El voto de castigo que favoreció a MORENA en la elección de Presidente de la República y gobernador de Veracruz fue un claro mensaje del electorado de que está harto de políticos y gobernantes corruptos, inútiles y simuladores.

El gobernador Miguel Ángel Yunes y su hijo perdieron porque ninguno quiso aceptar las señales inequívocas de una ciudadanía lastimada por las anteriores administraciones priistas pero también decepcionada por el engaño de un gobierno de alternancia que en 2016 le había ofrecido un “cambio” radical y que hasta la fecha no ha cumplido cabalmente con las expectativas que generó: la inseguridad se disparó; los empleos disminuyeron; no se ha recuperado ni la décima parte de lo que saqueó la banda del ex gobernador Javier Duarte, cuyos ex colaboradores cómplices terminaron aliándose con el yunismo azul; la deuda pública aumentó, y los desvíos millonarios del erario estatal continuaron para financiar campañas electorales, como la de su primogénito, aunque ayer el mandatario lo negó.

¿Cómo suponía Yunes que, con estos decepcionantes resultados, el electorado veracruzano le iba a extender otro cheque en blanco para instalar una monarquía que de menos pretendía reinar en la entidad hasta el año 2030?

Los votantes no eligieron al candidato con mayor experiencia, trayectoria y oficio político, pero tampoco accedieron al capricho nepotista del gobernador.

Hasta ahora se desconoce con quiénes gobernará Cuitláhuac García los próximos seis años a Veracruz, lo que no es un asunto menor dada la complicada situación en que le entregará Yunes la administración. Pero afortunadamente para el morenista, se supone que contará con el apoyo político y financiero del próximo Presidente de la República que es de su mismo partido. Además de que tendrá el respaldo del Congreso local debido al número mayoritario de diputaciones que conformarán la próxima bancada de MORENA, la que, de entrada, deberá exigirle al gobernador saliente que realmente rinda cuentas y no que siga contando cuentos como hasta ahora ha hecho con la dócil Legislatura que actualmente dominan y controlan sus diputados cómplices y corruptos del PAN-PRD.

Y es que muy aparte de que Yunes está obligado constitucionalmente a informar cada año al Poder Legislativo acerca del estado que guarda su administración, hay otro asunto que él ha manejado de manera discrecional, al que parcialmente le ha ido dando resonancia mediática pero sólo para sacarle raja electoral: el del llamado “vómito negro”, esto es, los

recursos y propiedades que han entregado algunos ex funcionarios duartistas a cambio de no ser encarcelados o de que les reduzcan las penalidades en los juicios que actualmente enfrentan.

Porque corren versiones de que varios habrían entregado cantidades millonarias para la campaña del hijo del gobernador y, otros, mansiones que no habrían sido incorporados al patrimonio del estado.

¿Con el nuevo gobierno de MORENA sabremos realmente la verdad? ¿Yunes esperará hasta el final o solicitará licencia antes de entregarle el poder a Cuitláhuac, como Duarte lo hizo en octubre de 2016?