La Gerencia Regional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha desmentido que esta paraestatal pretenda construir seis presas hidroeléctricas en la cuenca del río La Antigua, proyecto que ha puesto en alerta a organizaciones civiles y pobladores de por lo menos media docena de municipios –Coatepec, Apazapan, Jalcomulco, Tlaltetela, Cosautlán de Carvajal y Teocelo– que resentirían el impacto ambiental y los efectos económicos y sociales de estas mega construcciones.
Sin embargo, el vocero de la CFE en la zona Veracruz-Oriente, Luciano Constantino, declaró a un diario local que sí tiene conocimiento de que una empresa privada llamada “Grupo México” está realizando estudios de impacto ambiental para conocer la factibilidad de construir dichas hidroeléctricas en esta región.
Por su parte, Alejandra Estrada, integrante del comité “Un río de gente defiende una cuenca de vida” –cuyo activismo se ha observado más en Jalcomulco, cuya economía de la cabecera municipal depende en buena parte del ecoturismo desarrollado sobre el río Los Pescados– detalló que el proyecto que presuntamente trae “Grupo México” comprende media docena de represas con cortinas de hasta 23 metros de altura. Y aclaró que esto no es invento de ellos, pues los datos de cuatro de los seis proyectos se los proporcionaron verbalmente técnicos de la empresa que está realizando los trabajos de prefactibilidad.
El doctor Mario Gómez Ramírez, del Colegio de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en su estudio denominado “Las presas hidroeléctricas, un reto para la sustentabilidad de las cuencas en México”, refiere que el fracasado Plan Puebla-Panamá, impulsado por el gobierno federal en el sexenio anterior, preveía la construcción de 330 presas, de las cuales 52, el 16 por ciento, corresponderían a los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, las cuales afectarían alrededor de 170 ríos y sus respectivos ecosistemas, especies de plantas, animales y peces únicos en el mundo.
Patrick McCully, director de la Red Internacional de Ríos, desde hace seis años advertía precisamente que encabezado por el Banco Mundial, un grupo trasnacional que impulsa las represas “está llegando a México con la intención de presionar por un agresivo resurgimiento de inversiones en megaproyectos hídricos”. Sostenía que las grandes represas y trasvases de agua ayudan a que los bancos de desarrollo desembolsen enormes préstamos. “Estas tremendas obras dan prestigio a los políticos y a la burocracia de los ministerios de recursos hídricos y pueden dar grandes beneficios económicos a las empresas de ingeniería y construcción.
Pero no podrán aportar sustancialmente a cubrir las necesidades de la gente más pobre del mundo en materia de agua, alimentos y energía”, concluía McCully.
Y ciertamente el establecimiento de las presas hidroeléctricas en la República Mexicana como las que se localizan en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, entre otras, en general no han dejado experiencias favorables en el manejo integral de los recursos naturales y el aprovechamiento en beneficio de la población, sobre todo en las zonas afectadas en el área de embalse como en el área de influencia.
Por esa razón, en México la construcción de presas y plantas hidroeléctricas en varias partes del país no ha sido bien recibida por pobladores locales y algunas organizaciones civiles.
Y por esta oposición es que pareciera ser que ahora la CFE está proponiendo presas más pequeñas, ya que, según la paraestatal, el país tiene potencial para generar 42.000 MW a partir de fuentes hidroeléctricas. En enero de 2001, la CFE informó que durante ese sexenio se llevaría a cabo la construcción de tres plantas hidroeléctricas: El Cajón en Nayarit, Copainala en Chiapas y La Parota en Guerrero, cada una con una capacidad cercana a mil 200 megavatios. Un mes anterior, en diciembre de 2000, la CFE dijo que entre 2001 y 2005 invertiría 6 mil 600 millones de dólares en la construcción y puesta en marcha de 27 centrales hidroeléctricas, lo que aumentaría en 10.837 megavatios la capacidad de generación y permitiría garantizar el abasto.
A Veracruz, Chiapas y Guerrero corresponde más del 85% de la capacidad instalada de energía eléctrica (hidroeléctrica y petróleo) de la región sur-sureste, la cual representa un poco más de la tercera parte de la capacidad total instalada para la generación de energía eléctrica del país.
Desde el sexenio anterior, la CFE ha venido negociando acuerdos con comunidades locales antes de iniciar la construcción o incluso solicitar la aprobación de fondos federales para financiar dichos proyectos. Según versiones extraoficiales, la paraestatal ofrecería ahora construir escuelas, hospitales e instalaciones deportivas, así como también pavimentar caminos, para ganar el apoyo de las comunidades para los proyectos hidroeléctricos.
Ante el fracaso de mega proyectos como el binacional que en el año 2002 México pretendía realizar conjuntamente con Guatemala en la zona Boca del Cerro, ahora la CFE ha optado por impulsar construcciones hidroeléctricas de pequeña envergadura como la del río Santiago, en Nayarit, que según la opinión de algunos expertos “va en contra del espíritu del Plan Puebla-Panamá”.
Para el doctor Gómez Ramírez, de la UNAM, en la cuestión social la problemática es heterogénea con relación al establecimiento de la mayoría de represas, las cuales se encuentran por lo general en “territorios indígenas y campesinos, cuyas comunidades que mantienen actividades primarias de autoconsumo y autosubsistencia han sido histórica y estructuralmente excluidas en lo económico, en lo social y en lo político”.
Para este especialista, “la construcción y operación de estas obras de infraestructura hidráulica, ratifica y profundiza esta exclusión, discriminación e inequidad, dado que las comunidades afectadas, lejos de ser consultadas e informadas con seriedad y honestidad, normalmente son objeto de desalojo y expulsión violenta, mediante el uso de la fuerza policíaca y militar, como ocurrió entre 1950-1970: Temazcal, Malpaso e Infiernillo. O, en el mejor de los casos, los indígenas y campesinos afectados se han visto presionados y engañados por el gobierno, bajo falsas promesas de indemnización y reparación de daños (caso Cerro de Oro, en Uxpanapa)”.
Y resume que este tipo de manejos tramposos continúan utilizándose en México en pleno siglo XXI por los gobiernos de corte y visión neoliberal, que conllevan al endeudamiento del país con los organismos internacionales como es el Banco Mundial, deuda que el pueblo tendrá que saldar por varias generaciones. “También, los actos de abuso de autoridad y poder siguen vigentes por parte de las autoridades y de la institución como es la Comisión Federal de Electricidad que se encarga del manejo de la energía, la cual continúa manejándose con falacias en las negociaciones con las poblaciones afectadas y violándose sus derechos humanos”, como ocurrió –dice– con el proyecto de la presa “La Parota” en el estado de Guerrero.
¿Estará ocurriendo lo mismo ahora en Veracruz, pese a la rotunda negativa del vocero de la Gerencia Regional de la CFE?
El asunto no es menor, pues algunos estudios científicos aseguran que las represas y los trasvases (desviaciones del caudal de un río de su cauce natural) son la principal razón de que 33% de las especies de peces de agua dulce del mundo se hayan extinguido, estén en peligro de extinción o sean vulnerables. Además, un significativo pero desconocido porcentaje de mariscos, anfibios y especies de plantas y aves que dependen del hábitat de agua dulce también están extintos o en peligro de extinción. Y es que el agua acumulada en las presas tiende a enfriarse, y al ser descargada río abajo, la diferencia de temperatura mata algunas especies de peces y a toda la biodiversidad que depende de las inundaciones naturales.
Así mismo, esto desplaza y elimina a animales de los ecosistemas, extingue humedales, fuentes subterráneas de agua, bosques únicos y perjudica la fertilidad de las tierras, por los sedimentos naturales que ya no llegan.
El almacenamiento de las aguas también causa otros problemas. Las represas, por ejemplo, emiten gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, pues la descomposición y putrefacción de la biomasa emite grandes volúmenes de dióxido de carbono y de metano, los dos gases del efecto invernadero más importantes.
Por otro lado, el río arrastra más sedimentos orgánicos al embalse, lo que aumenta la biomasa en putrefacción. Las represas poco profundas en zonas tropicales cálidas tienen más probabilidad de ser emisoras importantes de gases de efecto invernadero que las profundas en zonas boreales. Así mismo, las emisiones de los embalses representan entre 1% y 28% del potencial de calentamiento global de las emisiones de gases de efecto invernadero.