfico, el cual culminará después de las elecciones con la colocación de letras de oro en el recinto oficial de Congreso del estado.