Después de realizarse los dos años anteriores en Boca del Río, este 24 y 25 de mayo se efectuará en Xalapa un congreso internacional sobre explotación sexual infantil y pederastia, un tema que seguramente ha de incomodar a Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN a la gubernatura del estado, por los señalamientos públicos que se han hecho en su contra por sus presuntos nexos con la red de pederastas que encabezaba Jean Succar Kuri, actualmente recluido en el penal municipal de Cancún.
Por eso ayer, Esmeralda Domínguez Verónica, titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, del Sistema Estatal del DIF, consideró pertinente aclarar a la prensa que se trata de un evento académico de altísimo nivel y que no es para abono a la “guerra sucia” en contra de ninguno de los actores del proceso electoral en marcha.
La funcionaria del DIF-Veracruz aseguró que sólo se trata de informar y orientar sobre los delitos que victimizan a niños y niñas, y que ninguno de los investigadores asistentes ni las instituciones académicas que representan se prestarían para ningún juego sucio de corte electoral.
Ni modo que por no incomodar a Yunes Linares –mencionado repetidas veces en “Los Demonios del Edén” y otros libros de la periodista Lidya Cacho Ribeiro–, este congreso sobre el deleznable delito de corrupción y abuso sexual contra menores se tuviera que posponer hasta después del 4 de julio, la fecha de la elección.
Y es que el de la pederastia es un tema bastante actual, dados los escándalos que hoy están sacudiendo las estructuras de instituciones tan sólidas como la de la Iglesia Católica. Al caso del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, están por ventilarse los de 65 sacerdotes mexicanos más, incluido el mismo cardenal Norberto Rivera Carrera, a quien se le ha acusado en un tribunal de Los Ángeles, California, por presunto encubrimiento del presbítero pederasta Nicolás Aguilar, a quien ahora se pretende acusar en cortes internacionales por “violación agravada de derechos humanos”, según lo anunciado por la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual de Sacerdotes.
La denuncia por encubrimiento de pederastas ha alcanzado inclusive a personajes muy cercanos al Papa Benedicto XVI, cuyo hermano George Ratzinger ha sido involucrado porque entre 1964 y 1994 fue director musical de la Escuela del Coro de la Catedral de Ratisbona, al sur de Alemania, donde recientemente se informó que hubo dos sacerdotes condenados por este delito.
Según algunas versiones periodísticas, ante esta satanización de la Iglesia Católica sus jerarcas en México estarían por reaccionar y desplegar a su vez una campaña en contra de los políticos pederastas, a los cuales buscarían exhibir y denunciar, ya que para la cúpula eclesiástica cada vez está más claro que las motivaciones de estas denuncias no solamente son “cuestiones éticas o de intereses económicos”, sino ante todo políticas. El sábado 17 de abril, por ejemplo, el cardenal y arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, durante la misa celebrada en el Santuario de los Mártires de la capital tapatía, después de defender al Papa Benedicto XVI indicó que las críticas “son encabezadas por jefes políticos quienes se ven afectados por la Iglesia… La Iglesia pisa muchos callos”, dijo.
Al día siguiente, en la homilía dominical, el cardenal Norberto Rivera denunció también el intento de “linchamiento social contra la Iglesia, sin derecho a juicio, sin posibilidad de réplica, sin distinguir en absoluto a culpables o inocentes”.
La Conferencia del Espiscopado Mexicano, según ha trascendido, estaría por emprender acciones como señalar, denunciar y demandar castigo a los “políticos pederastas”, que no sólo no han sido molestados ni con “el pétalo de una averiguación previa”, sino que siguen “tan campantes en sus carreras políticas”.
¿Llegará esta campaña clerical a Veracruz antes del 4 de julio próximo?

ACLARACIÓN
En respuesta a lo publicado ayer en este mismo espacio periodístico, acerca de la supuesta averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDORPIFAM/185/2010 que por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero habría iniciado la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en contra de una veintena de funcionarios y ex funcionarios estatales y federales del estado de Hidalgo a los cuales se les ha querido vincular con el grupo criminal de “Los Zetas” –según denuncia presentada el 11 de marzo pasado por el denominado “Grupo Ciudadano Hidalguense” ante la Procuraduría General de la República–, el vocal ejecutivo de la Junta Local del IFE, Hugo García Cornejo, nos pide muy amablemente hacer las siguientes precisiones:
Primero, asegura que “no existe ninguna denuncia penal ante la SIEDO en la que se involucre a mi persona”. Y refiere que “eso lo afirmó el Gobierno Federal a través de un comunicado de la Secretaría de Gobernación publicado en la revista “Proceso” (No. 1746, de fecha 18 de abril de 2010).”
También afirma “que es falso que yo haya sido ‘levantado’ por algunas horas por hacerme pasar por supuesto miembro del crimen organizado.” Sin embargo, el delegado del IFE en Veracruz expresa que “es muy lamentable que después de haber sufrido una agresión a mi persona, ahora se me quiera ver a mí como culpable de la misma. Es como si a una mujer que violaran, después se le diga que ella tuvo la culpa porque con su forma de vestir incitó sexualmente al agresor”.
Y finalmente concluye que “es evidente que los ataques que he sufrido, arteros y con pretensiones infamantes, se deben a que en mi trabajo se atienden intereses políticamente importantes. Pero en ese sentido llamó la atención en el hecho de que no he recibido ningún señalamiento como tal. Sino que han recurrido a infundios y caluminas para intentar desprestigiarme”.
Además pone énfasis en los comunicados emitidos por el IFE en los que avala su trayectorial dentro del Servicio Profesional Electoral durante 18 años ininterrumpidos.
Sin embargo, el reportero del semanario “Proceso”, Ricardo Ravelo, sostiene que la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDORPIFAM/185/2010 sí existe y que, por lo tanto, la investigación en contra de las autoridades hidalguenses es una realidad. Además, el periodista de origen veracruzano señala que “a diferencia de lo que ordinariamente ocurre con otras averiguaciones, por razones que se desconocen dicha indagatoria, según pudo confirmar ‘Proceso’, no ha sido registrada en el Libro de Gobierno, por lo que la investigación se mantiene en la más absoluta reserva”.
Eso sí, García Cornejo no hizo ninguna mención a su presunta relación con José Alberto Rodríguez Calderón –uno de los principales funcionarios hidalguenses señalados en la denuncia como presunto protector de Los Zetas–, con el cual el vocal ejecutivo del IFE en Veracruz habría coincidido primero en Durango donde aquel se desempeñó como delegado estatal de la PGR, y luego en Hidalgo donde actualmente despacha como procurador general de Justicia del Estado.